Los vecinos de Málaga tendrán que empezar a pagar en 2025 una tasa específica mediante la que costear los gastos de recogida y tratamiento de la basura. Así lo ha confirmado la concejala de Limpieza de la capital de la Costa del Sol, Teresa Porras, y fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, que vinculan la novedosa medida con las exigencias marcadas desde la Unión Europea.

La iniciativa ahora desvelada toma como punto de partida la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que subraya la necesidad de que las entidades locales establezcan, "en el plazo de tres años a contar desde la entrada vigor de esta ley" (el pasado mes de abril) una tasa o de una prestación patrimonial de carácter público no tributario "específica, diferenciada y no deficitaria" para implantar "sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".

De acuerdo con el texto legal, el tiempo del que disponen los consistorios es abril de 2025. Hasta ese momento, el Ayuntamiento de Málaga tiene margen para establecer el sistema a aplicar para el cobro de la citada tasa. Un proceso que, según las fuentes, se antoja complejo.

Entre otros motivos por el modo en que se repercute el recargo sobre los generadores de residuos. ¿Será por vivienda o por los habitantes que tienen estas viviendas? Es una de las grandes dudas por resolver, por cuanto ello determinará la cuantía que repercutirá sobre el bolsillo de los malagueños. Sobre el particular, las fuentes consultadas ponen de relieve el problema de medir realmente los residuos que generan los vecinos particulares. 

"Estamos estudiando ahora mismo todo lo relacionado con los costes y la manera de hacerlo", añade Porras, quien señala la posibilidad de que se encargue de ello el órgano de recaudación municipal, Gestrisam.

Casi 11 millones para tratamiento

Pero aunque la tasa de basura no se dejará sentir de manera directa y pormenorizada sobre los residentes hasta 2025, el Ayuntamiento ya tiene que pagar de manera directa todos los costes relacionados con el tratamiento de residuos que llegan al vertedero. "Uno de los objetivos de la ley es que no se lleve nada o casi nada al vertedero y que se cobre por todo lo que se lleva", explican las fuentes.

Muestra del impacto que ello tiene sobre las arcas municipales es que para 2023 ya hay una previsión de gasto próximo a los 11 millones de euros por la penalización que suponen todos los residuos que llegan al vertedero.

De esta suma, admiten las fuentes, unos 8 millones de euros se corresponden con los residuos generados por los vecinos y depositados directamente en los contenedores que hay en la calle. No obstante, llaman la atención sobre el hecho de que más allá de la parte del tratamiento, más adelante habrá que incluir los gastos propios de la recogida de basuras.

Porras pone en valor que Málaga "nunca" ha cobrado una tasa especial de basura a los vecinos. Pese a ello son los presupuestos municipales los que de manera íntegra financian todo el presupuesto de Limasam.

En la propia ley se abre la puerta a que las tasas o prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario tengan en cuenta ciertas particularidades como "la inclusión de sistemas para incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y similar". 

Asimismo, fija la diferenciación o reducción en el supuesto de prácticas de compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica compostable; en el supuesto de participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, por ejemplo en puntos limpios o en los puntos de entrega alternativos acordados por la entidad local, y para las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social.

La ley recoge, como disposición final primera, la modificación del artículo 24 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que pasa a incorporar un apartado 6. El mismo marca la posibilidad de que las entidades locales establezcan bonificaciones de hasta un 95% para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios, siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya sido previamente verificado por la entidad local".