El aula estaba en silencio. La educadora social recorría con la mirada a cada uno de los adolescentes que tenía delante. Algunos evitaban su mirada, otros la desafiaban con indiferencia. Sabía que en aquella sala había jóvenes con pasados difíciles, con historias de abandono, con heridas emocionales aún abiertas. Pero también sabía que algunos de ellos comenzaban a normalizar la violencia, a ver en la agresión una herramienta válida para imponerse en su entorno. No pudo evitar preguntarse: ¿hasta qué punto la sociedad estaba fallando en su responsabilidad con ellos? ¿Y qué consecuencias tenía esa permisividad para el conjunto de la comunidad?

Recientemente, España ha sido testigo de un suceso escalofriante: tres menores de edad han asesinado a una educadora social. Un crimen atroz que ha vuelto a poner sobre la mesa un debate incómodo pero necesario: ¿estamos sobreprotegiendo a los menores y permitiéndoles que delincan sin pagar un precio justo por sus actos?

En España, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM), establece que un menor de entre 14 y 18 años no puede recibir la misma pena que un adulto, independientemente de la gravedad del delito. En casos de asesinato, la pena máxima que puede imponerse es de hasta 10 años de internamiento, aunque lo habitual es que en pocos años el menor recupere la libertad. Esta medida, concebida bajo la premisa de la reinserción, ¿es suficiente para crímenes tan brutales?

La filosofía que rige la Ley del Menor parte de la premisa de que los menores son sujetos en formación, con capacidad de rehabilitación, y que una sanción severa podría condenarlos de por vida. Sin embargo, ¿hasta qué punto un joven de 16 o 17 años no es consciente de que matar a una persona es un acto irreparable?

La realidad nos muestra un panorama inquietante: muchos delincuentes reinciden tras cumplir penas leves. Algunos expertos alertan de que ciertos menores llegan incluso a delinquir con plena consciencia de su impunidad, sabiendo que, aunque cometan un crimen grave, el sistema los tratará con indulgencia.

Menores cada vez más violentos: ¿qué está pasando?

Educadores y psicólogos advierten de que los menores son cada vez más agresivos. Se ha detectado un aumento preocupante de la violencia en las aulas, del acoso escolar y de la delincuencia juvenil. ¿Cuáles son las causas?

Falta de límites: Muchos niños y adolescentes crecen sin normas claras, sin consecuencias ante sus actos. La permisividad extrema y la ausencia de disciplina generan jóvenes incapaces de gestionar la frustración.

La influencia de las redes sociales y los videojuegos violentos: Existen estudios que sugieren que la sobreexposición a contenidos agresivos puede generar una desensibilización ante la violencia, haciéndola parecer un comportamiento normalizado.

Crisis de valores: Se han debilitado los referentes morales tradicionales y se ha promovido una cultura de la inmediatez y la impunidad. El esfuerzo, la responsabilidad y el respeto han sido sustituidos por el hedonismo y el egocentrismo.

Débil autoridad de las instituciones educativas y familiares: Profesores y educadores denuncian que cada vez tienen menos herramientas para corregir conductas disruptivas, mientras que los padres, en muchos casos, han delegado completamente su responsabilidad en la escuela.

La sociedad debe preguntarse si el sistema actual responde realmente a la necesidad de proteger tanto a los menores como a la comunidad en general. No se trata de criminalizar la juventud, sino de equilibrar la justicia y la reinserción de manera que no se perpetúe la impunidad.

Algunas posibles soluciones podrían ser:

Endurecer las penas para los delitos más graves cometidos por menores. No se trata de igualar sus sanciones a las de los adultos, pero sí de garantizar que los crímenes más atroces reciban un castigo proporcional.

Evaluar la edad mínima de responsabilidad penal. En algunos países, esta se sitúa por debajo de los 14 años, considerando que algunos delitos graves no pueden quedar impunes por cuestión de edad.

Refuerzo de la educación en valores y disciplina. La mejor prevención es educar a los menores en el respeto, la empatía y la responsabilidad.

La violencia juvenil no es un problema que pueda solucionarse con parches. Es necesario un debate profundo que aborde la responsabilidad penal de los menores desde un equilibrio entre justicia y reinserción. Una sociedad que no exige responsabilidad a sus jóvenes está condenada a criar generaciones sin sentido de las consecuencias de sus actos.

La pregunta es clara: ¿Estamos dispuestos a seguir tolerando que la impunidad sea la norma para los menores delincuentes?

La rehabilitación de menores infractores es un tema de gran relevancia en el ámbito de la justicia juvenil. En Andalucía, se han implementado programas de mediación penal que han permitido a numerosos jóvenes evitar procesos judiciales formales al participar en actividades de reparación del daño. En 2024, alrededor de 200 adolescentes en Málaga evitaron ir a juicio al participar en talleres de educación vial o control emocional. A nivel autonómico, aproximadamente 1.400 menores se beneficiaron de estos programas, logrando acuerdos con las víctimas y reparando el daño causado. Según Esteban Rondón, director general de Justicia Juvenil, el 80% de los menores que pasan por el sistema de justicia juvenil andaluz no reinciden. 

Estos datos reflejan la eficacia de las medidas de mediación y programas terapéuticos en la rehabilitación de menores infractores, destacando la importancia de enfoques integrales y personalizados para su reintegración social.

El éxito de estos programas demuestra que la justicia juvenil no debe centrarse únicamente en el castigo, sino en ofrecer segundas oportunidades que permitan a los menores reconstruir su futuro. Apostar por la mediación y la educación no solo reduce la reincidencia, sino que también fortalece el tejido social, fomentando una sociedad más justa y comprometida con la reinserción de quienes han cometido errores.