Laura (32), funcionaria con un 95% de discapacidad: "Hay quien piensa que tenemos 'privilegios' para aprobar las oposiciones"

Laura Sánchez tiene 32 años, una discapacidad reconocida del 95% y un currículum que desmonta muchos de los prejuicios que todavía rodean a las personas con discapacidad.

Es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado, jefa de sección en la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y activista.

Ella misma cuenta su historia en una entrevista realizada por Fundación Mujeres y refleja lo que ocurre cuando existen apoyos reales y se garantizan derechos.

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"Si luchas por tu meta y cuentas con los apoyos adecuados, todo es posible", resume ella misma. Una frase que no es un lema vacío, sino la conclusión de un camino largo, exigente y profundamente transformador.

Laura convive desde su nacimiento con una artrogriposis múltiple congénita, una condición que afecta a la movilidad de las articulaciones y que le impide escribir con las manos. Escribe con la boca, lo que condiciona cada gesto cotidiano y, también, cada reto académico y profesional al que se enfrenta.

Una oposición al límite

Acceder al empleo público ya es difícil para cualquier persona. En su caso, el desafío se multiplicó, pero no fue un freno. Al contrario, se convirtió en un motor.

Laura decidió opositar en 2019, en un momento de cambio personal. "Decidí opositar justo después de casarme. Tras la boda y el viaje, sentí que era el momento de hacer un cambio en mi vida", explica. Buscaba estabilidad, pero también coherencia con su vocación.

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Había estudiado Administración y Dirección de Empresas y cursado varios másteres vinculados al ámbito de la discapacidad. La Administración General del Estado le pareció el lugar desde el que podía unir ambas cosas.

El proceso no fue rápido. Compaginó el estudio con el trabajo, alargando los plazos y exigiéndose al máximo. A eso se sumó la preparación de un examen que, en su caso, requería adaptaciones específicas.

Laura Sánchez, jefa de sección en la Subdirección General de Diálogo Civil.

"El examen fue muy largo y exigente. Como escribo con la boca, me concedieron el doble de tiempo respecto al estipulado para el resto de los aspirantes", relata. En total, pasó casi todo el día escribiendo, con breves descansos para relajar el cuello y poder continuar.

El desgaste fue enorme. "Fue un esfuerzo enorme, terminé agotada, pero salí contenta porque sabía que lo había hecho bien", recuerda.

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Y así fue. En una oposición con casi 20.000 aspirantes, Laura quedó en el puesto 41. Dentro del cupo de discapacidad, fue la número dos. Un resultado que desmiente, con datos, muchos de los discursos que cuestionan la validez de estos sistemas de acceso.

"El cupo para las personas con discapacidad no es un privilegio, sino una medida para asegurar que estas personas podamos competir en igualdad de condiciones", subraya.

El mito del 'privilegio'

Laura es clara cuando se habla del cupo de reserva. "El temario, las pruebas y los criterios de evaluación son los mismos para todas las personas opositoras", explica. No hay exámenes más fáciles ni exigencias rebajadas.

La diferencia está en las adaptaciones. En su caso, más tiempo y asistencia para pasar las páginas. Ajustes razonables que no alteran el contenido del examen, pero sí eliminan barreras que nada tienen que ver con el conocimiento.

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Sin estas adaptaciones, muchas personas quedarían fuera no por falta de capacidad, sino por obstáculos físicos o estructurales. "Sin estas medidas, muchas de nosotras estaríamos en desventaja", insiste.

En las oposiciones al Cuerpo de Gestión, el 7% de las plazas se reservan a personas con discapacidad, y dentro de ese porcentaje, un 2% a discapacidad intelectual. Un sistema que busca corregir desigualdades previas, no crear ventajas.

Su resultado, además, sirve para desmontar otro estereotipo. "Mi resultado ayuda a desmontar el mito de que el cupo de discapacidad 'regala plazas'", afirma. La exigencia fue exactamente la misma.

Vida autónoma y normal

Hoy, Laura es jefa de sección en la Subdirección General de Diálogo Civil, dentro de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Un puesto que conecta directamente con aquello por lo que lleva años luchando.

Su trabajo implica colaborar con el Consejo de Protectorado de la ONCE, el Consejo Nacional de la Discapacidad y la Oficina de Atención a la Discapacidad. Se encarga del diálogo entre la Administración y el movimiento asociativo, y participa en iniciativas para mejorar la inclusión y garantizar derechos.

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La acogida en su puesto ha sido positiva desde el primer día. "Mis compañeros y compañeras han sido muy cercanos y comprensivos con mis necesidades", cuenta. "Me siento valorada y parte del equipo desde el primer momento", afirma.

Laura está casada, trabaja, tiene una vida independiente y autónoma. Algo que todavía sorprende a muchas personas. "A la gente le parece extraordinario que tenga una vida normal, pero es lo que debería ser normal", reflexiona.