Mujer mayor preocupada revisando las facturas.
Una jubilada pierde su pensión por tener empadronado a su hijo en casa: "Es una injusticia tener que devolver 22.918 €"
A Virtudes le reclaman ahora casi 23.000 euros de su pensión no contributiva por tener empadronado a su hijo en casa, aunque asegura que no vivía con ella.
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Las pensiones no contributivas en España están destinadas a quienes no disponen de recursos suficientes para vivir, incluso si nunca han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho el tiempo necesario para acceder a una pensión contributiva. Este tipo de prestación puede ser tanto por jubilación como por invalidez y, según datos de La Moncloa, en 2025 se ha fijado en un máximo de 7.905,80 euros anuales.
Para poder acceder a una pensión no contributiva es necesario cumplir varios requisitos clave en España. El principal es carecer de ingresos propios o que estos sean inferiores a 7.905 euros anuales. Además, si la persona convive con familiares, se tendrá en cuenta la renta conjunta de todos los miembros de la unidad económica de convivencia, que deberá estar por debajo de los límites establecidos legalmente.
Este es precisamente el tipo de situación que ha generado una polémica reciente en este tipo de pensiones en España, concretamente con el caso de Virtudes. Una jubilada de Segovia que ha perdido su pensión no contributiva porque su hijo estaba empadronado en su domicilio y de cuyo caso hablaban hace apenas unos días en el programa 'Malas Lenguas', emitido en RTVE.
Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que considera que la presencia legal del hijo en la vivienda elevaba los ingresos de la unidad familiar por encima del umbral permitido. Una decisión que explicaba el abogado experto en pensiones José Lomo en el programa: "Una unidad económica de convivencia que supere los 30.000 euros, se le retira la pensión contributiva".
En este caso, la mujer superó el umbral fijado cuando su hijo se empadronó en su casa en el año 2020, a pesar de que, según ella, no residía allí de forma efectiva. A pesar de aportar facturas y otros documentos para demostrarlo, el Tribunal no los consideró pruebas suficientes.
Desde 2015 hasta 2023, Virtudes cobró una cantidad total de 22.918,80 euros, que ahora deberá devolver. A sus 65 años, no solo pierde la pensión que era su único sustento, sino que enfrenta una importante deuda con la Administración.
La historiadora Gloria Marcos, colaboradora del programa, mostraba su indignación con este caso: "Me parece una injusticia. La pensión la cobraba la señora como pensión no contributiva, que aleatoriamente una temporada de su vida pueda compartir con su hijo o que su hijo se empadrone en esa casa, yo creo que es profundamente injusto", asegura.
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A su modo de ver, la contributiva debería ser una cuestión individual: "Debe ser una cuestión personal e individual y no dependiente. Eso tendrá que revisarse porque no es justo que esa señora no solo no cobre la pensión sino que encima tenga que devolver una cantidad desorbitada como la que le reclaman".
El caso de Virtudes pone sobre la mesa cómo el simple empadronamiento de un familiar puede afectar directamente al cumplimiento de los requisitos para mantener este tipo de pensiones y determinadas ayudas económicas. Una práctica común en muchas familias y que a menudo se realiza incluso por cuestiones médicas, escolares o de residencia, que pueden tener consecuencias legales y económicas importantes si no se ajusta a lo que exige la normativa.
