Isabel Rodríguez, Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
Ya es oficial: multas de hasta 150.000 euros a los propietarios de alquileres que no hagan este trámite
La nueva obligación afecta a quienes alquilan viviendas de corta duración a través de plataformas como Airbnb o Booking.
Más información: El Gobierno cambia las normas: los propietarios con más de una vivienda vacía pagarán un 150% más en impuestos
El primer trimestre del año comenzó con una nueva obligación para los propietarios de viviendas destinadas al alquiler de corta duración. Los titulares de estos inmuebles tuvieron hasta el pasado 2 de marzo para presentar por primera vez el nuevo modelo informativo anual exigido por la normativa estatal.
Se trata de una medida impulsada por el Gobierno para reforzar el control sobre los arrendamientos de corta duración, una categoría que incluye tanto las viviendas turísticas como otros alquileres temporales destinados a estudiantes, trabajadores desplazados o estancias de temporada.
El objetivo es que las administraciones dispongan de información detallada sobre este tipo de contratos, puedan supervisar mejor su actividad y comprobar que cumplen con sus obligaciones fiscales y administrativas.
No cumplir con esta obligación puede acarrear importantes sanciones económicas. En los casos más graves, las multas pueden alcanzar los 150.000 euros, además de provocar la pérdida del número de registro necesario para operar legalmente.
La medida nace del Real Decreto 1312/2024 y de la Orden VAU/1560/2025, que desarrollan el sistema de registro único para los alquileres de corta duración e introducen la obligación de presentar una declaración anual informativa vinculada al Número de Registro Único de Arrendamientos (NRUA).
Conviene aclarar que no se trata de un nuevo impuesto. Su finalidad es informar a la Administración sobre la actividad desarrollada en los inmuebles registrados, incluyendo los contratos formalizados y el uso que se ha dado a la vivienda durante el año.
Quién debe presentar la declaración
La obligación afecta a propietarios, anfitriones y gestores que comercialicen alquileres de corta duración a través de plataformas digitales como Airbnb, Booking o portales similares.
Deben presentar el modelo quienes dispongan de un número de registro activo y hayan ofertado la vivienda para este tipo de arrendamientos, incluso aunque finalmente no hayan llegado a alojar huéspedes o la actividad haya sido mínima.
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La declaración debe presentarse cada año a través de la Sede Electrónica del Colegio de Registradores. En ella se incorpora información anonimizada sobre los contratos realizados, las características de las estancias y otros datos exigidos por la normativa.
Esta declaración informativa no sustituye al IRPF, al IVA ni al resto de obligaciones tributarias. Se trata de un mecanismo complementario de control que busca aumentar la transparencia del mercado y adaptar la legislación española a las exigencias europeas sobre plataformas digitales.
Multas de hasta 150.000 euros
La falta de presentación del modelo, la inclusión de datos incorrectos o el incumplimiento de las obligaciones asociadas al registro pueden derivar en requerimientos administrativos y sanciones económicas.
Las multas oscilan entre los 3.000 y los 150.000 euros en función de la gravedad de la infracción. Además, la Administración puede acordar la baja del número de registro, lo que impediría seguir anunciando legalmente el inmueble en plataformas de alquiler turístico o temporal.
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Por este motivo, los expertos recomiendan revisar periódicamente las obligaciones vinculadas al registro y presentar la declaración dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones y problemas administrativos.
Lo que quitaría por completo es todo el bloque de "licencia turística", "comunidad de vecinos" y "registro de viviendas turísticas", porque pertenece a otra normativa y hace que el lector pierda el hilo del trámite anual. Es mejor dedicar ese espacio a explicar bien qué es un alquiler de corta duración y quién está obligado.
