Pedro Sánchez, presidente de España junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Bruselas sanciona a España: 627 millones de euros por hacer contratos 'indefinidos no fijos' a los interinos
El encadenamiento de contratos temporales en el 32% de los trabajadores públicos ha sido el desencadenante de este bloqueo.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a poner el foco sobre la temporalidad en el empleo público en España.
En una sentencia hecha pública este martes, la corte europea concluye que la práctica de convertir a trabajadores interinos en "indefinidos no fijos" no basta para sancionar el abuso de contratos temporales.
Como advierte Luxemburgo, esta fórmula "supone mantener una relación laboral temporal" y perpetúa la "situación de precariedad" de miles de empleados públicos.
El fallo responde a una consulta elevada por el Tribunal Supremo ante las dudas generadas por criterios judiciales dispares.
Un modelo irregular
El TJUE considera que transformar a un interino en indefinido no fijo "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos". En otras palabras, cambiar la etiqueta del contrato no corrige el problema de fondo.
Los jueces europeos dan un paso más y cuestionan otras herramientas utilizadas en España. Ni las indemnizaciones al finalizar la relación laboral ni la convocatoria de oposiciones con valoración de méritos previos garantizan una reparación efectiva.
![Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/08\/mujer\/estilo-vida\/1003744199076_262333034_320x180.jpg"])
Según el tribunal, estas medidas "tampoco parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión".
El caso que originó la consulta aclara esta situación. Una trabajadora de un centro educativo público de la Comunidad de Madrid encadenó seis contratos de interinidad desde 2016. Reclamó ser reconocida como fija, pero la justicia española la calificó como indefinida no fija, con derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado.
![El presidente del Gobierno junto a la vicepresidenta y ministra de Trabajo en el Congreso.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/07\/mujer\/estilo-vida\/1003744197541_262313946_320x180.jpg"])
Ante la disparidad de criterios en casos similares, el Supremo optó por preguntar a Europa. La respuesta deja claro que el modelo actual no cumple con los estándares comunitarios para prevenir y sancionar abusos.
Europa presiona a España
España tiene actualmente unos 627 millones de euros de fondos europeos bloqueados precisamente por no haber adoptado medidas eficaces contra la temporalidad en el sector público.
No es la primera vez que Bruselas lanza una advertencia. En 2024, dos sentencias previas ya señalaron que el sistema español no ofrecía soluciones suficientes frente al encadenamiento de contratos temporales.
![Bruselas endurece las normas a la vivienda en España.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/18\/mujer\/interiorismo\/1003744174510_262007655_320x180.jpg"])
Ahora, el tribunal insiste en que los procesos selectivos tampoco son una solución adecuada. Aunque valoren la experiencia previa, "no se limitan a aquellos candidatos que hayan sido víctimas de los abusos". Además, existe el riesgo de que estos trabajadores "no participen en el proceso o que no lo superen".
Este punto es clave, porque desmonta uno de los pilares de la estrategia española: confiar en las oposiciones como vía de estabilización. Para el TJUE, no basta con abrir procesos si no se garantiza una reparación específica a quienes han sufrido el abuso.
Exigir cambios
Fuentes del Ejecutivo aseguran que la sentencia es "meramente aclaratoria" y subrayan que "no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público".
Desde el Ministerio competente insisten en que el acceso al empleo público debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que "prohíbe la fijeza automática". En esta línea, recuerdan que el propio tribunal europeo no impone una solución concreta, sino que exige medidas más eficaces.
![Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/23\/mujer\/estilo-vida\/1003744180619_262087062_320x180.jpg"])
El Ejecutivo también reivindica su gestión. "Nunca antes se había hecho una reforma tan profunda contra la temporalidad", defienden, destacando la reducción de la tasa del 39% al 32,7% y la estabilización de más de 419.000 plazas.
Sin embargo, los sindicatos no comparten esta visión. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios celebra la sentencia como un respaldo a sus denuncias y asegura que las administraciones “están incumpliendo de manera sistemática la Ley de Temporalidad".
Según sus datos, al menos 125.000 personas siguen en situación de abuso. Por ello, reclaman “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para las administraciones responsables y una convocatoria completa de plazas estructurales.
