Esther Niubó, consejera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña.

Esther Niubó, consejera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña. EFE

Observatorio de la Educación

Esther Niubó, la consejera de Educación de Cataluña que no frenó las 'trampas' en PISA: PP, Junts y Vox piden su dimisión

Asumió el cargo en 2024. Bajo su mandato se excluyó al 23,2% del alumnado para realizar la prueba. Tres expedientes siguen abiertos tras la investigación.

Más información: Illa reconoce que hubo margen para corregir las 'trampas' de Cataluña en PISA y que Educación les avisó siete veces

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Las claves
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Esther Niubó, consejera de Educación de Cataluña, enfrenta peticiones de dimisión por parte de PP, Junts y Vox tras el fallo en la prueba PISA 2025.

Cataluña quedó sin resultados comparables en PISA debido a un porcentaje de exclusiones de alumnos muy superior al permitido por la OCDE (23,2% frente al 5% recomendado).

La investigación interna señala que la advertencia sobre el exceso de exclusiones no llegó a los responsables políticos a tiempo, aunque la responsabilidad recae en el Departamento de Educación.

Niubó sigue contando con el respaldo del presidente Salvador Illa, pese a la presión política y la apertura de expedientes disciplinarios en el departamento.

Esther Niubó estaba este miércoles en el Parlament junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Él había acudido a explicar el error que dejó a Cataluña sin resultados comparables en PISA 2025.

Durante el debate, la continuidad de la consejera de Educación y Formación Profesional volvió a quedar en cuestión.

Illa salió en su defensa. "Tiene mi confianza", respondió ante las peticiones de cese. Niubó sigue al frente del departamento al que llegó en agosto de 2024, después de años dedicada a los asuntos educativos desde el PSC y el Parlament.

La razón de esa presión es una prueba realizada durante su mandato. PISA 2025 se preparó y aplicó cuando Niubó ya era consejera. El Consejo Superior de Evaluación, encargado de coordinarla en Cataluña, dependía del Departamento de Educación.

Eso sitúa el fallo bajo su gestión política, aunque no acredita que ella conociera los avisos cuando se produjeron. Aun así, PP, Junts y Vox han pedido su dimisión por el flagrante error.

Niubó nació en Barcelona en 1980 y vive en Castelldefels, según su biografía parlamentaria.

Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el premio extraordinario. Cursó másteres en política internacional, comercio exterior y políticas públicas y sociales en universidades de Bruselas y Barcelona.

Del PSC al Govern

Su trayectoria comenzó en el ámbito europeo. Entre 2001 y 2004 trabajó como analista de política europea e internacional del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). De 2004 a 2009 fue asesora en el Parlamento Europeo. También colaboró académicamente con el Departamento de Ciencias Sociales de Esade entre 2010 y 2012.

Más tarde coordinó las relaciones institucionales e internacionales de la Fundación Rafael Campalans, vinculada al socialismo catalán. Dirigió esa entidad desde 2013 hasta 2020 y, según la ficha del PSC, continúa en su patronato. En paralelo, fue adquiriendo responsabilidades dentro del partido.

Afiliada al PSC desde 2002, ocupó cargos en su área de política europea y fue portavoz de la formación. En 2014 figuró como número dos de su candidatura al Parlamento Europeo. También fue concejala de Castelldefels y es primera secretaria del PSC en esa localidad.

La educación ocupó después un lugar central en su carrera política. Fue portavoz socialista en las comisiones parlamentarias de Enseñanza y Educación durante distintas legislaturas.

Desde 2019 es responsable de Educación en la ejecutiva del PSC. Cuando Illa formó gobierno en 2024, la eligió para dirigir precisamente ese departamento.

El paso de la oposición al Ejecutivo significó asumir la gestión de un sistema que ya arrastraba problemas de rendimiento y conflictos con el profesorado.

Entre sus tareas actuales figuran la negociación educativa, la escuela inclusiva y la formación profesional. El fallo de PISA ha añadido una crisis de supervisión interna a esa agenda.

PISA bajo su mandato

En marzo de 2025, el organismo catalán que coordinaba PISA informó a los centros participantes sobre los motivos para dejar exentos a determinados alumnos.

Según la investigación expuesta por el Govern, la documentación recogía los supuestos de exclusión, pero no indicaba el límite general del 5% fijado como referencia por la OCDE.

El 9 de abril, cuando las pruebas ya habían comenzado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa advirtió de que Cataluña registraba un porcentaje de exclusiones excesivo.

Pidió que se recordaran los criterios a los centros. Todavía quedaban algunos por examinar, pero las diligencias no han podido acreditar que recibieran aquella advertencia ni que se adoptaran medidas correctoras.

La muestra final dejó fuera a 591 de los 2.545 estudiantes seleccionados: el 23,2%.

Esa proporción impide considerar representativos los resultados catalanes y compararlos con los de otras comunidades o ediciones anteriores. Illa sostiene que el problema afectó a la aplicación y supervisión de la prueba, no a la corrección ni a las respuestas del alumnado.

La investigación interna también concluyó, según el presidente, que la incidencia permaneció durante meses en la organización sin llegar a los responsables políticos que debían conocerla.

Niubó ha afirmado que la responsabilidad por el fallo está en el departamento. Los procedimientos abiertos deberán aclarar las responsabilidades individuales.

A finales de agosto, la consejera relevó a Teresa Sambola, secretaria general y número dos del Departamento de Educación.

Niubó desvinculó directamente esa decisión del caso PISA, pero admitió que la crisis había puesto de manifiesto problemas de funcionamiento y había actuado como detonante de cambios en la estructura.

Por separado, Educación abrió tres expedientes disciplinarios: dos a funcionarios por presuntos incumplimientos graves de sus deberes y uno a un alto cargo ya cesado por una presunta infracción leve. Sambola no figura entre los expedientados.

Los tres procedimientos continúan en curso y no constituyen sanciones definitivas.

Esas decisiones no han apagado el debate político.

Este miércoles, Junts pidió a Illa que cesara a Niubó y reclamó una comisión de investigación. Vox también exigió su salida y acusó al Govern de alterar deliberadamente la muestra, una acusación que Illa rechaza.

El PP, que ya había pedido el cese de la consejera esta semana, criticó en el pleno las explicaciones del presidente y reclamó cambios estructurales. Los Comunes advirtieron que la responsabilidad por lo ocurrido también es política.

Niubó conserva, por ahora, el respaldo del presidente y su puesto al frente de Educación.

Su trayectoria explica por qué Illa le confió la cartera. La cuestión que hoy plantean sus críticos es cómo debe responder políticamente la máxima responsable del departamento por un fallo ocurrido bajo su mandato, aunque no esté acreditado que recibiera personalmente las alertas de 2025.