El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Eduardo Parra Europa Press

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Ya es oficial: el Gobierno prohíbe a las empresas impedir el pago con tarjeta, aunque la compra sea pequeña

La normativa exige informar a los clientes previo al pago, de lo contrario, la sanción varía entre los 150 y 10.000 euros.

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Las claves

El Gobierno ha prohibido a las empresas impedir el pago con tarjeta, incluso en compras de pequeño importe.

Los comercios pueden establecer condiciones para los métodos de pago, pero deben informar de forma visible antes de la compra.

La legislación europea y española protege el derecho a pagar en efectivo, salvo límites legales como el máximo de 1.000 euros entre particulares y empresas.

Rechazar el pago en efectivo sin causa justificada puede suponer una infracción administrativa y multas de hasta 10.000 euros.

Pagar en una tienda cualquiera o en un bar se ha convertido en un gesto totalmente cotidiano. Hay clientes que sacan la tarjeta, otros utilizan el móvil y hasta su smartwatch, pero aún hay muchos que recurren a dinero en efectivo para pagar pequeñas compras.

En España conviven todas esas opciones y, en principio, cada negocio puede decidir cuáles acepta. Sin embargo, el conflicto surge cuando el cliente descubre las condiciones en el último momento.

Por ejemplo, cuando llega a la caja y le informan de que solo se admite efectivo o, al contrario, que debe pagar con tarjeta.

En ese punto aparecen dudas sobre qué dice realmente la ley y hasta dónde llegan los derechos del consumidor.

Juristas y organizaciones de consumidores coinciden en que la normativa permite a los comercios fijar ciertas condiciones, pero también establece límites claros. Y, en ocasiones, un pequeño detalle puede cambiar completamente la legalidad de la situación.

Condiciones del pago con tarjeta

El abogado y economista David Jiménez ha explicado en varias ocasiones que la ley no prohíbe a un negocio establecer condiciones sobre cómo quiere cobrar.

Aun así es relativamente habitual, por ejemplo, que algunos bares pidan pagar en efectivo o que fijen un importe mínimo para usar la tarjeta.

En principio, ninguna norma impide esa práctica. Un comercio puede decidir que solo acepta efectivo o limitar el pago con tarjeta si lo considera oportuno.

Sin embargo, esa libertad tiene un requisito fundamental: el cliente debe conocer la condición antes de realizar la compra o consumir el servicio. Es decir, la información debe aparecer visible para que el consumidor pueda decidir si le interesa seguir adelante o marcharse a otro establecimiento.

Si el aviso aparece cuando el cliente ya ha pedido o cuando la compra está hecha, la situación cambia. En ese caso se entiende que el consumidor no ha podido decidir libremente si acepta esa forma de pago.

Por ese motivo, muchos negocios colocan carteles en la entrada, en la barra o junto a la caja con mensajes como "pago mínimo con tarjeta" o "solo se admite efectivo". Esa información previa es clave para evitar conflictos.

Según explican los expertos en derecho de consumo, cuando ese aviso no existe el establecimiento puede tener dificultades para imponer la condición al cliente.

La UE protege el efectivo

El debate sobre las formas de pago también ha crecido en redes sociales. Algunos vídeos virales muestran discusiones entre clientes y comerciantes cuando se intenta pagar con monedas o billetes y el establecimiento se niega a aceptarlos.

Varios juristas recuerdan que el efectivo continúa teniendo una protección específica dentro de la legislación europea y española.

El abogado Xabi Abat explicó en uno de sus vídeos que, en los países donde el euro es la moneda oficial, los billetes y monedas tienen curso legal. Eso significa que, como regla general, deben poder utilizarse para cumplir una obligación de pago.

Ese principio fue respaldado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de enero de 2021, donde se señaló que el pago en efectivo forma parte del sistema monetario y no puede excluirse de forma generalizada.

Pago con tarjeta.

Pago con tarjeta. iStock

Además, en España la legislación de consumo reforzó esa idea en los últimos años. Una reforma introducida en 2021 en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que negarse a aceptar efectivo dentro de los límites legales puede constituir una infracción administrativa.

Eso no significa que cualquier cantidad pueda pagarse en metálico. La normativa antifraude fija límites para evitar operaciones irregulares. Actualmente, las transacciones entre profesionales o empresas y consumidores no pueden superar los 1.000 euros en efectivo.

Fuera de ese límite, el cliente mantiene el derecho a utilizar billetes o monedas en la mayoría de compras habituales.

Derecho a reclamar

La diferencia entre efectivo y tarjeta es importante desde el punto de vista legal. Mientras el dinero en metálico tiene reconocimiento como medio de pago general, la tarjeta no cuenta con la misma obligación.

Por ese motivo, un comercio puede decidir no ofrecer pago con tarjeta o incluso no disponer de datáfono. Desde el punto de vista legal, esa decisión es válida siempre que se comunique de forma clara al público.

Lo que sí puede generar problemas es rechazar el efectivo sin una causa justificada. La normativa de consumo considera esa conducta una posible infracción.

Las sanciones dependen de la gravedad del caso. Cuando se trata de una infracción leve, las multas pueden oscilar entre 150 y 10.000 euros. En situaciones más graves, la cuantía puede aumentar si se demuestra que el negocio obtuvo un beneficio indebido al imponer esa práctica.

Las asociaciones de consumidores aconsejan a los clientes que se encuentren en una situación irregular pedir una hoja de reclamaciones en el propio establecimiento. También pueden presentar la queja ante las autoridades de consumo de su comunidad autónoma.