Mis hijos no podrán comprar una vivienda. Motivo 4: los funcionarios no tienen Erasmus.
Advertencia: este no es un artículo contra los funcionarios, sino contra un modelo administrativo que ya no sirve para gestionar la complejidad del mundo en que vivimos.
Me repito más que el ajo cuando hablo de vivienda: no estamos ante un problema simple, y por lo tanto no se arregla repitiendo consignas, identificando a un villano al que culpar, ni aprobando una ley con un título muy bonito esperando a que la realidad, conmovida por la solemnidad del BOE, se pliegue dócilmente a nuestras buenas intenciones.
En esta serie ya expliqué que las promotoras no tienen dinero, que la movilidad y la integración territorial importan más de lo que muchos quieren reconocer porque les descuadra una narrativa bastante ingenua, y que el sector de la construcción necesita innovar de verdad si quiere pasar al siguiente ciclo inmobiliario y no seguir produciendo vivienda cara con procesos antiguos. Pero hay algo de lo que se habla poco y condiciona todo lo demás: la Administración pública no solo no ayuda a resolver los problemas del tiempo histórico que nos ha tocado vivir, sino que los aumenta.
Lo malo es que esto no afecta solo a España, sino a toda Europa. Lo bueno es que esto no afecta solo a España, sino a toda Europa. Lo reconozco: ¡me apasionan las contradicciones!
La Administración que tenemos nació para gestionar intereses sociales y económicos legítimos mediante normativas sectoriales que dieran forma jurídica a cada uno de ellos. Pero hoy vivimos en sociedades más complejas, más veloces y mucho más enredadas en capas superpuestas de información, competencias sectoriales y conflictos de intereses.
Ante esa complejidad, nuestra respuesta ha sido la de siempre: crear una cautela y una nueva capa de control para cada nuevo problema o disfunción. Esto ha generado una arquitectura administrativa que, en lugar de resolver conflictos, los genera.
A quien esté dispuesto a pensar por su cuenta, le recomiendo que deje a un lado el lenguaje ideológico y atienda al lenguaje de la escala. Es ahí -en la escala empresarial, energética, ambiental, migratoria, demográfica y urbana- donde se entienden mejor los problemas contemporáneos y la necesidad de soluciones nuevas.
Pongámonos en la tesis de quienes creen que el problema es el exceso de regulación. Supongamos que se pudiera construir en cualquier parte del territorio sin ningún tipo de restricción, que es lo que dicen los que no conocen la complejidad del urbanismo y el sector inmobiliario (aunque muchos de ellos se dediquen a él). Su lógica es la siguiente: si hay pocas viviendas es porque hay poco suelo donde construir, luego la solución es poder construir en todas partes.
A quien plantea esta correlación tan simplona les suelo decir que, si no hubiera restricciones normativas para construir en cualquier parte, le animaría a que lo intentara. A ver quién es capaz de construir un barrio de viviendas en cualquier parte del territorio sin comprobar si se puede inundar, si pasan líneas eléctricas de alto voltaje por encima o tienen debajo restos arqueológicos.
Y sobre todo, a ver si es capaz de construir sin la garantía de suministro de agua, depuración y energía eléctrica, amén de la disponibilidad de servicios urbanos básicos y conexiones a la red viaria. Porque ojo, lo que no vale es construir en cualquier parte, y que yo tenga que pagar a través de mis impuestos, los accesos viarios y los suministros a donde Cristo perdió el sombrero, si eso no se ha planificado y se han armonizado los intereses de todos los demás actores sociales que tienen algo que decir.
Como decía, el problema es de escala, y si una vivienda aislada para una sola persona viviendo idílicamente en el campo es una cosa, pensar en escala urbana es otra cosa totalmente distinta. La regulación está para garantizar la protección de los recursos e infraestructuras, garantizar la ordenación de los suministros y repartir los gastos entre todos los agentes y actividades económicas que aspiran a ellos.
Porque en esta serie hablo de vivienda, pero los intereses de la industria, del sector agropecuario, del turístico y del logístico entre muchos otros, no siempre coinciden con los intereses del sector inmobiliario residencial, y por eso también, es necesario regularlos mediante normativas que pongan orden en el gallinero de los legítimos intereses económicos, territoriales, urbanos, de seguridad jurídica, derecho de propiedad, cohesión social y acceso a la vivienda.
Ojalá el problema fuese la regulación, porque entonces la solución sería tan fácil como eliminarla. El problema es la complejidad, y la solución pasa por entenderla y gestionarla.
No tiene ningún sentido que el órgano de Carreteras, por ejemplo, tarde un año en remitir la línea de expropiación georreferenciada para incorporarla a un planeamiento, y que ese mismo organismo tarde otro año en emitir un informe preceptivo sobre un planeamiento urbanístico que depende de esa misma información. Eso no es una garantía del Estado de Derecho, sino una forma sofisticada de perder el tiempo.
Si los datos fuesen accesibles, interoperables y estuviesen bien estructurados, una parte muy importante del cotejo de cumplimiento sectorial podría hacerse de forma automática, rápida, trazable, verificable y apoyada en datos públicos disponibles.
La tecnología ya permite comprobar en segundos si una geometría invade una afección sectorial, si una alineación incumple una servidumbre o si una volumetría encaja o no dentro de unos parámetros previamente definidos, ¿por qué seguimos entonces obligando a funcionarios cualificados a revisar manualmente operaciones que una máquina puede hacer mejor? Pues porque hacer una transformación de fondo en la Administración cuesta tiempo, neuronas y dinero, pero no da votos. Y no da votos, porque los votantes preferimos quejarnos de que los funcionarios son unos inútiles en lugar de exigir que la Administración se modernice.
En España hablamos mucho de digitalización, pero lo que de verdad estamos haciendo es burocracia con pantalla. Se ha cambiado el sello de entrada por la firma electrónica, pero mantenemos el proceso. Subimos PDFs a plataformas, pero no generamos sistemas interoperables de datos. Creamos sedes electrónicas, pero mantenemos intacta la lógica fragmentada, secuencial y defensiva del expediente tradicional. Es decir, no hemos digitalizado la inteligencia del sistema, sino que hemos cambiado el soporte.
Tenemos que entender que los retrasos administrativos cuestan dinero. Ese coste lo paga el promotor, pero lo repercute en el precio de la vivienda.
Pero hay algo más perverso en este sistema, y es que desperdicia el talento de muchísima gente dentro de la propia Administración. No digo que todos los empleados públicos sean fantásticos, pero tampoco todos los futbolistas, ingenieros o taxistas lo son. De todo hay en la viña del Señor, como dice mi madre. Pero hay muchos funcionarios con auténtica vocación de servicio público y ganas de aportar y mejorar. Un funcionario no debería dedicar su jornada a buscar un expediente para enviárselo a un interesado, ni a cotejar a mano si la documentación aportada coincide con la que obra en otro departamento, ni a repetir tareas mecánicas y aburridas que un sistema bien diseñado podría resolver automáticamente. Eso lo puede hacer una máquina.
Lo que no puede hacer una máquina es pensar cómo desbloquear un expediente difícil, cómo armonizar intereses públicos en conflicto, cómo anticipar efectos no evidentes de una ordenación, cómo encontrar una solución creativa a un problema singular o cómo interpretar inteligentemente una norma cuando la realidad no cabe del todo dentro de sus casillas. Esa debería ser la tarea de un funcionario: hacer que las cosas funcionen.
Pero si a esos perfiles los ponemos durante diez o quince años a hacer lo mismo, rodeados de las mismas inercias, en el mismo edificio, en la misma mesa y con las mismas rutinas, lo que terminaremos destruyendo será exactamente aquello que más necesitamos de ellos: su inteligencia, su creatividad y su impulso de servicio público.
Tengo la sensación de que estamos reservando a las máquinas el prestigio de la innovación y a las personas el castigo de la rutina. La prueba está en cómo se siguen seleccionando los funcionarios que deben velar por el interés general: en lugar de valorar capacidad de gestión, trabajo en equipo, empatía o creatividad, se premia la capacidad para memorizar leyes que la mayoría de aspirantes olvidará el mismo día que gane su plaza. Que yo sepa, esa forma de convocar oposiciones no está escrita a fuego en la Constitución. Es perfectamente posible adaptarla a las necesidades contemporáneas.
Debemos exigir a los políticos que transformen la Administración, no que eliminen regulación. Pero para que la transformación sea posible, es necesario contar con quienes tienen que llevarla a cabo: los empleados públicos. Por eso en este artículo hago una propuesta muy concreta: la creación de un programa Erasmus para funcionarios. La construcción de Europa pasaba por la creación de una identidad común. Un reto como éste, después de siglos de guerras religiosas y culturales, era un objetivo tremendamente ambicioso. Pero a grandes problemas, grandes soluciones, y gracias a una mujer intelectualmente ambiciosa como la italiana Sofía Corradi, en apenas dos décadas, el programa Erasmus para estudiantes consiguió que Europa fuese un lugar común para todos los europeos gracias a la circulación de ideas, experiencias y novietes. La Administración que necesitamos requiere una propuesta igual de disruptiva: un programa que permitiera a los trabajadores públicos con inquietud y ganas de aprender, pasar un tiempo en otras administraciones.
De este modo se favorecería la circulación de ideas, el contraste institucional, la apertura mental, la exposición a otras formas de hacer, la mezcla de perfiles, el aprendizaje cruzado, la movilidad y la renovación del lenguaje y del marco mental desde el que se piensa la gestión pública. Porque una Administración cerrada sobre sí misma termina creyendo que su manera de hacer las cosas es la única posible.
El problema de la vivienda lo pone dramáticamente de manifiesto, pero no es el único campo donde ocurre. Lo vemos en sanidad, en educación, en movilidad, en empleo y en tantos otros ámbitos en los que la complejidad contemporánea exige algo más que procedimientos heredados y funcionarios exhaustos atrapados en una cadena de tareas que ningún equipo de gobierno, de ninguna escala territorial, parece tener el coraje intelectual de replantear.
Para agradecer a nuestros mayores la gran tarea que realizaron creando la Administración que nos ha traído hasta aquí, deberíamos empezar a pensar cómo inventar una nueva Administración que lleve a nuestros hijos hacia un futuro posible. No hablo de crear una utopía, sino de evitar una distopía.
