Gonzalo Bernardos es un economista experto en vivienda.

Gonzalo Bernardos es un economista experto en vivienda. laSexta Xplica

Interiorismo

Confirmado por economistas: si tu contrato de alquiler acaba en 2027, tendrás que buscar otra vivienda

Miles de inquilinos temen no poder renovar su contrato ante la reducción de viviendas disponibles y la subida constante del alquiler.

Más información: Es oficial: el inquilino puede permanecer de alquiler hasta 5 años aunque haya firmado un contrato de menos tiempo

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La crisis de la vivienda sigue agravándose en España y cada vez son más los expertos que advierten de un futuro complicado para millones de inquilinos.

El encarecimiento constante de los alquileres, unido a la falta de oferta y al aumento del precio de compra, está provocando que acceder a una vivienda sea prácticamente imposible para muchos ciudadanos.

En este contexto, economistas como Gonzalo Bernardos alertan de que los próximos años serán especialmente difíciles para quienes viven de alquiler, sobre todo cuando finalicen sus contratos actuales.

El panorama a corto plazo preocupa especialmente porque muchos propietarios están optando por retirar sus viviendas del mercado del alquiler para ponerlas a la venta. La inseguridad jurídica, las nuevas regulaciones y los límites en las actualizaciones de renta han cambiado por completo el comportamiento de muchos arrendadores.

Según el economista, esta situación puede provocar un auténtico "shock" en el mercado. "El sector inmobiliario no está dispuesto a ganar menos dinero", ha advertido en varias intervenciones televisivas al analizar el impacto de las nuevas medidas sobre el alquiler.

Cada vez menos viviendas en alquiler

La reducción de oferta es uno de los principales problemas del mercado actual. Muchos propietarios consideran que alquilar implica demasiados riesgos y prefieren vender el inmueble para obtener liquidez inmediata y evitar conflictos legales o limitaciones futuras.

Esto coincide además con el vencimiento progresivo de muchos contratos firmados tras la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019, que estableció prórrogas obligatorias de cinco años para pequeños propietarios y siete años para grandes tenedores.

A medida que esos contratos llegan a su fin, muchos inquilinos se enfrentan a un escenario incierto. Aunque mientras el contrato está vigente el arrendatario mantiene protección legal, el propietario no está obligado a renovarlo una vez finaliza el periodo obligatorio.

En estos casos, algunos caseros deciden recuperar la vivienda para venderla o volver a alquilarla a precios mucho más altos, especialmente en las zonas donde la demanda continúa disparada.

Esta situación está generando una enorme preocupación entre miles de familias que temen no poder seguir viviendo en sus barrios o verse obligadas a compartir vivienda ante la imposibilidad de asumir nuevos precios.

Los jóvenes son uno de los colectivos más afectados. Muchos siguen retrasando su emancipación porque no pueden afrontar ni el ahorro inicial para comprar ni el coste mensual del alquiler.

Otros solo consiguen independizarse gracias a la ayuda económica de sus familias o recurriendo al alquiler de habitaciones, una fórmula que sigue creciendo en las grandes ciudades.

Qué dice la ley sobre las subidas

El incremento del precio del alquiler se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los hogares españoles. Miles de contratos deberán renegociarse en los próximos años y muchos inquilinos desconocen hasta dónde puede llegar la subida.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el alquiler únicamente puede actualizarse una vez al año y siempre coincidiendo con la fecha de aniversario del contrato.

Además, cualquier subida debe estar recogida previamente en el contrato y el propietario está obligado a comunicarla con al menos 30 días de antelación.

La normativa actual también fija límites para evitar incrementos desproporcionados. Tras el tope extraordinario del 2% aplicado en 2023 y del 3% en 2024, el Gobierno prevé utilizar un nuevo índice de referencia diseñado por el INE para las actualizaciones futuras.

Este nuevo sistema pretende desvincular parcialmente las subidas del IPC y tratar de contener el crecimiento de las rentas en un contexto de fuerte tensión inmobiliaria.

No obstante, el impacto real dependerá en gran medida de cada comunidad autónoma y de si la vivienda se encuentra o no en una zona declarada tensionada.

En territorios donde sí se apliquen estas limitaciones, muchos expertos creen que continuará aumentando el trasvase de viviendas desde el alquiler hacia la venta.

Mientras tanto, los precios siguen sin freno y las previsiones no apuntan a una caída generalizada a corto plazo. La falta de oferta continúa siendo el principal problema estructural del mercado inmobiliario español.