Las protestas en Irán dejan a las mujeres en un escenario crítico: el país ejecutó a 60 en 2025, alertan las ONG

La vida en la República Islámica de Irán continúa marcada por la oleada de protestas que, desde el 28 de diciembre, ha movido a miles de personas a tomar las calles del país asiático. Si el detonante de las manifestaciones fue la crisis económica marcada por la inflación y la caída del rial, estas han acabado dando forma a un gran movimiento contra el régimen actual.

Se cumplen 19 días del comienzo de las revueltas ya consolidadas como las más multitudinarias y mortíferas desde 2022, año en que Mahsa Amini murió bajo custodia policial tras su detención por no llevar bien el velo islámico. Iran Human Rights (IHRNGO) cifra en 734 el número de manifestantes asesinados por las fuerzas estatales hasta la fecha.

En ese dato se incluyen, indica IHRNGO, 12 niños y seis mujeres. La entidad, así como otras múltiples organizaciones de derechos humanos al tanto de la actualidad del país, también ha expresado su preocupación por los "miles de iraníes que han resultado heridos" en el contexto de las protestas y por las consecuencias que sus detenciones podrían tener, entre las que se encuentra la pena capital.

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Irán está entre los 55 países que mantienen este tipo de condena en sus legislaciones aunque la gran mayoría no la aplica de manera regular, según Amnistía Internacional. En el caso del Estado asiático, las autoridades han aumentado el uso de esta pena a lo largo de los años, coincidiendo con la consolidación del movimiento Mujer, Vida y Libertad.

La gente camina por una calle mientras estallan protestas en Teherán, Irán, el 2 de enero de 2026. Reuters

Desde entonces, detalla la oenegé, las autoridades han ejecutado al menos a 11 personas en relación con dicho levantamiento, así como ha castigado a activistas como Sharifeh Mohammadi, condenada a muerte en junio de 2024. Como ella, la trabajadora humanitaria Pakhshan Azizi y la disidente Verisheh Moradi corren hoy el riesgo de pasar por el patíbulo.

Pese a las reticencias del régimen de los ayatolás a proporcionar datos completos al respecto, diversas organizaciones han tratado de cuantificar el número de mujeres castigadas con la pena capital en 2025. Según el Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, el año pasado fueron ejecutadas 2.022 personas, de las cuales al menos 47 tenían nombre femenino.

Otras fuentes ofrecen cifras más altas: el observatorio iraní Human Rights Activists (HRA/HRANA) documenta 1.922 ejecuciones, con género identificado en la mayoría de los casos, y cuenta al menos 59 mujeres; el Iran Human Rights Monitor eleva el número a 61, mientras que el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán habla de 64.

Lo que sus distintos informes constatan, dentro de una amplia horquilla en la que las asesinadas se cuentan por decenas, es que han aumentado significativamente respecto a 2024, cuando Irán puso fin a la vida de al menos 31 mujeres, la cifra más alta desde 2008 según los datos de Iran Human Rights (IHR).

Una práctica que no cesa

La pena de muerte en Irán tiene un largo recorrido, pero cambió de forma radical tras la Revolución Islámica de 1979. Hoy es una herramienta central de control político y social, situándose en el podio de las ejecuciones junto con países como Irak, Arabia Saudí o China, a pesar de las crecientes protestas en contra por parte de la ciudadanía.

Una de las más visibles fue la que llevó a cabo en enero de 2024 un grupo de mujeres encarceladas en el centro de Qezel Hesar, en Karaj. Las reclusas iniciaron una campaña de huelgas de hambre conocidas por el lema 'No To Execution Tuesdays' ('No a los martes de ejecuciones') que pronto se extendió por otras prisiones del país, incluida la de Evin, en Teherán.

"La única maquinaria que funciona en el régimen es la represión", expresó entonces la activista y Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que el 15 de diciembre —13 días antes de que estallasen las protestas por la coyuntura económica— fue detenida en un acto en honor al abogado Khosrow Alikordi un año después de ser puesta en libertad condicional.

La intensificación de las protestas abre ahora otro frente de preocupación: el posible repunte de las condenas a muerte como herramienta de castigo ejemplarizante. Desde Amnistía Internacional advierten de que el régimen lleva años recorriendo una “carrera ascendente” en la aplicación de la pena capital.

El actual contexto represivo podría acelerar aún más esa dinámica. "Las autoridades están dejando claro que van a aplicar mano dura sin ninguna cortapisa", explica María Baeza, experta sobre Irán de la organización en España. "La pena de muerte nunca ha servido para frenar ningún delito, pero el régimen insiste en usarla como amenaza".

Manifestación en apoyo a las protestas nacionales en Irán en Roma, Italia, en enero de 2026. Reuters

Aunque muchas de las muertes producidas durante las protestas no se contabilizan formalmente como tales, Baeza recuerda que se trata de ejecuciones extrajudiciales. "Si una autoridad mata a una persona que se manifiesta pacíficamente, eso es una privación arbitraria de la vida, aunque no aparezca en las estadísticas oficiales", asevera la especialista.

La experiencia de años anteriores refuerza ese temor. Tras cada ciclo de movilización social, el Estado iraní ha respondido con juicios sumarios, confesiones forzadas y condenas por delitos como la enemistad contra Dios (mohareb), una figura jurídica que permite imponer la pena máxima con enorme discrecionalidad.

Ya en enero se dio a conocer la decisión de la Fiscalía General de considerar enemigos de Alá a todas las personas que se manifestaran en las calles iraníes, a las que también han salido "No tenemos indicios de que el régimen vaya a moderarse", admite Baeza. "Si se impone por la fuerza, es difícil pensar que reduzca el uso de la pena de muerte".

La doble lucha femenina

Sin embargo, la represión sistemática del régimen de los ayatolás no cala del todo y frente a ella está la voluntad de las mujeres de rebelarse contra las restricciones con acciones aparentemente cotidianas como bailar o cantar en público, algo que desde 1979 no pueden hacer en presencia de hombres, lo que marginó el trabajo de miles de artistas en el país.

Hoy, en redes sociales circulan vídeos de jóvenes rapeando contra el régimen, grabaciones de mujeres quemando imágenes del máximo líder, Alí Jamenei, o mensajes de desafío lanzados durante los apagones de internet impuestos por las autoridades. Acciones simbólicas que reflejan el clima de hartazgo de una generación que ha crecido bajo la vigilancia constante.

Para María Baeza, este escenario se explica por una acumulación de factores previos. "Las mujeres llevan tiempo intentando conseguir expresarse con libertad y hacer una vida normal", señala, recordando que la represión actual no es un fenómeno aislado, sino la continuación de un proceso que se intensificó tras las protestas de 2022.

Según detalla, ya el año pasado las autoridades iraníes pusieron en marcha lo que denominaron un "proyecto" específico para hacer frente a ese intento de liberación femenina. Este se tradujo en un endurecimiento de las penas y en medidas "mucho más contundentes y estructuradas", con un funcionamiento sistemático frente a cualquier acción organizada por ellas.

Menciona, entre otras prácticas, la creación de unidades destinadas a vigilar y "reeducar" a quienes deciden dejar el velo, así como castigos contra aquellas que buscan una mayor autonomía. Bajo el Plan Noor, las patrullas han intensificado su presencia en universidades y espacios públicos, con detenciones arbitrarias, agresiones físicas y humillaciones.

Paralelamente, el Estado ha recurrido a tecnologías de vigilancia digital, incluidos drones, sistemas de reconocimiento facial y aplicaciones móviles para reportar a mujeres cometiendo infracciones, todo ello con el objetivo de amplificar un sistema de control que va más allá de la represión en las calles.

Una mujer iraní camina por la calle en Teherán. Reuters

En ese contexto, la participación femenina en las protestas actuales tiene un coste añadido. "Ellas se exponen a todo lo que se exponen los hombres —violencia física, detenciones arbitrarias— pero además al riesgo de las agresiones sexuales y la humillación sistemática", advierte Baeza.

Además, en los últimos meses se han documentado confesiones de mujeres y niñas "obtenidas bajo coacción", en las que reconocen delitos contra el Estado. "Somos conocedores incluso del caso de una niña de 16 años que reconoció en una grabación haber liderado disturbios contra el Estado", lamenta Baeza.

El marco legal contribuye a esa vulnerabilidad. En Irán, añade la especialista, "no hace falta cometer un delito grave para enfrentarse a una condena extrema. Cualquier comportamiento que el régimen considere una ruptura del sometimiento femenino puede leerse como una ofensa religiosa".

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Más allá de la represión en las calles, las mujeres siguen viviendo bajo leyes que limitan su autonomía desde la infancia. El matrimonio infantil es legal a partir de los 13 años, la violencia dentro del ámbito familiar no está tipificada como delito y las mujeres necesitan el consentimiento masculino para decisiones clave como viajar o divorciarse.

El apoyo internacional se convierte, en este escenario, en un elemento clave: "Uno tiene la impresión de que los gobiernos ignoran la presión exterior, pero todos intentan que no se sepa lo que ocurre dentro de sus fronteras", señala. De ahí los apagones de internet, la censura informativa y la persecución de activistas dentro y fuera del país.

"Es fundamental que se siga hablando de Irán y que la población sienta que no está sola", añade Baeza. Mientras las autoridades redoblan la represión, las iraníes lideran paralelamente una lucha que va más allá de la coyuntura actual. Una por la dignidad y el derecho a decidir sobre sus vidas en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de la República Islámica.