Ruth Galán, sindicalista, en un debate de laSexta Xplica.
Ruth Galán, sindicalista: "En España se deberían prohibir los alquileres turísticos y decretar alquileres indefinidos"
Este tipo de propuestas, abre un debate complejo sobre el equilibrio entre regulación y funcionamiento del mercado.
Más información: España marca las normas: el Gobierno aprueba una ayuda de 2.400 euros para las familias con hijos menores de 18 años
Según un estudio de la plataforma InfoJobs y del Índice Inmobiliario de Fotocasa, los españoles dedicaron de media cerca del 47% de su salario bruto al pago del alquiler en 2024, una cifra que ha ido aumentando de forma sostenida en los últimos años.
Este porcentaje se sitúa muy por encima del 30% recomendado por organismos internacionales como límite razonable para garantizar estabilidad económica, lo que evidencia una presión creciente sobre los hogares, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona, donde el precio medio del alquiler ha superado máximos históricos.
Estas cifras han intensificado el debate público, impulsando propuestas orientadas a corregir el desequilibrio actual. Entre ellas destaca la de Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, quien aboga por la prohibición de los alquileres turísticos y la implementación de contratos indefinidos como soluciones inmediatas.
La presión del alquiler y el choque de modelos
El encarecimiento del alquiler en España no responde a una única causa, sino a una combinación de factores estructurales y coyunturales que han ido tensionando el mercado durante más de una década.
Tras la crisis financiera de 2008, el acceso a la compra se volvió más restrictivo y muchas familias se volcaron en el alquiler, lo que incrementó la demanda de forma sostenida.
A ello se sumó la entrada de grandes inversores y fondos en el mercado residencial, que han profesionalizado el sector pero también han contribuido a elevar los precios en determinadas zonas.
En paralelo, el auge del alquiler turístico ha reducido la oferta de vivienda disponible para residentes, especialmente en barrios céntricos y zonas con alta presión turística.
Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Palma han visto cómo miles de viviendas pasaban a destinarse a estancias de corta duración, generando una competencia directa con el alquiler tradicional.
Diversos estudios estiman que en algunos distritos el impacto de estas viviendas ha encarecido los precios entre un 5% y un 15%.
Es en este escenario donde Ruth Galán introduce una crítica frontal a las políticas públicas actuales. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid cuestiona iniciativas como la empresa pública de vivienda vinculada al modelo Casa 47, señalando que "más que dar una solución lo que parece es un programa político".
Imagen de archivo de una vivienda en alquiler.
Su argumento se apoya en la percepción de que las medidas institucionales no están logrando aliviar la carga económica real de los inquilinos.
Galán insiste en que el problema no es únicamente la falta de vivienda, sino el esfuerzo desproporcionado que supone pagarla. Describe una situación en la que los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios del alquiler, provocando que muchas familias destinen casi la mitad de sus ingresos mensuales a mantener un techo.
Esa pérdida de capacidad económica, afirma, tiene consecuencias directas en el consumo, el ahorro y la calidad de vida.
A partir de ese diagnóstico, plantea un paquete de medidas que rompe con el enfoque gradualista de las administraciones. Propone reducir los alquileres hasta un 60% de su valor actual, eliminar los alquileres turísticos y de temporada, y establecer contratos indefinidos que otorguen estabilidad a los inquilinos.
![Pilar García de la Granja.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/12\/actualidad\/1003744166709_261902492_320x180.jpg"])
"¿Quieren soluciones? Son soluciones para hoy", sostiene, dejando claro que su planteamiento busca una intervención inmediata y contundente del mercado.
Este tipo de propuestas, sin embargo, abre un debate complejo sobre el equilibrio entre regulación y funcionamiento del mercado. Mientras los colectivos de inquilinos defienden que la vivienda es un bien básico que debe estar protegido, otros actores advierten de que medidas tan restrictivas podrían reducir aún más la oferta disponible, desincentivar la inversión y generar efectos secundarios.
En el ámbito político, España ya ha avanzado en cierta regulación con la Ley de Vivienda aprobada en 2023, que introduce límites a la subida de alquileres en zonas tensionadas y define la figura del gran tenedor.
No obstante, su aplicación está siendo desigual entre comunidades autónomas y sus efectos todavía están en evaluación, lo que mantiene abierto el debate sobre si estas herramientas son suficientes.
