El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en el campo de golf Trump Turnberry, en South Ayrshire.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en el campo de golf Trump Turnberry, en South Ayrshire. Europa Press / Chris Furlong / PA Wire

Tecnología

Trump congela su intento de controlar la IA en Estados Unidos a nivel estatal

La orden ejecutiva que buscaba anular por completo el marco legislativo de los estados de EE.UU para con la inteligencia artificial no ha salido adelante.

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En España nos hicimos eco de la petición de Donald Trump de aplicar un estándar legislativo federal sobre la IA, evitando la creación de leyes a nivel estatales respecto a la inteligencia artificial. Poco después, se filtró la orden ejecutiva que Trump planeaba aprobar para hacer esto realidad.

Finalmente, no ha ocurrido. Según recoge Reuters, la Casa Blanca ha paralizado completamente esta orden ejecutiva que daba al ejecutivo federal plenos poderes sobre la regulación de la inteligencia artificial, en un estrambótico comunicado lleno de contradicciones.

El borrador, que se había filtrado previamente, habría causado consternación entre las esferas políticas pertenecientes a los estados afectados, explica la agencia de noticias citando fuentes internas.

Adiós a la orden ejecutiva de la IA

El cronograma de eventos se dibuja así. El 19 de noviembre, Donald Trump lanza un órdago al marco legislativo de la IA en un plano estatal. En su red social, el presidente calificó estas leyes estatales "regímenes regulatorios estatales".

En su misiva, el magnate criticaba enormemente este marco asegurando que frenaba completamente la innovación en una tecnología que era clave para la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China. Hasta deslizó la idea de incluir esta medida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).

El presidente estadounidense Donald J Trump en el Despacho Oval

El presidente estadounidense Donald J Trump en el Despacho Oval Europa Press Europa Press La Casa Blanca

Horas después, el 20 de noviembre, The Verge y Reuters informaron sobre la supuesta orden ejecutiva que llevaría esta idea a la realidad. El texto, repleto de desvaríos ya refutados por los agentes más importantes de la IA, establecía la imposición de estas leyes federales.

Pedía la absoluta libertad de operabilidad para las empresas de IA estadounidenses que no tuvieran que pasar por "regulaciones excesivamente engorrosas", cargando contra los 1.000 proyectos de ley de IA estatales que amenazaban con "socavar esta cultura innovadora".

También abría la puerta a la creación de un Grupo de Trabajo sobre Litigios de IA de la mano del Fiscal General Pam Bondi para impugnar las leyes estatales de IA aprobadas o en proceso de aprobación por parte de los estados.

Todo ello después de que las grandes empresas de inteligencia artificial tales como OpenAI o Google presionaran poderosamente al gobierno de Trump para que se pusiera freno a esta legislación estatal, asegurando que frenaban la innovación.

OpenAI

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La noticia sobre esta orden ejecutiva ha causado todo tipo de reacciones. Hasta personalidades abiertamente republicanas, de corte muy conservador y que usualmente han apoyado a Trump, han mostrado su rechazo a la propuesta.

El caso más claro lo tenemos con Marjorie Taylor Greene, una de las caras más visibles del trumpismo actual y del movimiento MAGA, que anunció que renunciaría a su cargo en enero en plena confrontación con Trump.

No solo eso. La misma Greene cargó contra la idea federal de Trump, asegurando que no debería existir "una moratoria sobre los derechos de los estados en materia de IA", pidiendo que se preservase el espíritu del "federalismo".

"Los estados deben conservar el derecho a regular y legislar sobre la IA, y cualquier otro tema que beneficie a su estado", apostilla Greene, siguiendo los argumentos críticos que ya ha enarbolado el ala republicano más contrario a Trump.

Cabe destacar que el texto principal establecía una hoja de ruta para que las agencias clave del gobierno de Trump, incluyendo el Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comunicaciones, implementasen este marco legislativo.