La UE condiciona las ayudas al coche eléctrico en su ley 'Made in Europe': exigirá un 70% de piezas comunitarias

La introducción de este requisito de ‘Made in Europe’, impulsado sobre todo por Francia, marca un giro en la doctrina económica de la UE, tradicionalmente basada en la apertura comercial. De ahí que la propuesta haya despertado recelos en países como Alemania o entre los socios nórdicos, además de inquietud en socios comerciales clave como Reino Unido o Japón.

"Nuestro objetivo es claro: devolver a la industria al 20% del PIB europeo para 2035, frente al 14% actual", ha proclamado el vicepresidente de la Comisión responsable de Estrategia Industrial y autor intelectual de la norma, el francés Stéphane Séjourné.

Los proveedores de automoción exigen a Bruselas un contenido local mínimo del 75% para los vehículos 'Made in Europe'

"Ante las subvenciones masivas de algunos competidores, ante las distorsiones del mercado, nuestras empresas juegan con desventaja en su propio terreno de juego: Europa. ¿Cómo explicar a nuestros ciudadanos que la descarbonización es una oportunidad si nuestras baterías se fabrican en China?", denuncia Séjourné.

Pero debido a las discrepancias internas, al final, el ámbito de aplicación de la norma se ha reducido a un puñado de sectores considerados estratégicos. El principal es el automóvil, que está sufriendo con la transición al vehículo eléctrico. Bruselas confía en que la Ley sirva para frenar el deterioro del sector y revertir la tendencia actual. De lo contrario, advierte, podrían perderse hasta 600.000 empleos en los próximos cinco a diez años.

Para lograr los beneficios de la etiqueta 'Made in Europe', como las primas a la compra, los coches eléctricos deberán tener un 70% de componentes fabricados en territorio comunitario, mientras que su batería deberá tener al menos 3 componentes hechos en la UE, incluyendo las celdas. Estos requisitos se aplicarán seis meses después de la entrada en vigor de la norma. 

A los tres años, las exigencias se endurecen: al menos cinco componentes de la batería deberán fabricarse en Europa, incluido el material activo del cátodo. Para el resto del vehículo se mantiene el requisito de un 70% de piezas comunitarias, aunque con dos condiciones adicionales: al menos el 50% del tren de potencia eléctrico y el 50% de los sistemas electrónicos deberán producirse también en Europa.

El objetivo es concentrar en el continente la fabricación de los componentes más estratégicos del coche eléctrico.

Los otros dos sectores cubiertos por la Ley de Aceleración Industrial son las industrias intensivas en energía -acero, aluminio y cemento- y las tecnologías limpias, desde aerogeneradores y electrolizadores hasta bombas de calor, nuclear, baterías, almacenamiento energético o paneles solares.

Por ejemplo, en proyectos de construcción financiados con dinero público se exigirá: un 20% de acero comunitario bajo en carbono, un 25% de cemento bajo en carbono producido en Europa y un 25% de aluminio bajo en carbono.

Las plantas de la UE cubiertas por la Ley de Aceleración Industrial Comisión Europea

Las autoridades pueden ignorar estos requisitos si el producto no está disponible en el mercado europeo o si el cumplimiento genera un aumento de precio superior al 20%.

Bruselas sostiene que las condiciones del 'Made in Europe' no restringen el acceso al mercado ni la libertad de elección de los consumidores, sino que buscan garantizar que el dinero de los contribuyentes beneficie a las empresas y a los trabajadores europeos.

En este sentido, la Ley establece que los países extracomunitarios que tengan acuerdos con la UE en materia de contratación pública -los llamados socios fiables- se beneficiarán de un "trato comprable" al de los contenidos de origen europeo.

Aunque la norma no incluye una lista cerrada, esta cláusula cubriría a países como Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, Reino Unido, Ucrania y el resto de países candidatos, mientras que dejaría fuera a EEUU y China.

Inversiones chinas

De hecho, las inversiones directas chinas en sectores estratégicos europeos estarán sujetas a condiciones estrictas en la nueva Ley de Aceleración Industrial para evitar que Europa se convierta simplemente en una "línea de ensamblaje" y garantizar que estos proyectos generen valor local real.

Estas restricciones se aplicarán a inversiones de al menos 100 millones de euros procedentes de países que concentran más del 40% de la capacidad de producción mundial en ámbitos como las baterías, los vehículos eléctricos, los paneles solares o las materias primas críticas.

Para obtener luz verde, los proyectos deberán cumplir al menos cuatro de seis requisitos, entre ellos uno obligatorio: que al menos el 50% de los trabajadores sean europeos.

El resto de condiciones incluyen limitar la participación del inversor extranjero a menos del 49%, favorecer la transferencia de tecnología, destinar parte de los ingresos a I+D en Europa, garantizar un mínimo de componentes europeos y demostrar una contribución real a la cadena de valor local.

El cumplimiento de estas reglas se controlará a través de los mecanismos nacionales de supervisión de inversiones, con la Comisión Europea como árbitro final. Bruselas podrá abrir investigaciones por iniciativa propia -y deberá hacerlo automáticamente en operaciones superiores a 1000 millones de euros- e imponer sanciones si las empresas incumplen los compromisos adquiridos.

La Ley de Aceleración Industrial tiene que ser debatida y aprobada tanto por la Eurocámara como por los Gobiernos de los 27, por lo que todavía podría sufrir cambios importantes en su tramitación.