El Ayuntamiento de Málaga va a tener que hacer encaje de bolillos para cumplir con la exigencia europea de aplicar una tasa a los vecinos y a las actividades económicas para sufragar los costes que anualmente genera la recogida y el tratamiento de la basura. 

Aunque la fecha límite fijada para empezar a aplicar este impuesto es abril de 2025, en el seno de la Casona del Parque ya empiezan a ser conscientes de la complejidad del asunto. En buena medida porque resulta del todo inviable calcular de manera objetiva cuántos kilos de residuos corresponden a cada ciudadano o a cada establecimiento.

"El objetivo es buscar un mecanismo que sea lo más justo posible", reconocen fuentes municipales consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, que admiten que se está trabajando ya en el diseño de un mecanismo que permita poner en marcha la tasa exigida por Europa.

En esta especie de cuenta atrás en la que está ya instalada la estructura municipal, el alcalde, Francisco de la Torre, ha mantenido el pasado jueves un encuentro con las áreas de Economía y Hacienda, por un lado, y Limasam, por el otro.

Y aunque a priori queda un margen de tiempo más que suficiente para abordar el tema, la realidad es que el Consistorio tiene la dificultad añadida de trabajar un poco a ciegas. Una situación que es extensible al restos de municipios que también están obligados a aplicar tasas semejantes. Del reciente encuentro sí se extrae una primera conclusión: imposible aplicar la tasa en 2024.

El engorro principal radica en la variada y múltiple naturaleza del cliente finalista de Limasam. ¿Acaso genera la misma basura un vecino de La Palma que otro de El Limonar? ¿Una zapatería o un restaurante? Y, dentro del sector de la hostelería, ¿un bar del Centro que otro de Carretera de Cádiz?

El escenario es más que problemático. Al menos en apariencia. Y es ahí donde los técnicos municipales van a tener que hilar fino, dada la ausencia de datos ciertos que permitan configurar el valor de la tasa.

Lo que sí parece claro es que el pago de la misma debe permitir sufragar los gastos que anualmente requiere la recogida y tratamiento de residuos, así como la tasa de vertido, que desde el pasado mes de enero se tiene que abonar (unos 11 millones), y que llegado el momento también se repercutirá sobre el ciudadano. 

A priori, el camino más sencillo es el que se relaciona con la tasa a hospitales, grandes superficies comerciales-empresariales y hoteles, por ejemplo. Sin embargo, incluso en el caso de los polígonos industriales, polígonos en los que Limasam hace una recogida específica, surgen interrogantes evidentes con relación a si todos los negocios generan o no los mismos residuos. 

A la espera de conocer el modus operandi final, sobrevuela cualquier decisión lo sucedido desde el punto de vista legal con la tasa que Málaga pretendía aplicar a los pisos turísticos, gravando de manera especial la parte correspondiente a la basura. La propuesta municipal fue finalmente tumbada por los tribunales. Y en el caso que ahora se analiza, relacionado con la tasa de recogida y tratamiento de residuos, la sospecha es que pueda ser objeto de recursos por parte de algunos de los afectados.