Ángel Melguizo. Socio de Argia-GT&E; Manuel Balmaseda. Socio de Argia-GT&E; Manuel Aguilera Verduzco. Presidente, Mapfre México; Rafael Hoyuela, ejecutivo principal de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF y Eva Piera. Directora General de Relaciones Externas, Comunicación y Marca, Mapfre.
El seguro emerge como herramienta esencial ante las catástrofes en América Latina
Los expertos remarcan la baja penetración del seguro en la región.
La clave está en pasar de la reacción a la prevención.
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El seguro se posiciona como herramienta esencial ante las catástrofes en América Latina en un contexto marcado por el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales, la baja penetración aseguradora y las limitaciones fiscales de la región.
Durante la segunda jornada del XI Encuentro de Empresas Multilatinas se ha celebrado la mesa redonda sobre El seguro y las catástrofes naturales, en la que han participado Ángel Melguizo, socio de Argia-GT&E; Manuel Balmaseda, socio de Argia-GT&E; Manuel Aguilera Verduzco, presidente de Mapfre México, y Rafael Hoyuela, ejecutivo principal de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF.
Para empezar, Manuel Aguilera Verduzco, presidente de Mapfre México, subraya que el principal desafío es el "factor de la frecuencia de los fenómenos", intensificado por el cambio climático en una región ya de por sí expuesta a riesgos naturales como sismos, huracanes o actividad volcánica.
Así, destaca que "tenemos población de ingresos muy bajos concentrada en estas regiones", lo que incrementa la vulnerabilidad tanto social como institucional, agravada por la ausencia de "mecanismos financieros para la compensación de pérdidas".
El directivo advierte de que, ante las catástrofes, la respuesta en América Latina sigue dependiendo en gran medida de recursos públicos, endeudamiento o ayuda externa, lo que genera "una carga fiscal que no tendría por qué estar".
En esta línea, remarca que "el seguro siempre está fuera de la ecuación", pese a su potencial para aliviar la presión sobre las cuentas públicas y facilitar una recuperación más rápida y sostenible.
A modo de ejemplo, compara dos casos en México. En 2005, el huracán Vilma en Cancún, que alcanzó categoría 5, contó con un alto nivel de aseguramiento y "la mayor parte de la respuesta fue del seguro", lo que permitió una rápida recuperación económica.
Políticas públicas
En cambio, en 2013, las tormentas Ingrid y Manuel afectaron gravemente a Acapulco con "un nivel de aseguramiento muy bajo", sin respuesta inmediata suficiente, lo que derivó en un impacto prolongado y en la "pérdida de futuros" para la población afectada.
De esta forma, reconoce que la región enfrenta una "baja penetración del seguro", por lo que la principal barrera es cómo incrementarla. En este punto, destaca que "las políticas públicas del Gobierno" pueden jugar un papel clave, como demuestra el caso de Turquía, donde se estableció un seguro obligatorio contra terremotos.
No obstante, advierte de que el seguro por sí solo no es suficiente debido a posibles "fallos de mercado", especialmente tras grandes catástrofes. Por ello, defiende la creación de esquemas mixtos con colaboración público-privada, como el Consorcio de Compensación en España, que permitan establecer fondos previos y garantizar recursos ante eventos extremos.
Por su parte, Ángel Melguizo, socio de Argia-GT&E, advierte de que ante las catástrofes "lo primero es responder de una manera rápida", pero subraya que el verdadero problema surge al analizar las debilidades estructurales, como la "falta de capacidad institucional" y de herramientas, así como el escaso ahorro privado disponible.
![El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11316108.jpg?p=w:320\/h:240&h=ZnZDTpF8"])
En este contexto, recuerda que "cada semana en promedio ha sucedido una catástrofe natural en los últimos cincuenta años", lo que evidencia la creciente frecuencia e intensidad de estos eventos.
Respecto a la percepción social del riesgo, destaca que "todos pensamos que no nos va a tocar", cuando los datos muestran lo contrario. Según estudios en países como Brasil, Colombia, El Salvador y Perú, "uno de cada 10 hogares dice que en los últimos meses ha sufrido un choque por un evento climático" y una parte relevante vuelve a sufrirlo en los años siguientes.
Frente a esta realidad, Melguizo defiende un cambio de enfoque hacia la resiliencia, destacando que "invertir en resiliencia ahorra mucho"
Es decir, "un dólar invertido en alertas tempranas ahorra 20 dólares de reconstrucción", enfatiza.
Mayor vulnerabilidad
Sin embargo, Melguizo lamenta que América Latina aún no cuente con estos sistemas de forma generalizada y aboga por reforzar la colaboración público-privada, ya que "no hay un fondo del que tirar rápidamente" en emergencias.
En su opinión, es clave "pasar de la mentalidad de reacción a la mentalidad de la resiliencia".
Manuel Balmaseda, socio de Argia-GT&E, advierte de que la "vulnerabilidad" es el factor clave para entender el impacto de las catástrofes, al estar vinculada a elementos como "el bajo ahorro o la escasez de la cobertura aseguradora".
En este sentido, subraya la necesidad de anticipación: "Lo que hay que hacer es la preparación y los incentivos para que los ciudadanos se preparen".
Además, alerta de que en América Latina "el 20% de las pérdidas no están cubiertas", lo que agrava las consecuencias económicas y sociales de estos eventos.
Balmaseda pone el foco en el impacto macroeconómico, al señalar que las catástrofes generan "un doble shock fiscal": por un lado, "cae la recaudación" debido a la paralización de la actividad y, por otro, aumentan las necesidades de gasto público.
Rafael Hoyuela, ejecutivo principal de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, advierte de que la "mayor exposición" está incrementando la frecuencia de las amenazas en la región, en un contexto de "márgenes fiscales reducidos", lo que obliga a contar con "buena información y buenos datos".
Asimismo, pone el foco en la necesidad de anticipación, ya que "la reacción inmediata está bastante bien organizada", pero no ocurre lo mismo con la preparación y la reconstrucción, que requieren inversión sostenida, planificación y cooperación técnica a largo plazo.
Entre los instrumentos concretos, Hoyuela menciona los "bonos de resiliencia, como el emitido con Naciones Unidas, y los seguros de reactivación temprana que permiten agilizar los desembolsos tras un desastre".
Por último, defiende el hecho de acompañar a los Estados en la transición "de una lógica reactiva a una lógica anticipativa", reforzando tanto la resiliencia financiera como institucional.
