Imagen de la operación de peatonalización proyectada en el marco del Plan Málaga Litoral.
El dilema del Plan Málaga Litoral: gran rentabilidad para la ciudad, pero poco atractivo para la inversión privada
Un informe de Aninver propone más financiación pública, una tarifa técnica y nuevos análisis para hacer viable el proyecto.
Más información: El Plan Litoral se deshace: Málaga aparca el gran túnel de 2,3 kilómetros y las estaciones de autobuses soterradas
El Plan Málaga Litoral (PML), considerado una de las principales operaciones de transformación urbana de Málaga, presenta una sólida rentabilidad socioeconómica, aunque su viabilidad financiera continúa siendo uno de sus principales retos.
Esta es una de las principales conclusiones del informe contratado por el Ayuntamiento de Málaga a la consultora especializada Aninver. En el mismo, profundiza y actualiza los resultados extraídos de estudios técnicos previos, como los de Deloitte y Etali’a,
El dictamen es contundente: el proyecto aporta beneficios significativos para la ciudad, pero requiere ajustes adicionales para mejorar su atractivo para el capital privado.
Los análisis coste-beneficio disponibles refuerzan la lectura positiva de la operación. Según Etali’a (2022), el proyecto presenta una ratio beneficio-coste de 1,74, lo que indica que los beneficios sociales, económicos y ambientales superan con amplitud a los costes de ejecución.
Entre esos beneficios destacan:
Ahorro de tiempo
- 5,5 minutos por desplazamiento de media
- Valor económico estimado: 1.200 millones de euros entre 2028 y 2057
Impacto ambiental
- Reducción de emisiones y contaminación acústica
- Evita aproximadamente 2.292 toneladas de CO₂ en su fase inicial
Empleo y economía
- Creación de 1.591 empleos adicionales
- Incremento del Valor Añadido Bruto de 36,7 millones de euros en 2031
Revalorización urbana
- Mejora del entorno urbano, con la creación de unos 64.000 metros de espacios públicos
- Refuerzo del atractivo turístico
- Integración entre ciudad y litoral
Sin embargo, este sólido impacto social contrasta con la viabilidad financiera del proyecto.
Tanto los modelos de Deloitte como el análisis revisado por Aninver coinciden en un diagnóstico claro: el PML no es autosostenible desde el punto de vista estrictamente económico. Los ingresos previstos por explotación no cubren los costes operativos y de mantenimiento, lo que obliga a plantear mecanismos adicionales de financiación.
En este contexto, el modelo concesional aparece como la opción preferente para evitar que la inversión compute íntegramente en las cuentas públicas. De acuerdo con los datos, los ingresos totales estimados alcanzan los 1.211,8 millones de euros. Y ello como resultado de la explotación de los intercambiadores modales de La Marina y la Explanada de la Estación (125,5 millones de euros); de los aparcamientos proyectos (209,6 millones); del pago por disponibilidad (876,7 millones) Mn€
Incluso, se apunta que el plan "no ofrece suficiente rentabilidad para el sector privado debido fundamentalmente a no considerar ingresos por tráfico en el túnel".
El esquema analizado prevé una concesión de entre 25 y 35 años basada en ingresos por tarifas, aparcamientos y pagos por disponibilidad. No obstante, los resultados financieros muestran una rentabilidad limitada para el inversor privado: la tasa interna de retorno del accionista se sitúa en torno al 3,35% en el caso base, muy por debajo de los niveles habituales exigidos por el mercado, que se sitúan entre el 9% y el 11%.
Incluso en los escenarios más optimistas, que incorporan una subvención pública cercana al 30%, la rentabilidad apenas mejora hasta el 3,53%, lo que confirma la dificultad estructural del proyecto para captar inversión privada sin apoyo público relevante.
Los análisis de sensibilidad refuerzan esta conclusión. El proyecto es especialmente vulnerable a incrementos en los costes de inversión (CAPEX) y de operación (OPEX), así como a variaciones en las hipótesis de ingresos. En este sentido, los expertos advierten de que cualquier desviación en estas variables puede afectar de forma significativa a su equilibrio financiero.
Otro elemento relevante señalado en los informes es la comparación entre modelos de financiación. Aunque la asociación público-privada permite trasladar parte del riesgo al sector privado, también implica un mayor coste financiero global para la administración en comparación con la financiación pública directa, debido a las exigencias de rentabilidad del capital privado.
Ante este escenario, los estudios coinciden en la necesidad de incorporar ajustes para mejorar la viabilidad del proyecto. Entre las medidas planteadas se incluyen una mayor aportación pública inicial, la definición de una tarifa técnica que garantice ingresos estables, y una mejor estructuración de los flujos de ingresos futuros.
Un proyecto en fase de redefinición
El informe más reciente de Aninver añade además una serie de observaciones relevantes sobre la madurez del proyecto, remarcando la necesidad de afrontar una fase de ajuste técnico mediante la elaboración de nuevos trabajos:
- Falta de indicadores claros de éxito (KPIs)
- Necesidad de análisis de sensibilidad más completos
- Escasa definición de escenarios alternativos de concesión
- Insuficiente desarrollo del análisis de impacto social y ambiental detallado
- Ausencia de una estrategia clara de adaptación al cambio climático
