La palabra “inmovilidad” suena casi inocente. Como si describiera una pausa prudente, un compás de espera. Pero no: la inmovilidad en la vida pública se parece más a una enfermedad crónica que a un descanso.

Se instala, se normaliza, y cuando queremos darnos cuenta hemos aceptado que lo decisivo no se decide, que lo urgente se aplaza y que lo importante se degrada a espectáculo. El problema no es que discutamos: una democracia sin conflicto es un decorado. El problema es que hemos confundido el conflicto con la imposibilidad de acordar, y la discrepancia con la renuncia al bien común.

Conviene mirar a Habermas y recuperar una idea incómoda: la democracia solo funciona si los ciudadanos asumen su responsabilidad en la formación de la opinión pública. Habermas no nos ofrece un manual de buenas maneras parlamentarias; nos coloca un espejo: cuando la conversación pública se degrada, no es solo culpa de “ellos”, de los representantes.

Es también culpa de “nosotros”, los representados, si aceptamos vivir en una esfera pública dominada por el ruido, el prejuicio y la consigna, en lugar de por razones, hechos y escucha. Su tradición de “opinión pública” y deliberación insiste en que el poder debe ser revisable ante la instancia de la opinión pública, no aclamado por una notoriedad fabricada.

Y, sin embargo, hoy parece que hemos cambiado el ágora por el carrusel. Opinamos sin informarnos, sentenciamos sin comprender, reducimos a caricatura al que piensa distinto. Y, cuando eso pasa, aparece una tentación cómoda: callar.

En una columna anterior (sí, ya sé que la “autocita” es un pecado, pero sucumbo a la tentación) defendía que el silencio debe tener límites, y alertaba del riesgo de la autocensura y de la “espiral del silencio”: callar por miedo al rechazo. Si dejamos que el miedo marque la conversación, la democracia se nos queda sin oxígeno. Porque en nuestro mundo —repito— lo que no se expresa no existe.

Pero hablar no basta. Hay que hablar con sustancia, con propuesta. Hablar de lo mal que lo hace “el otro” es un narcótico: te permite sentirte lúcido mientras todo sigue igual. Y el inmovilismo se alimenta de eso: de ciudadanos que se resignan, y de representantes que se acomodan en la lógica del corto plazo, del titular, del bloqueo rentable.

Por eso el objetivo no puede ser “que se lleven bien”, como si la política fuera una cena familiar. El objetivo debe ser exigir consensos básicos: acuerdos mínimos, verificables y estables, sobre aquello que no debería depender del calendario electoral.

Educación, sanidad, vivienda, justicia, energía, agua, productividad, ciencia, seguridad jurídica. No “pactos de foto”, pactos de estructura. La pregunta no es si es posible; la pregunta es qué precio estamos pagando por no intentarlo.

La tesis de Acemoglu —popularizada en Why Nations Fail, y reforzada por décadas de investigación sobre instituciones— es brutalmente sencilla: los países prosperan cuando construyen instituciones inclusivas y fracasan cuando se quedan atrapados en instituciones extractivas, diseñadas para beneficiar a una minoría y bloquear la competencia, la innovación y la movilidad social.

No es una discusión académica: es bienestar, salarios, oportunidades, confianza, inversión, calidad de servicios públicos. Si queremos escapar de la inmovilidad, necesitamos políticas que no sean solo “decisiones”, sino reglas del juego que distribuyan poder, incentivos y responsabilidades de manera más abierta y equitativa.

La corrupción en la política y en los negocios se apoya en mecanismos extractivos, aunque vistamos al sistema de instituciones supuestamente inclusivas porque estamos en una supuesta democracia.

¿Y cómo se empuja eso cuando el sistema se protege a sí mismo? Creo que hay un ejemplo que deberíamos recuperar más a menudo: la Carta 77 en Checoslovaquia. Un grupo pequeño —241 firmantes en su presentación pública— se atrevió a pedir algo que el régimen decía respetar pero incumplía: sus propias leyes y compromisos en derechos humanos (incluidos los Acuerdos de Helsinki).

No fue una “mayoría”. Fue una minoría persistente. Y, precisamente por eso, su fuerza no estaba en la aritmética, sino en la legitimidad moral y en la disciplina de lo concreto: señalar incumplimientos, sostener una red, resistir la represión, abrir un espacio semipúblico donde antes solo había resignación privada. Un pequeño movimiento puede cambiar las cosas cuando acierta con el punto de apoyo: la coherencia, el ejemplo, la constancia.

España no vive bajo un régimen de partido único, pero sí bajo una cultura peligrosa: la de aceptar que el desacuerdo es irreversible y que el adversario es ilegítimo. Y esa cultura es corrosiva. Porque, sin mínimos compartidos, la política se convierte en una guerra de trincheras y la administración en un terreno minado. Lo más grave no es la polarización; lo más grave es el bloqueo como estrategia, la parálisis como método y la desconfianza como combustible.

Por eso, reclamar a nuestros representantes la obligación de buscar consensos no es ingenuidad: es higiene democrática. Y reclamarlo no significa pedir tibieza. Significa pedir madurez. Significa decirles: “Compitan en su visión del país, sí; pero acuerden lo imprescindible para que el país funcione”. Significa pasar del “¿quién gana hoy?” al “¿qué se sostiene mañana?”.

Para que esto no se quede en sermón, necesitamos un giro ciudadano deliberado, casi artesanal, en la forma de construir opinión pública. Hélène Landemore defiende una democracia más abierta donde ciudadanos corrientes participen de manera más directa y deliberativa en la toma de decisiones, combinando representación con mecanismos de participación informada.

Su punto no es romantizar a “la gente”, sino recordar algo esencial: cuando amplías de forma inteligente quién delibera, aumentas la diversidad de perspectivas, reduces el secuestro por minorías intensas y mejoras la legitimidad de los acuerdos. Puede sonar utópico, pero se necesitan ciudadanos comprometidos más allá del ámbito de los partidos.

En otras palabras: si queremos consensos, necesitamos métodos para producirlos. No basta con pedirlos. Hace falta exigir: (1) reglas de negociación transparentes, (2) evaluación pública de impactos, (3) métricas y plazos, (4) rendición de cuentas, (5) participación deliberativa real en grandes reformas. Y hace falta, sobre todo, un cambio cultural: dejar de premiar al que humilla y empezar a premiar al que construye.

Reclamo nuestra Carta 77, como movimiento cívico: menos dogma, más reflexión; menos pose, más trabajo; menos queja, más propuesta; menos silencio, más palabra responsable; menos bloqueo, más construcción. Si Habermas nos pide asumir responsabilidad en la opinión pública, la traducción práctica es sencilla y exigente: informarnos mejor, hablar mejor, escuchar mejor, y reclamar mejor.

Reclamar, sí. Pero no como quien grita desde la grada. Reclamar como quien recuerda a los suyos —a nuestros representantes— que su mandato no es encender fuegos, sino garantizar condiciones de posibilidad: instituciones inclusivas, acuerdos básicos, y una conversación pública digna de una sociedad adulta.

Porque la inmovilidad no se rompe con una indignación pasajera. Se rompe con un compromiso sostenido. Y, a veces, basta con que unos pocos empiecen —como en la Carta 77— para que muchos recuerden lo que habían olvidado: que la democracia no es un servicio que se consume; es una tarea que se ejerce.