La pobreza —como la decadencia— es un proceso lento, acumulativo y, durante demasiado tiempo, silencioso. Cuando finalmente se hace visible, el deterioro ya es profundo y difícilmente reversible. España no es una excepción a esta regla histórica.

La frase que da título a este artículo se la escuché recientemente a Marc Vidal, economista particularmente certero en sus análisis. Puesta en contexto, resume con precisión el proceso de decadencia que afecta hoy a España.

Ya en 1918, Oswald Spengler formuló en La decadencia de Occidente que el declive de una civilización no es un acontecimiento súbito, sino un proceso lento y a menudo imperceptible de deterioro estructural, cultural e institucional.

Un proceso caracterizado por la pérdida progresiva de poder, cohesión social y niveles de vida, que se manifiesta en la erosión de las instituciones, el agotamiento económico, la polarización política y el declive moral. La decadencia, advertía Spengler, suele ser la antesala del colapso.

El ejemplo histórico más claro es el del Imperio romano. Roma no cayó porque un día despertara débil, sino porque durante décadas toleró grietas en sus estructuras: la corrupción sistémica del funcionariado imperial, la indisciplina del ejército, el abandono de infraestructuras críticas como acueductos y calzadas, o la incorporación de mercenarios cuya única lealtad era el dinero.

La decadencia nunca comienza con una gran catástrofe. Comienza con una pequeña grieta que se decide ignorar.

En 1982, dos criminólogos formularon la conocida Teoría de los Cristales Rotos, que sostiene que cuando los signos de deterioro y desorden no se corrigen, generan una degradación progresiva del entorno y del comportamiento social.

Los cristales rotos son una metáfora poderosa: la calle secundaria que no se limpia, el pésimo servicio de una administración concreta, los trenes que llegan tarde —o no llegan—, la falta de respeto institucional o las mentiras reiteradas de determinados responsables políticos.

El desorden que hoy se tolera como una pequeña anomalía, mañana se convierte en decadencia y, con el tiempo, en ruina.

Maquiavelo lo resumía con crudeza: "quien tolera el desorden para evitar la guerra, primero tiene el desorden y después la guerra". Entendamos hoy la guerra como conflicto social, político o institucional.

El profesor José Manuel Domínguez Martínez explicaba recientemente, al analizar la práctica de las prórrogas presupuestarias, que "el contenido de un presupuesto ofrece una radiografía de una sociedad que debería ser conocida por los ciudadanos. Y si no se cumplen adecuadamente las fases regladas del ciclo presupuestario —elaboración, discusión, aprobación, ejecución y control—, se resiente el esqueleto del Estado". Disponer de presupuestos actualizados implica análisis, planificación y control. En definitiva, implica orden.

La reiterada ausencia de presupuestos actualizados es, por tanto, desorden. Los actuales Presupuestos Generales del Estado, elaborados en el verano de 2022 bajo criterios post pandémicos y fuertemente condicionados por la Agenda 2030 y los fondos MRR, ya no responden a la realidad actual.

Prorrogados año tras año, están además hipotecados por el elevado coste del denominado Escudo Social y por una deuda pública creciente, lo que obliga a ajustar el gasto allí donde el deterioro no genera una protesta inmediata. Principalmente, en el mantenimiento de las infraestructuras.

Las consecuencias son visibles: falta de puntualidad cada vez más generalizada en los trenes, cancelaciones de vuelos y servicios ferroviarios en plena temporada alta, vibraciones inaceptables en líneas de alta velocidad, inseguridad en la red eléctrica, deterioro del asfalto de las autovías. Eso es la decadencia.

Y cuando ese deterioro se cronifica, se vuelve irreversible. Episodios como la DANA de Valencia, el apagón de abril de 2024 o el accidente de Adamuz no son meros infortunios aislados: son la manifestación extrema de un proceso prolongado de abandono. Eso es la ruina.

Ruina, ante todo, por la pérdida de vidas humanas. Pero también por las pérdidas económicas y por el daño estructural —difícilmente reversible— a la denominada Marca España. Nada de esto ha ocurrido de repente. El deterioro actual ya no puede ocultarse porque lleva años gestándose.

La degradación progresiva de los servicios públicos, consecuencia de una gestión ineficiente y del colapso paulatino de las infraestructuras, reduce la calidad de vida y conduce a una pobreza funcional compatible, paradójicamente, con niveles récord de recaudación fiscal.

El esfuerzo fiscal en España supera en un 18% la media de la Unión Europea. A la vez, aumentan las listas de espera sanitarias, se retrasan las ayudas a la dependencia y se debilita el estado del bienestar, generando desafección social y desconfianza hacia la política y las instituciones.

Aunque las estadísticas oficiales no reflejan plenamente este deterioro —en parte porque la información institucional tiende a la propaganda—, basta recordar los informes del CIS o las cifras maquilladas de los fijos discontinuos para comprender la distancia entre el relato oficial y la realidad cotidiana.

La calidad de vida lleva estancada desde antes de la crisis de 2008. Se anuncian crecimientos del PIB, pero el ciudadano medio no los percibe ni en su nómina ni en sus servicios, como demuestra el descenso continuado del PIB per cápita.

Este proceso recuerda al deterioro italiano de los años ochenta y noventa: cada año un país un poco más pobre, lo justo para evitar una reacción colectiva.

Cuando una sociedad deja de esperar mejoras y se limita a resistir un día más, el diagnóstico es claro: la decadencia ya no es una advertencia, es una realidad.

Ningún país se vuelve pobre de golpe. Pero todos se empobrecen cuando normalizan el desorden, aceptan el deterioro y renuncian a exigir instituciones que funcionen.

La pregunta ya no es si España está inmersa en ese proceso, sino cuánto tiempo más está dispuesta a ignorarlo.