El Ayuntamiento de Málaga da un paso atrás en la puesta en marcha de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que debía estar en vigor desde el 1 de enero de este 2023 en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y que ahora la capital se ve en la "obligación" de retrasar hasta finales de 2024.

El proyecto que se plantea, y del que todavía se desconocen muchos detalles, pretende generar una ZBE en un área de unas 437 hectáreas que estará vigilada con un centenar de cámaras instaladas en 53 puntos de control. Para ello, ha recibido del orden de cinco millones de euros de fondos europeos que, según ha trascendido precisamente este miércoles, podrían estar en peligro de no cumplir con lo estipulado.

En los últimos días, el Ministerio de Transportes, ha avanzado El País, ha remitido a cerca de 200 ayuntamientos sendas misivas advirtiendo de que, de no poner en marcha sus áreas de tráfico restringido, se les exigirá la devolución de las ayudas de los fondos Next Generation. 

La clave, no obstante, está en los plazos y en la letra pequeña. De hecho, el último movimiento del equipo capitaneado por Francisco de la Torre ha sido solicitar una modificación de plazo de ejecución de las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2024. La petición, firmada este pasado martes, está prevista según apuntan fuentes municipales en el artículo 21 de las bases reguladoras que contempla que podría "autorizarse si se dan circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento del plazo, pese a haberse adoptado, por parte de los beneficiarios, las medidas técnicas y de planificación mínimas que los resultados exigen".

La circunstancia que alega en Ayuntamiento de Málaga es un "retraso" en el suministro de materiales debido a "la gran demanda de todas las ciudades obligadas a implementar la ZBE". Esta demora afecta a "componentes principales que integra la iluminación de las cámaras para la lectura de matrículas", lo que "también conlleva el retraso en las pruebas y ensayos pertinentes de la plataforma de software desarrollada y que gestionara la ZBE".

De la misma forma, añade, se han visto alterados "los trabajos de obra civil previstos inicialmente" ante la "necesidad de modificar y ampliar las instalaciones previamente existentes cuyo uso y mejora son necesarios para la correcta implementación de las nuevas instalaciones de elementos de control de acceso y comunicación con el centro de procesamiento de datos".

Por último, el Consistorio malagueño menciona retrasos en el desarrollo del software causados, según especifica, por los "datos necesarios de otros organismos, como la DGT". 

La idea del Ayuntamiento de la capital es no agotar el plazo de la prórroga solicitada y que, "previsiblemente", las áreas de tráfico restringido estén en funcionamiento antes, aunque no confirma cuándo. 

De hecho, según defienden fuentes municipales, Málaga está "cumpliendo con la previsión de la Ley del Cambio Climático ya que aprobó, antes del 2023, el plan de movilidad urbana sostenible que incluye medidas destinadas a reducir las emisiones en la ciudad, incluyendo la creación de ZBE" y aunque está no se haya puesto aún en marcha. El Ayuntamiento adjudicó el contrato para su implantación el pasado 7 de octubre y "se encuentra ejecutado al 80%". 

En lo que respecta a la cobertura jurídica, el Consistorio malagueño se encuentra "ultimando" la normativa que regulará la Zona de Bajas Emisiones y apunta a que, de forma "inminente" comenzará el periodo de participación ciudadana sobre el contenido de la norma.