En el año 2018, la Fundación CIEDES publicó el número 17 de su colección de Cuadernos dedicados al despliegue del II Plan Estratégico de Málaga. Este ejemplar, titulado “Málaga innovadora: Propuesta para medir la Ciudad Inteligente”, estaba dedicado a proponer una metodología para evaluar los logros vinculados a la etiqueta de Smart City, la ciudad que podría progresar y mejorar la gestión de los servicios públicos a través de la tecnología.

Siete años después, Málaga no aparece en ninguno de los informes más destacados sobre Smart Cities o ciudades inteligentes que se han publicado en lo que llevamos de 2025. En el Smart City Index 2025 (World Competitiveness Center), mencionan cuatro ciudades españolas: Bilbao, en el puesto 29, Madrid en el 38, Zaragoza en el 52 y Barcelona en el 92. En este informe, Madrid gana tres posiciones, Zaragoza cinco y Barcelona pierde once. Como todos los ránkings y clasificaciones, sin duda puede ser discutible, pero las presencias y ausencias aportan pistas sobre las ciudades, el interés que se toman por el trabajo bien hecho, su proyección internacional y el trabajo consistente a medio y largo plazo.

De la misma manera, el informe Smarter Cities 2025 (ESI ThoughtLab, de la Universidad de Pennsilvania) proporciona datos muy valiosos sobre Madrid, Barcelona y Valencia. Aquí no aparecen ni Bilbao ni Zaragoza, pero se trata de un documento muy relevante porque permite saber para qué sirve una Smart City, en qué beneficia a sus ciudadanos y visitantes, y cómo puede contribuir a mejorar las políticas públicas y la gestión cotidiana de una manera tangible y palpable.

En la página 9, por ejemplo, aparece un interesante cuadro que compara las prioridades de las ciudades inteligentes para los gobiernos, la ciudadanía y el tejido empresarial. Mientras que para los primeros las prioridades están en la eficiencia energética y el tema medioambiental, la gestión de la movilidad y el tráfico y el reto del cambio climático, para la ciudadanía las prioridades deben ser la creación de empleo y oportunidades, la seguridad ciudadana y los desafíos económicos. Las empresas, por su parte, parecen decidirse por aspectos como la gestión del real state (viviendas y oficinas), el desarrollo económico y la inclusión financiera. En todo caso, hay dos categorías presentes en los intereses de todos los stakeholders: la gestión de la movilidad y el tráfico y el cambio climático, lo que permitiría acercar posturas a los gestores públicos que se tomen en serio su trabajo y que vayan más allá de la rueda de prensa puntual y los ejercicios de autocomplacencia.

En la web del ESI ThoughtLab se puede acceder a un estimulante análisis de los beneficios reales de las medidas aplicadas por las Smart Cities, a partir de cinco categorías: movilidad, seguridad ciudadana, medio ambiente, sistemas de pagos y “beneficios catalíticos” (https://econsultsolutions.shinyapps.io/smartercities/). Se pueden consultar los ejemplos de las ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Valencia). Barcelona habría ahorrado, según esta web, 126 millones de dólares en congestiones de tráfico evitadas, casi 9 millones de dólares en combustible, y más de 12 millones de horas en tiempo desperdiciado en atascos. No parece poca cosa.

En Madrid, se calcula que los sistemas de videovigilancia han supuesto un ahorro en cuanto a los costes de la comisión de delitos todos los demás costes asociados a la delincuencia de más de 1.130 millones de dólares. En el caso del medio ambiente, los beneficios se traducen tanto en una reducción de costes al optimizar la demanda de energía como en la valoración económica de la reducción de emisiones (algo que también se hace en el apartado de movilidad).

En Valencia, siguiendo con la ruta, la digitalización de los sistemas de pagos ha permitido un ahorro de tiempo valorado en 76 millones de dólares y la reducción de la economía sumergida en más de 1.800 millones de dólares, lo que supone unos ingresos fiscales adicionales de más de 200 millones de dólares. Las cifras de reducción de economía sumergida y de aumento de ingresos fiscales serían de 3.300 millones de dólares y 374 millones en Barcelona, y de 9.600 millones y 1.080 millones en Madrid. Poca broma con esto.

Los beneficios catalíticos hacen referencia al impacto sobre el producto interior bruto de las ciudades y las ganancias o pérdidas de población. Los impactos son desiguales, y van desde el 9’6% de crecimiento del PIB de Barcelona (parece exagerado, a la vista del 0’1% de Madrid) al 11’8% de Valencia. Sea como sea, este mismo informe señala las tendencias a futuro relacionadas con las ciudades inteligentes: del uso enfocado en la seguridad ciudadana y la mejora de las infraestructuras, se está pasando a un uso focalizado en la generación de ingresos adicionales, la habilidad para adaptarse a las innovaciones y la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados, sin olvidar ni la seguridad ciudadana ni los asuntos medioambientales de eficiencia energética.

Volvamos ahora al otro documento y analicemos el caso de Bilbao, una ciudad que, por tamaño y presupuesto, podría servir de modelo a Málaga si alguien quisiera dar un paso adelante. Una encuesta pone de manifiesto que la ciudadanía tiene cuatro grandes prioridades: vivienda asequible, pleno empleo, seguridad y acceso a la sanidad. Pero esa misma encuesta pone de manifiesto que lo que más se valora es la compra online de entradas para espectáculos, el transporte público y la gestión de los espacios verdes.

Todos estos datos permiten finalizar con un par de reflexiones. La primera, si los responsables municipales y la ciudadanía son conscientes de las ventajas reales que puede aportar la inversión no cosmética en tecnologías vinculadas a las ciudades inteligentes, desde el ahorro de energía a la mejora de la seguridad ciudadana, pasando por la gestión de la movilidad del tráfico o la reducción de la economía sumergida. Y la segunda reflexión tiene que ver con los resultados reales de las inversiones realizadas. Porque si de lo que se trata es de poner wifi en los espacios públicos, propiciar la venta de entradas por internet y algunos otros asuntos de rango muy menor, entonces para ese viaje no hacían falta estas alforjas.

En todo caso, para la ciudadanía es siempre de interés saber en qué se gasta el dinero y qué se ha conseguido, en términos de eficacia y eficiencia, con esa inversión del presupuesto público, con datos fiables y rigurosos, sin recurrir a informes inventados o a cifras de dudosa procedencia. Ahora que ya sabemos de qué va la cosa, es cuestión de pedir la correspondiente transparencia y rendición de cuentas. Ya sabemos que vivir es más fácil con los ojos cerrados, pero también que el conformismo, la docilidad y la complacencia nunca han llevado a buen puerto a nadie.