Cartel con el diseño del edículo de acceso a la estación del Metro de Málaga en la calle Hilera.
La Junta le aprieta las tuercas a De la Torre con el dinero del Metro de Málaga: le reclama ya casi 83 millones
El Ayuntamiento de Málaga va a aprobar este viernes solicitar la anulación de la última liquidación remitida por Fomento y que asciende a 19,6 millones. En caso de no estar atendida la demanda, acudirá de nuevo a los tribunales.
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La dimensión de la factura que la Junta de Andalucía empieza a exigir al Ayuntamiento de Málaga por el Metro sigue creciendo. Y, salvo sorpresa inesperada, lo va a seguir haciendo en los próximos años.
Casi veinte años después de que arrancaran las obras de construcción del suburbano (lo hizo a mediados de 2006) y tras once años de funcionamiento, el Consistorio malagueño sigue sin aportar un solo euro a la financiación del ferrocarril urbano.
Y ello a pesar de que el convenio sobre el que se sentaron las bases de la infraestructura, firmado en abril de 2003 por el aún alcalde, Francisco de la Torre, comprometía de manera clara al Consistorio en el plano económico.
Si en la parte relacionada con las obras puras y duras, la función municipal era la de adelantar parte del dinero que luego iba a aportar el Gobierno central, en la fase de explotación comercial el acuerdo alcanzado era taxativo.
El mismo repartía entre las Administraciones regional y municipal el valor global. En concreto, el 75% de la aportación correspondía a las arcas andaluzas; el 25% restante, a las del Consistorio.
¿Qué ha ocurrido en todos estos años? Que ha sido el Gobierno andaluz el que ha sufragado a pulmón todo el gasto vinculado al servicio del suburbano, sin que haya existido aportación alguna del Ayuntamiento. Y la factura no es poca cosa. Solo hasta finales de 2024, del orden de 800 millones de euros, cifra que se aproxima a los 900 si se incluye 2025.
Esta realidad inalterada desde el origen mismo del proyecto trata ahora de ser modificada por la Junta, que ya en tiempos del PSOE intentó, sin mucho éxito, forzar al Consistorio a asumir parte de la factura millonaria.
El matiz simbólico es que el conflicto renace ahora con una Junta que tiene al Partido Popular y al malagueño Juanma Moreno Bonilla al frente.
Este es el escenario en el que se está disputando una partida que puede ser clave para la economía municipal. Son dos las órdenes de liquidación tramitadas hasta la fecha por la Consejería de Fomento.
La primera fue remitida a finales de 2024, por un montante total de 63.787.348,17 euros. De ellos, 7.791.524,62 euros corresponden a las inversiones desarrolladas en las líneas 1 y 2; los restantes 55.995.823,55 euros, a la explotación comercial del Metro.
La segunda fue firmada por la consejera de Fomento, Rocío Díaz, a principios del pasado mes de septiembre. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando se ha tenido conocimiento de la misma.
La reclamación regional alcanza los 19,6 millones, imputables a la parte de los costes de explotación exclusivamente de 2024 y que, conforme al acuerdo inicial del Metro, es imputable al Consistorio.
Málaga advierte con un nuevo contencioso
La posición municipal es claramente contraria a la demanda. Como ya ocurriera con la liquidación inicial, que está actualmente inmersa en un contencioso administrativo, la Junta de Gobierno Local va a aprobar este viernes solicitar la suspensión de esa liquidación.
Y advierte de que en caso de ser ignorada la petición, se pondrá en marcha la interposición de un nuevo contencioso judicial.
Frente a las tesis de la Junta, que ha reabierto la caja de las facturas de todos los suburbanos de la región, solicitando a los diferentes ayuntamientos el abono de las cantidades adeudadas por su funcionamiento y construcción, el Ayuntamiento malagueño viene defendiendo desde hace años que no es responsable de los ajustes en el proyecto que han motivado un evidente aumento de los costes.
Para los responsables del equipo de gobierno del PP, las liquidaciones ya efectuadas son resultado de multiplicar la tarifa técnica acordada con el concesionario por el número de viajeros del servicio.
Y ello partiendo de unos parámetros que han sido modificados de manera unilateral por la Junta en hasta dos ocasiones, sin que mediara acuerdo por parte del Ayuntamiento y fuera del marco del convenio de 2003.
En definitiva, sostienen que la Junta ha tutelado en solitario el convenio inicial, pretendiendo ahora exigir al municipio cantidades que, en buena medida, son fruto de las decisiones y modificaciones concesionales.
