Juan Guaidó era consciente, desde el primer momento, que la posición del Ejército era fundamental para conseguir derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro y por eso intentó ganarse la confianza de los militares. Incitó a que se pusieran "del lado correcto de la historia", apeló a que no bloquearan la ayuda humanitaria y, para conseguir su apoyo, les propuso un plan de amnistía para que no tengan que rendir cuentas sobre las acusaciones de tortura, homicidios extrajudiciales, arrestos arbitrarios y actos de corrupción.

"No se trata de torcer los brazos, se trata de estrechar nuestras manos", dijo Guaidó en un mitin el 23 de enero. Pero no todos tienen la misma visión. Muchos críticos defienden que una transición a la democracia no puede traducirse en la impunidad de quienes, en nombre del régimen, han perpetrado crímenes. Activistas por los derechos humanos y ciudadanos víctimas de abusos defienden que hay que llevar a los culpables ante la ley y califican de inmoral el proyecto de amnistía de Guaidó.

"Las disposiciones imprecisas del proyecto de ley podrían garantizar una impunidad general a oficiales responsables por graves abusos a los derechos humanos", dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director de la división de América de Human Rights Watch. "Cualquier amnistía que impida investigar y procesar a funcionarios públicos y militares responsables por graves violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Venezuela".

Hay varios precedentes en América Latina de lo que podría pasar en Venezuela. Gobiernos autoritarios de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile han conseguido acuerdos de amnistía antes de renunciar al poder. Años más tarde -y con la intervención de Baltasar Garzón- Chile y Argentina pudieron llevar a juicio a cientos de personas por delitos cometidos durante la dictadura.

En una entrevista, Guaidó defendió que la ley de amnistía sería la única manera de mantener la estabilidad durante el periodo de transición. "El propósito es que nos posibilite gobernar en el corto plazo, para estabilizar al país, atender la emergencia humanitaria y reconstruir las instituciones que pueden preparar el terreno para elecciones libres y contener la crisis económica", señaló.

"Crímenes de lesa humanidad"

A finales de enero, el asesor de seguridad nacional de Trump, John R. Bolton incentivó a Maduro incluso a "aprovechar" la oferta de amnistía y exiliarse lo antes posible . "Le deseo a él y a sus asesores un retiro largo y tranquilo, en una linda playa lejos de Venezuela". La alternativa planteada por el asesor para Maduro era la cárcel de Guantánamo, en Cuba.

Pero, muchos venezolanos que han sufrido la represión y los abusos del régimen, no están dispuestos a aceptar una ley de amnistía que impediría llevar a sus verdugos ante la justicia.

"Perdonar no significa olvidar, sino reconciliar", dijo Rosa Virginia González, una de las víctimas del régimen, en unas declaraciones citadas por The New York Times. "Perdonar lo que sucedió a nivel espiritual, pero a la vez exigir y demandar la justicia debida".

González, de 26 años, contó cómo uno de los guardias de la prisión donde estaba encarcelada le ponía el pene frente a su rostro y le exigía que le hiciera sexo oral. Si se negaba, la golpeaba. "Estos fueron crímenes contra la humanidad. Son delitos que no se pueden olvidar", zanjó.

Junto con otras víctimas, en un debate sobre el proyecto de ley, González aboga por una amnistía restringida a corto plazo, si eso facilitara la transición a la democracia, pero también les gustaría que se estableciera un sistema de rendición de cuentas.

Los padres de Juan Pernalete, uno de los jóvenes asesinados en una de las manifestaciones en contra del Gobierno en 2017, salieron a la calle para protestar en contra de Maduro y apoyar a Guaidó. Pero no aceptan la ley de amnistía: "No puede haber impunidad", declaró a The New York Times. "No puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad".