Satélite Mohammeh VI
En la resaca de los acontecimientos vividos en Ceuta, con la entrada de unos 72.000 inmigrantes irregulares en la ciudad autónoma española, provocando una crisis diplomática, geopolítica y migratoria sin precedentes, se ha publicado una información que desvelaba que Marruecos pudo monitorizar el asalto a Ceuta al situar dos satélites ópticos espía sobre el Estrecho, el Mohamed VI-A y el Mohamed VI-B.
De esta manera Rabat había obtenido información clave gracias a sus once 'pasadas' sobre el Estrecho, mientras el satélite español de radar de apertura sintética (SAR) PAZ solo pasó una vez cuando ya se había producido el asalto.
Automáticamente nos salta la pregunta, ¿tiene España satélites ópticos que proporcionen información permanente de movimiento de tropas o personas en la región del estrecho de Gibraltar? Y la respuesta es contundente: no.
El Consejo de Ministros aprobó este pasado mes de julio 62,1 millones de euros para que España siga accediendo, hasta 2033, a las imágenes de los satélites ópticos militares franceses CSO (Composante Spatiale Optique), una constelación que sustituyó a los antiguos Helios, compuesta por tres satélites con capacidad de captar imágenes de muy alta resolución en visible e infrarrojo, de día y de noche.
La decisión adoptada por el Gobierno se ha presentado como una simple prórroga administrativa. En realidad, describe algo más incómodo.
Más de tres décadas después de empezar a depender de los satélites de reconocimiento franceses, España sigue sin capacidad propia para obtener, por sus propios medios, imágenes ópticas de muy alta resolución de sus zonas de interés geoestratégico y de seguridad. Una dependencia que ya falló una vez, en el peor momento posible.
En julio de 2002, con la crisis de Perejil en su punto más tenso, España se encontró sin disponibilidad del sistema Helios, del que formaba parte junto a Francia y otros socios europeos. La ausencia de imágenes en el momento decisivo alimentó sospechas fundadas, porque coincidió con una postura diplomática francesa que se alineó abiertamente con Marruecos durante toda la crisis.
España acabó improvisando con aviones de enlace de la Fuerza Aérea, para confirmar que no había una amenaza inminente. Funcionó, pero por los pelos, y no gracias al sistema del que España era, sobre el papel, socio.
España sigue sin capacidad propia para obtener, por sus propios medios, imágenes ópticas de muy alta resolución de sus zonas de interés geoestratégico y de seguridad.
No hace falta presumir mala fe francesa para extraer la lección. Basta un hecho fáctico. El aliado del que dependías no estuvo disponible precisamente cuando tus intereses y los suyos dejaron de coincidir. Eso no fue una anomalía de 2002, es la naturaleza estructural de cualquier sistema en el que obtener información depende del consentimiento ajeno.
El memorando firmado con Francia da a España un 2,5 % de los derechos de programación del sistema CSO, lo que le permite pedir imágenes sobre sus zonas de interés, pero no decidir ni priorizar sobre ellas. La prórroga aprobada esta semana no corrige esa asimetría, sino que la prolonga cinco años más.
España diversifica la obtención de imágenes satelitales comprando también a la estadounidense Maxar, aunque ahí conviene ser precisos sobre qué garantía real de acceso ofrece el mercado privado.
Desde 1994, mediante la directiva presidencial PDD-23, el Gobierno de Estados Unidos retiene la llamada shutter control, la facultad de restringir el uso de cualquier sistema de imagen comercial vendido a un comprador extranjero si entiende que su propia seguridad nacional está en juego.
Comprar en el mercado privado no proporciona soberanía en los momentos críticos, simplemente cambia de gobierno del que se depende.
Lo llamativo es que España no parte de cero en sistemas satelitales. Tiene el PAZ, operativo desde 2018, satélite radar propio que la metió en el club reducido de países con observación satelital autónoma.
Comprar en el mercado privado no proporciona soberanía en los momentos críticos, simplemente cambia de gobierno del que se depende.
Tiene en marcha el PAZ II, que multiplicará por dieciséis esa capacidad radárica hacia 2031. Y tiene el SpainSat NG (I y futuro III), que le da comunicaciones militares seguras propias. España sabe construir, financiar y operar sistemas espaciales de defensa de primer nivel. El hueco no es fruto de incapacidad industrial, es de decisión política, y está justo en un segmento imprescindible, en el óptico de muy alta resolución, la variante con quizás más peso operativo en una crisis real.
Ese hueco tiene además una herida abierta. En 2020, el Seosat-Ingenio, el satélite óptico más avanzado jamás diseñado en España, se perdió por un fallo del cohete Vega lanzado desde la Guayana Francesa, no del propio satélite, antes de alcanzar la órbita. Desde entonces, España, y especialmente la defensa de nuestra nación, carga con esa cuenta pendiente.
Hay una señal reciente de que el Gobierno empieza a tomarse en serio la necesidad de corregir este déficit de soberanía. En enero de este año se confirmó que Defensa contempla desarrollar un satélite óptico junto a un socio de la Unión Europea, más una constelación de al menos diez satélites pequeños de fabricación española para ganar frecuencia de paso y abaratar costes. Pero el programa está todavía en fase embrionaria, sin contratista ni presupuesto definidos.
Este es un paso en la dirección correcta, pero conviene no confundirlo con soberanía plena si el diseño final reproduce, con otro socio, el mismo reparto limitado de derechos que hoy tiene España frente a Francia.
La soberanía funciona como un suelo firme sobre el que construir cooperación, no como sustituto de ella.
La pregunta que debería guiar esa negociación no es solo con quién se construye el satélite principal, sino quién decide, en el momento crítico, sobre qué apunta.
España tiene la base industrial de empresas aeroespaciales y la capacidad financiera como para afrontar en solitario el desarrollo de un sistema de observación óptico satelital propio, con independencia de abrirlo a posteriori a socios de explotación, tal y como hace Francia, pero falta la prioridad política para desarrollar un Ingenio II que garantice la soberanía española en el acceso a imágenes satelitales de alta resolución.
Soberanía plena no significa aislamiento. España puede y debe seguir compartiendo programas con socios europeos y comprando imágenes comerciales proporcionada por empresas privadas para ampliar capacidad cotidiana.
Lo que no puede permitirse es que esa capacidad compartida o comprada sea la única disponible cuando sus intereses diverjan de los de sus socios, que es justo lo que ocurrió en 2002 y puede volver a ocurrir en el Mediterráneo occidental o en el Sahel. La soberanía funciona como un suelo firme sobre el que construir cooperación, no como sustituto de ella.
Con PAZ II y SpainSat NG, España está a un componente de completar una tríada espacial propia, formada por radar, comunicaciones seguras e imágenes de alta resolución. Esa combinación cerraría la vulnerabilidad que expuso Perejil y ahora Ceuta, y convertiría a España, por primera vez, en proveedor de capacidad para sus aliados en lugar de cliente permanente de terceros.
El acuerdo con Francia expira en 2033. Para entonces, España debe decidir si sigue dependiendo de lazarillos o si por fin ve por sí misma. Porque como decía la canción de Alan Parsons Project, hay un ojo en el cielo mirándote, y es marroquí.
*** Jordi Cañas, ex eurodiputado y director de Asuntos Europeos de la consultora The Grey.