La nueva Rosaleda
El riesgo invisible que sobrevoló el plan de la Nueva Rosaleda de Málaga para el Mundial 2030: Bruselas era clave
Un informe de Garrigues señaló el pasado marzo del "riesgo elevado" de que la financiación pública que iba a sustentar la ampliación del estadio fuese considerada por la UE como ayuda de estado.
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La ambiciosa transformación del estadio La Rosaleda, con una inversión pública que podría haber superado los 300 millones de euros, escondía un secreto que iba más allá de los plazos exigidos por la FIFA para organizar el Mundial 2030 o la escasa capacidad del Estadio de Atletismo.
Un informe del prestigioso despacho Garrigues, firmado el pasado mes de marzo, pocos meses antes de la renuncia, advertía de manera clara sobre el "riesgo elevado" de que la financiación pública que iba a sustentar el megaproyecto pudiese haber sido considerada como una ayuda de estado por parte de la Unión Europea.
De haber ocurrido, la clave sobre el desarrollo de las operaciones hubiese estado en Bruselas, al tener la palabra final sobre el impulso de la obra o la paralización de la misma.
Esta es una de las principales conclusiones del trabajo firmado por por Alfonso Lamadrid de Pablo, socio de J&A Garrigues S.L.P.
En el informe, que supuso un coste de 17.545 euros, se refleja la voluntad de las tres administraciones propietarias del estadio, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía, de afrontar con fondos propios la gran obra de ampliación del complejo, con un presupuesto de entre 248 millones y más de 300 millones.
Al hecho cierto de que el dinero previsto es de carácter público hay que sumar el hecho de que el uso deportivo exclusivo de La Rosaleda está cedido al Málaga Club de Fútbol (Málaga CF) hasta el año 2029, tal y como queda recogido en un convenio que data de 2004.
Dos modelos para el estadio
Según se recoge, las tres instituciones manejaron dos modelos de nuevos estadio. El primero de ellos, denominado Modelo Base, incluía la ampliación hasta los 45.000 espectadores, incluyendo aparcamiento y urbanización del entorno. Con ello se buscaba responder a las exigencias marcadas por la FIFA para ser sede mundialista.
La segunda era la del Modelo Arena, más ambicioso. Con esa alternativa se buscaba generar un recinto polivalente para conciertos, eventos y convenciones. Asimismo, se contemplaba un césped deslizante, una cubierta retráctil y otras prestaciones avanzadas (zona recreativa, aparcamiento subterráneo, espacios culturales/sociales).
El meollo del problema, a ojos de los especialistas de Garrigues, radicaba en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que considera "incompatibles" con el mercado común las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, "que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones".
En este sentido, Garrigues admite la existencia de un "riesgo elevado" de que, en función de su diseño, las medidas de financiación del desarrollo del estadio "puedan resultar en una ayuda de Estado".
En este supuesto, y dado que la inversión para infraestructuras deportivas superaba con creces los 33 millones de euros o los 110 millones de costes totales, era obligatoria una notificación de las medidas de financiación a la Comisión Europea, aplicando la denominada standstill obligation. Esto supone que el impulso de la obra hubiese necesitado de un pronunciamiento expreso por parte de la institución comunitaria.
A todo ello hay que sumar la posibilidad de que la UE interpretase la existencia de una ventaja económica en favor del Málaga CF. Entre otras razones porque La Rosaleda fue cedida a la entidad blanquiazul sin un procedimiento de licitación, lo que sugiere un "tratamiento preferencial".
Aunque a cambio el Málaga debe abonar anualmente 180.000 euros, cuantía que fue acordada en el año 2004 (actualizable por IPC), el informe sugiere que el valor podría ser inferior al precio de mercado en comparación con lo que pagan otros clubes en España y Europa. “Para excluir dicha ventaja sería preciso asegurar que el canon representa un precio de mercado”, se indica.
Cómo minimizar los riesgos
Desde el despacho se apuntaron acciones a desarrollar para evitar que la financiación fuese considerada como ayuda de estado.
Una de ellas pasaba por obtener un informe económico independiente acreditando que el canon a pagar por el club representa un precio de mercado.
Otra era establecer en un nuevo convenio de uso del estadio previsiones contractuales, incluyendo la posibilidad de que el canon varíe en función de los ingresos del club o se revise periódicamente.
Un tercer precepto es que el club contribuya a los gastos de renovación y/o conservación del estadio. También se habla de garantizar un acceso mínimo a las infraestructuras deportivas a otros usuarios no profesionales (idealmente, al menos un 20% de la capacidad anual) y evaluar un posible uso compartido de las instalaciones si surgiera otro club profesional en Málaga.
A ojos de los responsables del estudio, la elección del Modelo Arena hubiese facilitado la defensa de la compatibilidad de la ayuda.
