Unos gatos de colonias felinas.
Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los vecinos reubicar las colonias de gatos callejeros
La abogada especialista Cristina Ibáñez aclara las claves del método CER y advierte de que eliminar o envenenar a los gatos comunitarios constituye un delito tipificado en el Código Penal.
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Durante años, las personas que alimentaban y cuidaban a los gatos callejeros en España han sufrido incomprensión, presiones e incluso amenazas por parte de vecinos o administraciones locales.
Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha cambiado de forma radical las reglas del juego en todo el territorio nacional, situando la responsabilidad de estas poblaciones de felinos bajo la tutela directa de las instituciones públicas.
La abogada experta en derecho animal Cristina Ibáñez resume la situación con contundencia: "La respuesta corta: en España, las colonias felinas gestionadas correctamente están protegidas por ley".
Y añade: "La respuesta larga —la que de verdad importa cuando alguien intenta retirarlas o hacerles daño— es que existe una guía legal clara para defenderlas".
Un suelo común para todo el país
La nueva legislación nacional supuso un hito al unificar los criterios que antes dependían de la buena voluntad de algunos municipios o comunidades autónomas.
La norma estatal introdujo la figura legal del "gato comunitario", definiéndolo como aquel animal que vive en libertad, vinculado a un territorio concreto y que depende de ese entorno humano para subsistir, compartiendo la misma protección jurídica que un gato doméstico de hogar.
![Un perro en una manifestación.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11369102.jpg?p=w:320\/h:240&h=OwwnzgiR"])
Para controlar estas poblaciones de forma ética, la ley reconoce de forma exclusiva el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).
"Es el único método de control poblacional que la ley reconoce como válido. Se captura al gato, se le esteriliza mediante cirugía veterinaria, se le identifica con microchip a nombre del ayuntamiento y se le devuelve a su colonia", explica la letrada.
La responsabilidad es exclusiva de los ayuntamientos
El marco legal atribuye la titularidad y gestión de estas poblaciones felinas a las administraciones locales. Son los consistorios los que deben censar a los animales, colaborar con las entidades de protección animal y financiar su atención veterinaria.
Ibáñez es categórica al señalar el deber de los municipios: "La responsabilidad de los gatos en colonias es exclusiva de los ayuntamientos. Si no se hacen cargo, es una negligencia que puede ser grave".
Asimismo, recuerda que una colonia gestionada no se puede eliminar por capricho: "La ley solo permite la reubicación de una colonia en circunstancias excepcionales, cuando exista un riesgo real y verificado para la salud pública o la biodiversidad, y nunca como una decisión arbitraria de un vecino o una comunidad de propietarios".
Los conflictos en las comunidades de vecinos
La mayoría de los problemas en el día a día no surgen por el derecho de la colonia a existir, sino por fricciones de convivencia en fincas privadas o zonas comunes.
![Un gato naranja encima de su dueño.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11362074.jpg?p=w:320\/h:240&h=h9gGGO4o"])
Muchas juntas de propietarios intentan prohibir la entrada de las cuidadoras o retirar los comederos sin tener atribuciones para ello.
"La ley no da a una comunidad de propietarios potestad para eliminar una colonia reconocida por el ayuntamiento, aunque sí puede regular aspectos de convivencia como la ubicación de los comederos o los horarios de limpieza", puntualiza Ibáñez.
Del mismo modo, la abogada advierte sobre las consecuencias de tomar la justicia por su mano: "Agredir, envenenar o hacer desaparecer a los gatos de una colonia protegida no es resolver un problema del vecindario. Es una infracción, y puede llegar a ser un delito si la conducta encaja en el maltrato animal tipificado en el Código Penal".
Pasos para proteger una colonia
Para quienes atienden a estos animales a diario, la recomendación principal es comprobar que la colonia figura en el censo municipal y guardar registros de las esterilizaciones.
Si surgen amenazas o conductas violentas, la indicación es clara: documentar los hechos con fotos y testigos para ponerlo en conocimiento de la Policía Local o el SEPRONA.
Esta situación contrasta con la realidad de países como México o Colombia, donde no existe aún una ley federal equivalente que unifique el método CER a nivel nacional.
![Caroline Arrú.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11374802.jpg?p=w:320\/h:240&h=lSk8_2bB"])
En México, la gestión depende de ordenanzas municipales o estatales de bienestar animal, mientras que en Colombia la Ley 1774 de 2016 sanciona el maltrato animal en general, dejando la gestión de las colonias en manos de acuerdos locales y fundaciones.
En palabras de Cristina Ibáñez, el principio fundamental trasciende fronteras: "Una colonia gestionada con esterilización y cuidado responsable no es un problema que haya que solucionar eliminándola"
Y concluye: "Es una forma de control poblacional reconocida como eficaz y ética. Si alguien te dice que la colonia no puede estar ahí, la ley, en la mayoría de los casos, dice justo lo contrario".
