Caza F-16
La compra de F-16 a Estados Unidos desata una crisis institucional en Perú en plena transición política
Dimiten los ministros de Defensa y Exteriores, el Congreso amenaza con destituir al presidente interino José María Balcázar.
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La adquisición de una nueva flota de cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú ha provocado una grave crisis política e institucional en Lima, apenas tres meses antes del relevo presidencial previsto para finales de julio. Lo que debía ser un programa estratégico de modernización militar se ha convertido en una pugna abierta entre el Ejecutivo, el Congreso y sectores de la cúpula castrense.
El detonante ha sido la decisión del Gobierno interino de formalizar la compra de 24 aeronaves fabricadas por Lockheed Martin por valor de 3.500 millones de dólares, en medio de versiones contradictorias sobre quién autorizó la operación, cuántos aparatos se adquirirán finalmente y bajo qué condiciones se firmó el contrato.
La crisis escaló este miércoles con la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Hugo de Zela y Carlos Díaz, tras discrepar públicamente con el presidente interino, José María Balcázar, que había defendido dejar la decisión definitiva en manos del próximo Ejecutivo.
Horas después, el primer ministro, Luis Arroyo, confirmó que el contrato ya estaba cerrado y que Perú había cumplido incluso con los pagos previstos en el cronograma pactado con Washington.
“Se trata de una decisión estratégica del Estado”, sostuvo Arroyo, en una comparecencia que evidenció la fractura interna del gabinete.
Un contrato opaco
Según fuentes políticas y medios locales, el origen del conflicto se remonta al anterior gobierno interino de José Jerí, cuya administración habría firmado discretamente un principio de acuerdo con Estados Unidos. Ese documento incluía la firma definitiva del contrato el pasado 17 de abril y un primer desembolso cercano a los 2.000 millones de dólares pocos días después.
El procedimiento ha generado fuertes críticas en Perú por la falta de transparencia y por la ausencia de debate parlamentario sobre una de las mayores compras militares de la historia reciente del país.
Además, ni el Ejecutivo peruano ni la embajada estadounidense han aclarado oficialmente si el contrato contempla los 24 cazas inicialmente previstos o una cifra inferior.
Presión desde Washington
La tensión diplomática aumentó cuando el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, lanzó un inusual mensaje público advirtiendo de consecuencias si Perú incumplía los compromisos adquiridos.
La declaración fue interpretada por amplios sectores políticos como una presión directa sobre el Gobierno peruano para ejecutar la compra pese al cambio de contexto político y electoral.
En círculos diplomáticos de Lima preocupa especialmente el precedente que deja una intervención pública de ese nivel en un proceso soberano de adquisición militar.
Amenaza al presidente
La oposición parlamentaria reaccionó de inmediato. El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, anunció que impulsará una moción para destituir a Balcázar por sus “contradicciones” y por comprometer la seguridad nacional en un proceso plagado de opacidad.
El presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, confirmó que cualquier iniciativa será tramitada conforme al reglamento parlamentario.
Con ello, Perú se enfrenta a una nueva fase de inestabilidad institucional, apenas meses después de la caída del anterior Ejecutivo.
Un programa estratégico
Desde el punto de vista militar, la renovación de la aviación de combate peruana se consideraba prioritaria. La flota actual, compuesta por Mirage 2000 incorporados en los años 80 y MiG-29 adquiridos en los 90, evidencia su antigüedad. Para modernizarla, el Gobierno había presupuestado 3.500 millones de dólares destinados a la compra de 24 nuevos cazas.
En la competición internacional participaron también el Saab JAS 39 Gripen y el Dassault Rafale, aunque finalmente se habría impuesto la oferta estadounidense del F-16 Block 70.
Estos últimos aparatos incorporan radar AESA de última generación, guerra electrónica avanzada y armamento en red que permite combatir más allá del alcance visual y ataques de precisión en entornos disputados.
Además, cuentan con sensores integrados, enlaces de datos y armamento multimisión orientan a Perú hacia operaciones aéreas interoperables y de alta capacidad de supervivencia, alineadas con las tendencias actuales de modernización y guerra en coalición.
Más allá de la crisis interna, la operación refleja el reposicionamiento geopolítico de Perú hacia Estados Unidos en materia de defensa, desplazando opciones europeas y dejando atrás la dependencia histórica de material ruso.
Sin embargo, el modo en que se ha ejecutado la compra amenaza con erosionar la legitimidad de un programa militar necesario, pero políticamente contaminado desde su origen.
Si el próximo gobierno decide revisar las condiciones del contrato, el caso podría derivar en litigios internacionales, nuevas tensiones con Washington y otro episodio de inestabilidad en un país donde la política y la defensa vuelven a cruzarse de forma explosiva.
