Paso del Metro de Málaga frente al Hospital Clínico.
La factura oculta del Metro de Málaga: la Junta de Andalucía arrastra compromisos por casi 2.000 millones
La cifra corresponde a la suma de las obligaciones futuras del Gobierno andaluz con el suburbano de la capital de la Costa del Sol hasta el año 2042.
Más información: El servicio del Metro de Málaga costará el año que viene al bolsillo de los andaluces 36 millones más que el de Sevilla
Veinte años después de que arrancase oficialmente la construcción del Metro de Málaga, los compromisos económicos a los que tiene que hacer frente la Junta de Andalucía hasta el año 2042 siguen rondando los 2.000 millones de euros.
Pese al transcurrir de los ejercicios y la puesta en marcha del suburbano a mediados de 2014, la dimensión de la losa que pesa sobre el proyecto y, en particular, sobre las arcas andaluzas es mayúscula.
De ello se vuelve a dejar constancia en el último informe emitido por la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General de la Junta de Andalucía correspondientes al año 2024.
En ese documento, en el que se realiza una inspección detallada de las operaciones del Gobierno regional, destaca la hipoteca que tiene que afrontar la Administración regional para sufragar todos los costes del ferrocarril urbano hasta la finalización de la actual concesión.
Una realidad que choca de lleno con el éxito del Metro, consolidado en los últimos años como una verdadera alternativa de movilidad sostenible. Muestra de ello es que cerrará 2025 con unos 19,5 millones de pasajeros, al tiempo que avanza en su desarrollo hacia el entorno del Nuevo Hospital.
Ciñéndonos al documento oficial de la Cámara de Cuentas, en 2024 los compromisos pendientes de abonar por parte de la Junta alcanzaban los 1.968,21 millones de euros. Son 130,4 millones menos que los recogidos en las cuentas de 2023, cuando se hablaba de 2.098,61 millones.
Los parámetros correspondientes al suburbano malagueño contrastan de manera particular con el Metro de Sevilla, que genera unas obligaciones económicas para la Junta de 1.210,27 millones (1.269,9 millones en 2023).
El análisis de los diferentes documentos, no obstante, sí permite constatar una paulatina rebaja de la cuantía a sufragar.
A modo de ejemplo sirva recordar que en el mismo informe sobre la Cuenta General de la Junta de 2022 el valor pendiente era de 2.211,85 millones de euros.
Y el año en que el Metro malagueño fue inaugurado oficialmente (finales de julio de 2014), aunque con un trazado mermado en sus dimensiones, el organismo regional estimó compromisos futuros por 2.988 millones de euros. De acuerdo con esta comparativa, en el transcurso de los últimos diez años, esta especie de losa ha descendido en 1.020 millones.
Lo llamativo del caso es que esta losa, que se ha acercado a los 3.000 millones, es exponencialmente más grande que la que se planteó cuando se firmó el contrato de construcción y explotación comercial del Metro, a finales de 2004.
En aquellos tiempos, la Junta había estimado el coste real del suburbano en 1.096 millones de euros.
Causas del incremento
¿A qué se debe esta variación? El propio Gobierno andaluz justificó en el documento de 2014 las razones: "En dicho ejercicio (2014) tiene lugar un hito importante en el desarrollo del proyecto; concretamente, se realiza una redefinición del mismo, acordada con la concesionaria, BEI y Ayuntamiento de Málaga que da lugar a un reequilibrio del Plan Económico Financiero de la Concesionaria y a una modificación del contrato de concesión", precisaba.
La alusión se refería a la modificación pactada para eliminar la llegada del trazado hasta La Malagueta y su sustitución por un tajo soterrado hasta la Alameda y, en superficie, hasta el Hospital Civil.
Este importante ajuste, con el que se logró salvar el proyecto, trajo consigo una actualización de los compromisos presupuestarios vinculados al proyecto, "tanto de explotación como de capital".
No fue la única alteración que tiene incidencia cierta sobre la situación económica del proyecto. A finales de 2020 fue rubricada otra modificación contractual, al objeto de dar cabida a la decisión de la Junta de llevar soterrada la línea al Civil y, por ende, de ampliar los plazos de terminación de la infraestructura pactada con la concesionaria.
En el documento firmado por la entonces consejera de Fomento, Marifrán Carazo, se establece la ampliación del periodo transitorio ya iniciado en 2014, después de que el Gobierno andaluz incumpliese los compromisos de puesta en servicio del recorrido previsto.
El nuevo escenario temporal se extiende hasta 2027, asumiendo la idea de que ese año estará completada la ampliación hacia la zona norte. La realidad, sin embargo, es otra. El desarrollo de los trabajos hace inviable que la llegada del Metro tenga lugar en ese escenario temporal.
Y, con ello, se abre de nuevo la puerta a que el periodo transitorio se extienda en el tiempo, algo contemplado en el acuerdo vigente entre la Junta y la concesionaria.
Ante la opción de que por causas no imputables a los socios privados el Metro al Civil no empezase a funcionar en los plazos previstos, el contrato fija la extensión de manera automática de este mismo periodo transitorio hasta 2030, cifrando la suma que tendrá que aportar la Administración regional en 104, 107 y casi 111 millones en 2028, 2029 y 2030, respectivamente.
