El presidente de Francia, Emmanuel Macron, saluda a Mohamed VI, rey de Marruecos. Efe
Francia está vulnerando el Derecho Internacional
El motivo por el que se ha denegado el asilo a la pareja de youtubers refugiados parece ser el temor de Francia a deteriorar su relación con el poderoso Marruecos.
En los últimos años nos hemos familiarizado con el término "refugiado" por su uso frecuente en los medios de comunicación. Pero ¿qué es un "refugiado" exactamente?
En pocas palabras, según la Convención de Ginebra de 1951, un refugiado es una persona que se ve obligada a huir de su país porque sufre una violación grave de derechos humanos por motivos étnicos, religiosos, de opinión política o de pertenencia a un grupo minoritario y su Estado se niega a protegerla, o bien son las propias autoridades de su país quienes la persiguen.
Dounia y Adnane Filali, pareja de periodistas marroquíes perseguidos por el régimen.
Dounia y Adnane Filali, una pareja marroquí de periodistas youtubers, responden perfectamente a esta definición. Tanto que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) los reconoció como refugiados porque, debido a sus opiniones políticas críticas con el régimen de Mohamed VI, se vieron forzados a abandonar Marruecos.
Aterrizaron en China, donde no les fue demasiado bien, dado que fueron víctimas de una agresión policial en su domicilio. Por eso, huyeron a Francia con la ilusión de que el Gobierno francés le mantuviera el mismo estatuto de refugiado que le había reconocido ACNUR.
Sin embargo, el Gobierno francés les denegó la protección solicitada sin ni siquiera oírlos. Por eso, y al margen de la acusación de antisemitismo contra la pareja formulada por la asociación Bureau national de vigilance contre l’antisemitisme, el motivo de la denegación del asilo parece haber sido el temor de Francia a deteriorar su relación con Marruecos. Un país cuyo poder energético y geoestratégico hace temblar a las democracias europeas.
El mismo temor que debió llevar al presidente Sánchez a reconocer la autoridad de Marruecos sobre el Sáhara Occidental el año pasado, contradiciendo todas las resoluciones de la ONU y al propio Congreso. Seguramente, la misma razón política tuvo el gobierno de Rajoy cuando expulsó a treinta solicitantes de protección saharauis en 2014, que le valió a España una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso A.C. y otros c. España).
Si bien en la Unión Europea la concesión del estatuto de refugiado corresponde a los Estados miembros, existen unas normas mínimas que las autoridades nacionales deben cumplir. Así, según las Directivas de Reconocimiento (2011/95/UE) y de Procedimientos de Asilo (2013/32/UE), la policía o administración pertinente está obligada a examinar la solicitud de la persona interesada.
"Las autoridades francesas ignoraron informes según los cuales los periodistas independientes en Marruecos 'sufren presiones constantes'"
En este examen, la autoridad deberá no sólo escuchar la versión de los hechos del solicitante, valorando su credibilidad, sino también recabar la información disponible sobre el país de origen, para contrastar la historia individual con la situación general de los derechos humanos en ese país.
Francia, que tiene desarrolladas estas Directivas en su legislación nacional, no ha cumplido con ninguna de estas obligaciones. Por un lado, la decisión de denegar la protección se tomó antes de entrevistar a la pareja de periodistas. Y, por otro, las autoridades francesas ignoraron no solo la opinión de ACNUR, sino también informes relevantes como el Press Freedom Index, según el cual los periodistas independientes en Marruecos "sufren presiones constantes".
Además, si se deniega el estatuto de refugiado, el solicitante tiene derecho a interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional, así como a obtener asistencia jurídica gratuita. Por su parte, la Directiva sobre Condiciones de Acogida (2013/33/UE) obliga a los Estados a garantizar a los solicitantes alojamiento y un mínimo de asistencia social, así como un permiso de trabajo, mientras se resuelve su solicitud. Dounia y Adnane, sin embargo, se vieron privados de todos estos derechos.
Por último, el hecho de que el gobierno francés difundiera entre las comisarías un informe de la policía marroquí (presuntamente advirtiendo a Francia de que no concediera la protección) atenta contra la razón de ser de la Convención de Refugiados, que es precisamente crear un muro de contención entre el refugiado y el Estado que lo persigue.
La pareja de youtubers no se ha quedado impasible y ha iniciado una huelga de hambre para presionar al gobierno francés, afirmando que no pararán hasta que no se les garanticen sus derechos como refugiados. Mientras tanto, solicitan ayuda a la comunidad internacional para reinstalarse en un país seguro.
Teniendo en cuenta la creciente dependencia de Europa de la energía, servicios de seguridad y de control fronterizo marroquíes, cabe preguntarse si algún Estado se atreverá a acogerlos. En vista de la reacción de Marruecos cuando España hospitalizó al líder del Frente Polisario en 2021, es improbable que el gobierno español sea el primero en responder a esta llamada.
*** Juan Ruiz Ramos es profesor de Derecho Internacional Público (FPU) en la Universidad de Granada.
