El número 15 de la avenida de Europa, en lucha para evitar su desalojo: "Me niego a irme con mi hija a vivir al coche"

Su pareja, Jessica Muñoz, se emociona escuchándole. Le brillan los ojos porque sabe que ese arraigo, desgraciadamente, tiene fecha de caducidad, aunque no la conocen. Jessica cuenta que, hace un año aproximadamente, una empresa farmacéutica se hizo con 22 de las 28 viviendas del edificio (17 de renta nueva y cinco de renta antigua)  y se les comunicó que, cuando todos los contratos de alquiler cumplieran, iban a desalojar a todos los vecinos. "Sin más explicación", dice, rota.

Han intentado negociar con la empresa para lograr algún acuerdo. Se han interesado por comprar incluso sus propias casas a un precio "normal". Pero, según denuncian, solo han recibido negativas, presiones y algunas respuestas que creen que no tienen ni pies ni cabeza. Y temen a que un día llegue la carta con la fecha que indique cuándo tendrán que abandonar sus viviendas y se vean tirados en la calle, literalmente.

Jessica y Salvador atienden a EL ESPAÑOL de Málaga en la terraza de una cafetería justo al lado del número 15. No hay persona que pase por allí que no les salude con alegría. Todos hacen carantoñas a su hija. "¿Tú crees que si fuéramos okupas liantes la gente nos sonreiría y nos desearía suerte en esta lucha? Los que no nos conocen ven las pancartas que hemos colocado en el edificio y se creen que somos okupas, que no pagamos. Pero aquí no hemos fallado ni un mes. Somos trabajadores. Yo mismo trabajo para El Corte Inglés. Y este problema ahora es nuestro pero, en el fondo, es de todos. Esto es una pequeña raíz del problema de la vivienda, que afecta ya a toda Málaga", relata Salvador.

De las 28 viviendas del edificio, 22 están afectadas entre contratos de alquiler y renta antigua, según explica la pareja, que ha actuado como la portavocía de todo el edificio, donde también viven seis propietarios. Pero el temor que sienten a perder su techo, dicen, es colectivo. Del primero al último. “A los de renta antigua tampoco les hacen arreglos en la vivienda o les presionan. Estamos todos en la misma órbita”, señala ella, que se encuentra muy mal psicológicamente por la incertidumbre con la que viven. La ansiedad se la come.

El número 15 de la avenida de Europa es ya conocido como "el bloque en lucha". El próximo 14 de marzo esperan que Málaga se tire a la calle, "no a defendernos", sino a luchar por un problema, que insisten, "es de todos". Salvador no cuestiona la propiedad privada. “El piso no es mío. Es de otra persona. Y entendemos que quiera hacer lo que quiera con su propiedad”, matiza.

“Lo podemos hasta entender. Estamos en contra de cómo está toda la situación con la especulación, de cómo juegan con todos nosotros y no tenemos opciones a las que irnos”. En otras palabras, lo que Salvador rechaza es la alternativa que se dibuja, que es nula. “Si salgo de aquí y me veo debajo de un puente con mi niña, no lo voy a permitir. Ni voy a vivir en un coche con mi hija teniendo trabajo, me niego; sería la gota que colma el vaso”, dice Salvador, con rabia e indignación.

Las alternativas a irse a otra vivienda, dicen, son inviables. Las hipotecas exigen ahorros que no tienen. El alquiler reclama entre 3.000 y 5.000 euros solo para entrar, ya que le piden varios meses de antelación; y mensualidades que superan los 1.000 euros por 60 metros cuadrados. “Tengo un amigo pagando 800 euros por menos de 30 metros. Cobra 1.200 y no puede ni asegurar el coche. Trabaja y no vive”, ejemplifica Salvador.

Según denuncian, la intención de la nueva propiedad sería reformar las viviendas de forma "básica" para volver a sacarlas al mercado a precios más altos. “Un lavado de cara, cuatro muebles, dividir pisos con pladur y sacar dinero”, sostiene Salvador.

En el edificio conviven personas mayores, familias jóvenes y vecinos de distintas nacionalidades e ideologías. Uno de los migrantes ha optado por regresar a su país ante la imposibilidad de mantenerse en Málaga. “Siempre se decía que venías a España a buscar oportunidades. Ahora está imposible”, lamenta Salva.

Jessica añade otra preocupación: la vulnerabilidad de muchos de estos vecinos. “Nosotros somos jóvenes, podemos movernos, hacer papeles. Pero hay gente mayor que no sabe lo que firma. Les ponen letra pequeña y no lo entienden”. Señalan que son ellos los que se han decidido a poner rostro a la lucha por vecinos como un anciano con movilidad reducida que vive en una de las viviendas afectadas. "¿Qué hace ese hombre? No puede hacer nada por defender su techo", dicen.

También hablan del incremento de precios en el barrio y de tasaciones que superan los 300.000 euros en zonas donde hace apenas cinco años se vendían pisos por la mitad. “Al final estás expulsando al malagueño; no podemos irnos ni a pueblos, porque no gano para gasolina y alquiler”, reflexiona Salva, que insiste en que no demoniza al turismo, que "ha dado de comer a muchas familias", sino que reivindica que se cuide al ciudadano malacitano."No pedimos vacaciones todos los años. Pedimos una vivienda digna sin coacciones de nadie", insiste Jessica.

Ante lo que describen como falta de respuesta institucional tras varios intentos de pedir ayuda, decidieron organizarse. Contactaron con el Sindicato de Inquilinas, celebraron asambleas y han convocado una manifestación el 14 de marzo en el barrio. Insisten en que no quieren vinculación partidista. “Es un problema de todos. No me interesa que un político se saque una foto con nosotros. Yo solo quiero que se organicen para solucionar el problema tan grande que estamos sufriendo”.

"La gente sigue creyendo que luchamos solo por nosotros. Y no se dan cuenta que hoy somos nosotros, pero mañana pueden ser ellos los que se vean en esta situación", zanjan.