Junts exigió ayer martes, a cambio de los siete votos que Pedro Sánchez necesita hoy miércoles para la aprobación en el Congreso de los Diputados de sus tres decretos anticrisis, la imposición de multas a las empresas que se marcharon de Cataluña por el procés y que no han vuelto aún a la región. 

La exigencia fue planteada por el portavoz de Junts, Xavier Rius, durante una entrevista con la delegación de la cadena SER en Cataluña.

Aunque Rius tuvo la prudencia de desvincular su petición de la aprobación o no de los tres decretos anticrisis, es obvio que ese era el pago que los de Junts esperan obtener a cambio de sus siete votos en el Congreso de los Diputados. 

Las reacciones no se hicieron esperar. Foment del Treball, la patronal catalana, se opuso a la medida. "Como ya ha dicho varias veces el presidente Josep Sánchez Llibre, Foment rechaza que la vuelta de las empresas se base en sanciones o incentivos". 

También el gobierno autonómico catalán, en manos de ERC, rechazó ayer lo que no puede ser interpretado de otra manera que como un chantaje de Junts.

Según los republicanos, incentivar a las empresas que se marcharon de Cataluña supondría un "agravio" para las que se quedaron. ERC también pidió a Junts "no gesticular" y aprobar sin más unos decretos "que son necesarios para Cataluña". 

El Gobierno evitó por su parte oponerse frontalmente a las sanciones y se movió en la ambigüedad para no alienar a sus socios parlamentarios. Pero repitió una y otra vez el término "seguridad jurídica", evidenciando que la petición de Junts puede ser bastante más difícil de vehicular jurídicamente de lo que piensan los de Carles Puigdemont.

No deja de ser paradójico, en cualquier caso, que la por otra parte impecable alusión a la seguridad jurídica salga de un Gobierno que ha negociado en el extranjero con un prófugo de la Justicia la amnistía de todos sus delitos, incluidos los de malversación de fondos públicos.  

La realidad es que la vía de las sanciones, un intervencionismo estatal inaceptable que castigaría a miles de compañías españolas por una decisión adoptada al amparo de la libertad de empresa, y que beneficiaría a una comunidad en detrimento de otras, sería vetada de inmediato por la UE. 

La vía de los incentivos tiene por su parte la oposición de ERC, que, con buen criterio, cree que eso supondría un agravio comparativo frente a las empresas que decidieron quedarse en Cataluña. 

Junts pretende, en fin, una 'inmersión obligatoria empresarial' que fuerce a miles de empresas españolas a reinstalarse en Cataluña, quieran o no, beneficie o perjudique a sus intereses, bajo la amenaza de sanciones o con el incentivo de los beneficios fiscales. Una petición no sólo inviable, sino cínica si se tiene en cuenta que Junts fue, junto con ERC, el principal responsable de la salida de esas 8.000 empresas de Cataluña.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo ayer que "la mejor receta para que las empresas vuelvan a Cataluña es que haya seguridad jurídica". EL ESPAÑOL coincide plenamente con la tesis del número uno de la patronal. 

Esa, y no otra, es la mejor receta posible para que las empresas vuelvan a Cataluña: la seguridad, no sólo jurídica, sino también política, de que los partidos independentistas no volverán a alzarse contra el orden constitucional como hicieron en septiembre y octubre de 2017.

Sin esa seguridad, que es imposible mientras Junts y ERC continúen obcecados en la vía de la independencia, las empresas no volverán a Cataluña. ¿Está el independentismo catalán dispuesto a renunciar a nuevas intentonas golpistas y a retornar a la senda de la democracia, el Estado de derecho y la Constitución?

Si la respuesta es "no", cualquier otra consideración sobra.