El Ayuntamiento de Málaga se ha marcado el reto de implicar a los promotores privados en la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible. Y ello implica abordar una línea de acción bien conocida en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, pero inexplorada hasta la fecha en la capital de la Costa del Sol.

Desde hace años se relaciona la renuencia de los privados a impulsar promociones en alquiler a precio asequible en la falta de ayudas públicas suficientes como para aligerar la carga económica de la actuación y hacer viable la operación. 

Es justamente ese escollo el que quiere salvar el Consistorio aprovechando los conocidos fondos Next Generation, con la colaboración del Gobierno central y de la Junta de Andalucía. La principal ventaja de esta línea de apoyo es que fija la posibilidad de aportar un máximo de 50.000 euros por vivienda programada.

¿Cuál es el plan de Málaga para obtener esta colaboración? En su estrategia, el Instituto Municipal de la Vivienda ya ha puesto sobre la mesa de la Consejería de Fomento los proyectos para los que quiere disponer de dinero europeo. Son, en concreto, cuatro parcelas del sector Universidad con capacidad para 530 viviendas protegidas en alquiler.

Acto de la primera piedra de las 253 viviendas en alquiler del sector Universidad.

Conforme a los criterios numéricos fijados en el decreto que ordena el uso de los fondos Next Generation, la demanda municipal podría ser objeto de unos 26 millones de euros. Una cifra que puede representar el 43% del coste que le podría suponer al privado la ejecución material de los inmuebles. 

Pero las facilidades con las que Málaga quiere convencer a los promotores de la necesidad de involucrarse en este desarrollo van a más. A las ayudas públicas directas a las viviendas se suma la entrega a coste cero de los terrenos sobre los que se levantarán. La previsión municipal pasa por licitar este verano la adjudicación de estas cuatro parcelas de Universidad, incluyendo un periodo de cesión de 75 años. 

Alquiler máximo tasado

De este modo, los privados que resulten seleccionados tendrán que materializar los alojamientos, fijar unos alquileres que no pueden sobrepasar los 650 euros mensuales (se entiende que para pisos de tres o cuatro dormitorios), al tratarse de viviendas protegidas, y garantizar el mantenimiento de los inmuebles durante todo ese periodo. 

Para poner en consideración este valor, sirva como referencia que actualmente, según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler libre en la capital es de unos 9,9 euros el metro cuadrado. Esto es, unos 800 euros para un piso de 80 metros cuadrados.

Con la puesta en carga de estas fincas, el Consistorio pretende completar la que está llamada a ser la segunda gran promoción de vivienda asequible de la ciudad, tras Soliva. En total serán un millar de pisos en alquiler. De ellos, ya están en ejecución los primeros 253, con precios medios de renta mensual de unos 450 euros. 

Tras la puesta de la primera piedra de los dos primeros edificios (a los que se sumarán en pocos meses otros tres, hasta llegar a 476 viviendas), el plazo comprometido por las empresas adjudicatarias es de 20 meses. Esto hace pensar que podrían estar completadas a finales de 2023.

En el caso de las 530 viviendas que se quiere sean ejecutadas por los privados con la ayuda de fondos europeos, la norma obliga a que estén acabadas y entregadas a sus inquilinos el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con los detalles conocidos, del total, 347 estarán destinadas a familias cuyos ingresos no superen 2,5 veces el IPREM (en el caso de Málaga pueden ser unos 27.700 euros anuales), mientras que el resto, 183, irán destinada a familias con ingresos no superiores a 5,5 veces el IPREM.

Desde el sector inmobiliario malagueño se recibe la iniciativa con satisfacción. "Nos parece una buena línea porque llevamos tiempo diciendo que lo que hace falta para que los promotores privados hagamos viviendas en alquiler es que pongan suelos a disposición", ha explicado la secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores (ACP), Violeta Aragón.

Aragón admite que sin los fondos comunitarios a los que aspira Málaga sería complicado que fuese viable el desarrollo de las 530 viviendas por parte de los privados. De hecho, admite que el número de empresas que optará a estos espacios en el momento en que sean puestos en el mercado será reducido, ya que tienen que tener una estructura suficiente para administrar y gestionar esos inmuebles durante 75 años.