Una chica abrazando a un delfín.
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Es oficial: el Real Decreto 1727/2007 prohíbe acercarse a menos de 60 metros de los delfines de forma intencionada
A raíz del caso de Torrevieja, analizamos por qué la Ley de Bienestar Animal no ampara a estos animales, aunque existe una legislación específica para la protección de los animales acuáticos.
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Un vídeo viral grabado en la costa de Torrevieja encendió las alarmas hace unos días. En las imágenes se apreciaba con claridad cómo varias motos de agua perseguían, acorralaban y cruzaban sus trayectorias frente a un grupo de delfines.
La indignación social fue inmediata. Sin embargo, más allá del reproche moral y del evidente estrés causado a los cetáceos, el suceso abre un debate legal tan profundo como desconocido para el ciudadano de a pie: ¿qué ley protege realmente a estos animales en España?
Cuando pensamos en la mediática Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023), aprobada con gran estruendo mediático, a la mayoría de las personas se nos viene a la mente el abandono de perros, las colonias felinas o la prohibición de exhibir animales en tiendas.
Existe la falsa percepción de que esta norma es un paraguas absoluto que ampara a cualquier ser vivo sintiente dentro de nuestras fronteras. Pero la realidad jurídica es muy distinta.
La gran exclusión
El caso de Torrevieja es el ejemplo perfecto de un choque de competencias normativas. Quienes acosaron a los delfines a lomos de sus motos de agua no podrán ser sancionados bajo los mecanismos de la Ley de Bienestar Animal.
¿El motivo? Esta legislación estatal está explícitamente diseñada para regular a los animales domésticos y de compañía. La fauna silvestre en su hábitat natural queda completamente fuera de su ámbito de aplicación.
Para encontrar las herramientas de castigo ante esta irresponsabilidad marina hay que bucear en una arquitectura legal previa y mucho más específica.
La protección de los delfines en nuestras costas recae sobre el Real Decreto 1727/2007, por el que se establecen medidas de protección de los cetáceos, en combinación con la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Este Real Decreto, desconocido por el gran público pero plenamente vigente, prohíbe de forma taxativa conductas que para muchos turistas parecen "divertidas".
No se puede nadar con ellos, no se les puede alimentar, está prohibido cortarles la trayectoria y, de forma general, no está permitido acercarse a menos de 60 metros de los animales de forma intencionada (lo que se conoce como el "Espacio de Exclusión").
Las sanciones económicas por vulnerar estas zonas, especialmente si se producen en áreas de especial conservación, pueden llegar a ser astronómicas, superando con creces las multas habituales por maltrato doméstico.
Seres sintientes
La "sintiencia" —la capacidad de sufrir y sentir dolor o estrés— es exactamente la misma en un perro que en un delfín mular.
![Charles Vinick y Keiko, la orca macho que protagoniza la película Free Willy, en Islandia.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11145929.jpg?p=w:320\/h:240&h=ALi-OuBH"])
Desde esta perspectiva, fragmentar las leyes según el hábitat del animal diluye el mensaje educativo y confunde a la población, que asume erróneamente que lo que ocurre en el mar es una "infracción administrativa menor" y no un acto flagrante de crueldad.
Aunque la fauna salvaje no necesita planes de vacunación, necesita conservación, gestión de ecosistemas y la preservación estricta de sus hábitats frente a la presión humana. El bienestar de un delfín no se mide en si está bien alimentado por el ser humano, sino en la ausencia absoluta de interferencia humana en su entorno.
Educación náutica y concienciación
El suceso de Torrevieja demuestra que el endurecimiento de las leyes medioambientales sirve de poco si quienes alquilan una moto de agua desconocen por completo el Real Decreto de protección de cetáceos.
Mientras el debate sobre si la Ley de Bienestar Animal debe o no expandir sus fronteras hacia el océano sigue abierto, la solución inmediata pasa por la pedagogía.
El mar no es un parque de atracciones sin normas, y el estrés acústico o el riesgo de atropello que sufren los cetáceos por el turismo irresponsable de recreo debe empezar a tratarse con la misma gravedad social —y penal— con la que hoy castigamos el maltrato en tierra firme.
