Pilar (62), pensionista que tiene que compartir piso: "Pago 370 euros por una habitación y vivo peor que muchos indigentes"

Tras toda una vida de trabajo, millones de personas en España esperan que la jubilación sea una etapa de descanso y estabilidad.

La pensión pública debería garantizar, al menos, unas condiciones de vida dignas tras décadas de cotización. Sin embargo, esa promesa no siempre se cumple.

La realidad de muchos jubilados dista mucho de esa imagen. Según datos de la Seguridad Social, la pensión media ronda los 1.300 euros mensuales.

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Pero miles de personas mayores sobreviven con prestaciones muy por debajo de esa cifra, atrapadas en una precariedad que se agrava con el precio de la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida.

Ese es el caso de Pilar Alcobendas, una jubilada de 62 años que en 2023 cobraba una pensión de 484 euros al mes. Con ese ingreso debe hacer frente a un alquiler, gastos básicos y una rutina marcada por la angustia económica. "Con mi pensión vivo en peores condiciones que un indigente", resume.

Una vida 'triste'

Pilar pagaba 370 euros por una habitación en un piso que compartía con otras tres personas y dos perros. Más del 70% de su pensión se va directamente al alquiler. Con poco más de 100 euros intenta cubrir alimentación, medicación, transporte y cualquier imprevisto.

"Dime cómo se puede vivir así", se pregunta en una entrevista concedida a LaSexta Noticias, donde relató su situación con la voz entrecortada. Cada mes es una carrera de obstáculos para llegar al final sin acumular deudas.

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Las condiciones de la vivienda tampoco ayudan. Espacios reducidos, falta de intimidad y una convivencia forzada que nada tiene que ver con la idea de tranquilidad asociada a la jubilación. "Vivo en unas condiciones que ni los indigentes viven", afirma con crudeza.

El impacto no es solo económico. Pilar reconoce que su estado de ánimo ha cambiado por completo. "Era una persona alegre, pero ahora todo es rutina y tristeza", explica. La vergüenza y el dolor la han llevado incluso a alejarse de su familia. "No veo a mis nietos porque no quiero que me vean así", confiesa.

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Para sobrellevar la situación, acude a sesiones de psicólogo siempre que puede. "Salgo con fuerza, con ganas, pero luego vuelvo a la realidad", cuenta. Esa realidad es la de una pensión insuficiente para cubrir necesidades básicas en un país donde el alquiler se ha convertido en el principal problema social.

No es un caso aislado

La historia de Pilar no es una excepción. En España hay cerca de 9,4 millones de pensionistas, pero no todos disfrutan de la pensión media. Miles de jubilados cobran prestaciones mínimas que apenas alcanzan para sobrevivir.

Casos similares han salido a la luz en distintos programas de televisión. Jubilados que aseguran que con 700 euros mensuales no pueden vivir, que deben elegir entre pagar suministros o llenar la nevera.

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"Si tuviera que vivir de eso, tendría que hacer un cursillo para no comer", ironizaba una pensionista en un programa de humor político. Estas situaciones ponen de relieve una brecha creciente dentro del propio sistema de pensiones.

Mientras algunos jubilados mantienen un nivel de vida estable, otros se ven empujados a compartir piso, depender de familiares o renunciar a necesidades básicas. El problema se agrava entre las mujeres, que suelen percibir pensiones más bajas debido a carreras laborales interrumpidas, trabajos a tiempo parcial o salarios inferiores. 

Vivir, no sobrevivir

La pensión de jubilación tiene como objetivo garantizar unos ingresos estables cuando finaliza la vida laboral. Es una herramienta clave del Estado del bienestar. Pero para muchas personas mayores, esa ayuda ya no asegura una vida digna.

El aumento del coste de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades, ha convertido el alquiler en una barrera insalvable para quienes dependen exclusivamente de una pensión mínima. Compartir piso a los 62 años no es una elección, sino una obligación.

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Desde asociaciones de mayores se advierte de que estas situaciones irán en aumento si no se refuerzan las pensiones más bajas y se acompaña con políticas de vivienda específicas para personas mayores con pocos recursos.