Laia, dueña de una administración de lotería: "Si no existiese el sorteo de Navidad, no llegaríamos a fin de mes"

Durante décadas, las administraciones de lotería han sido sinónimo de estabilidad: pequeños negocios de barrio con ingresos previsibles y una clientela fiel. Algo así como lo que pasaba con los taxis. Sin embargo, ese modelo que recordamos está cada vez más lejos de la realidad.

Con los precios de los décimos congelados desde 2002 y una inflación que ha encarecido drásticamente el coste de vida, la rentabilidad de las administraciones de lotería se ha ido erosionando hasta poner en cuestión su viabilidad. Hoy, más de 4.100 administraciones de lotería operan bajo un modelo que no ha actualizado el precio de los décimos desde 2002.

Para muchos propietarios, mantener la persiana subida ya no es sinónimo de viabilidad económica: los ingresos apenas alcanzan para cubrir alquileres, salarios o medidas de seguridad. En este contexto, la campaña de Navidad ha dejado de ser un impulso puntual para convertirse, en el caso de dueñas de administraciones como Laia, en un auténtico salvavidas financiero.

La rentabilidad de las administraciones de lotería en España

Durante años, las administraciones de lotería han sido percibidas como negocios seguros, con un sinfín de métodos con los que ganar estabilidad económica: juegos instantáneos como rasca y gana, participaciones, recargas de móvil, pagos de recibos, prensa, souvenirs, regalos, artículos de papelería o pequeños productos de conveniencia.

Sin embargo, esa imagen poco tiene que ver con la realidad actual de miles de loteros en España, como Laia. La catalana regenta una administración de lotería en Molins de Rei y, según cuenta en el canal de YouTube de Eric Ponce, las cosas han cambiado drásticamente.

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En el año 2022, el colectivo de apuestas y loterías del Estado, formado por más de 10.900 establecimientos en toda España, denunció estar abandonado y maltratado por SELAE, que los obligaba a vivir en una precariedad insostenible que ponía en riesgo la continuidad de sus negocios.

Tres años después, la situación sigue igual. El sector, según explican los loteros, lleva 20 años con las comisiones congeladas y, como consecuencia, de décimos de 20 euros, ellos únicamente perciben 90 céntimos. El Estado, en cambio, se queda con lo restante.

Como consecuencia, el Sorteo de Navidad se ha convertido en el eje que sostiene el negocio. Ya no es un extra, sino la base que permite cuadrar cuentas durante el resto del año. Cuando esa campaña falla o no alcanza las expectativas, el día a día se vuelve insostenible.

"La Navidad te tiene que dar para cubrir todo el año. Cuando no hay sorteo de Navidad, el día a día no da para pagar las nóminas y el alquiler. No da", comenta Laia.

Tal y como explica, los ingresos ordinarios no bastan para afrontar nóminas, alquileres o gastos fijos, y la sensación de caminar al límite es constante. En España, cada edición mueve más de 3.000 millones de euros en ventas de décimos, y buena parte de ese volumen pasa por las administraciones físicas.

Sin embargo, esa magnitud no se traduce en estabilidad para quienes están al frente de las administraciones, que siguen operando con comisiones y condiciones muy limitadas.

A ello se suman recortes que han reducido aún más los ingresos. Hoy, las administraciones solo pueden pagar premios de hasta 2.000 euros en ventanilla, una medida que, según Laia, ha supuesto perder comisiones relevantes. Premios que antes generaban cierto margen ahora apenas dejan beneficio.

Debido al riesgo que existe, el funcionamiento obliga a los loteros a adelantar dinero de su propio bolsillo. Cada semana compran, gestionan y venden décimos que deben ingresar posteriormente al Estado, que es quien decide después la comisión.

Los billetes se entregan como un préstamo y deben devolverse antes del sorteo; si no, el cargo se realiza directamente al administrador. Un error de cálculo o una mala campaña puede traducirse en pérdidas personales.

En este contexto, acomodarse no es una opción. Laia explica que limitarse a vender a los clientes que cruzan la puerta ya no garantiza la supervivencia, sino que se ve obligada a buscar acuerdos con empresas, asociaciones o clientes externos.

La irrupción de las plataformas digitales y las apuestas online ha acentuado la presión. Para las administraciones tradicionales, esto supone un desafío estructural que obliga a reinventarse sin contar, según denuncian, con un respaldo real por parte del Estado.