En España, esta aplicación surgió como una herramienta para luchar contra la pandemia. Esta app de rastreo de la Covid-19 era una de las grandes esperanzas que había puesto el Gobierno para el control de los positivos, pero nunca llegó a despegar del todo. Ahora se acaba de conocer que, salvo cambio de última hora, a partir del próximo mes de noviembre dejará de recibir soporte por parte de Indra, la compañía española que la puso en marcha y que se ocupaba de su mantenimiento desde su creación hace algo más de dos años.

Desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que es el organismo que se ocupa de la aplicación, desvelan al diario ABC que no entra dentro de sus planes la prórroga del contrato, por lo que dejarán de invertir en esta app, que apenas ha tenido uso entre los ciudadanos.

En cualquier caso, el Estado ha hecho un importante desembolso, por no decir despilfarro, en esta aplicación. En total se destinaron algo más de 4,2 millones de euros en lo que se refiere al desarrollo, mantenimiento y publicidad. Desde hace un par de años, la app registró un total de 122.478 códigos de rastreo, lo que equivale a que los españoles han pagado 35 euros por cada uno de ellos.

Qué ocurrirá con Radar Covid

El próximo mes de noviembre será el último en que esta app reciba asistencia técnica. ¿Qué supone esto? Al no tener mantenimiento, ya no se irán produciendo mejoras y con el paso del tiempo irá perdiendo funcionalidad. 

A medida que pasen los años dejará de ser compatible con los sistemas operativos de los dispositivos móviles en los que se encuentra instalada. Tampoco se trabajará en la búsqueda de respuestas a los problemas o errores que puedan encontrarse.

La plataforma nunca llegó a ser rentable, aunque al comienzo parecía una propuesta a tener muy en cuenta para mantener a raya los contagios. Sin embargo, su valor se redujo una vez que la prioridad de las autoridades pasó a ser la búsqueda de las vacunas y fármacos contra la enfermedad, en lugar del control de los contagios.

Apercibimiento de sanción

Todo lo que envuelve a Radar Covid parece estar salpicado por la polémica. Al tiempo que se conoce que dejará de prestar servicio a partir de noviembre, también se acaba de informar de una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos.

En ella se notifica que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial vulneró ocho artículos del Reglamento General de Protección de Datos mientras se produjo el desarrollo y lanzamiento de esta plataforma de rastreo. Por eso han recibido un apercibimiento, al no ser posible la multa económica por tratarse de un organismo del Estado.

Esta resolución se produce después de que varias personas denunciaran ante la Agencia de Protección de Datos la falta de transparencia por parte de la Administración central en lo que se refiere al tratamiento de la información de los usuarios y el funcionamiento de la propia app. Aclaran que no se abordó la información con "licitud, lealtad y transparencia", como recoge la ley.

Los motivos que llevaron a demandar

El abogado litigante en representación de Rights International Spain, Sergio Carrasco, explica a ABC que se encuentran "satisfechos con la resolución, aunque parcialmente". Considera que "la aplicación se ha sacado de la forma que se ha sacado, además, con un coste bastante importante para los españoles". Aclara que el "desarrollo fue incorrecto y el uso completamente nulo", además de apreciarse "problemas en todas las fases".

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Rights International Spaint, al igual que otros demandantes, solicitaron la intervención de la agencia sobre protección de datos ante el retraso de la administración para compartir el análisis de impacto de la plataforma. Tal y como recogían las órdenes del Comité Europeo de Protección de Datos, esa labor debía llevarse a cabo antes de comenzar el desarrollo. Sin embargo, no se compartiría hasta septiembre, una vez que la app fue probada durante unas semanas en La Gomera y ya empezaba a ser funcional en distintas comunidades de España.

Otro aspecto en el que se vulneró la ley hace referencia a que en ningún instante contaron con la intervención de un delegado de protección de datos, algo que la agencia recrimina a la secretaría de estado. "La existencia de una primera evaluación de impacto en agosto de 2020 demuestra también una falta flagrante de privacidad desde el diseño", recoge el expediente sancionador.

Otro de los demandantes, Pau Enseñat, considera que hasta cierto punto era lógico los errores al principio, "lo que no nos esperábamos es que muchos de esos fallos no se solucionaran con el tiempo". Entre estos fallos destacan una cierta vulnerabilidad en la plataforma que podía poner en peligro información de los ciudadanos. Entre otras cosas, permitía vincular una dirección IP con la subida de un test positivo. Este error era de sobra conocido por los encargados de desarrollo, ya que así lo contemplaban en un informe técnico firmado en abril de 2020. Sin embargo, no se hizo nada por solucionarlo hasta el 8 de octubre de ese mismo ejercicio.

La Agencia Española de Protección de Datos detalla que "aún siendo conscientes del riesgo, no integraron las garantías precisas para garantizar la confidencialidad de los datos". 

Durante dos años, la aplicación fue descargada ocho millones de veces, aunque se desconoce el número real de usuarios.

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