La decisión del Gobierno central de demoler íntegramente el antiguo cuartel de Capuchinos se topa frontalmente con la posición del Ayuntamiento de Málaga. Al movimiento inicial expuesto por el alcalde, Francisco de la Torre, de solicitarle al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el mantenimiento al menos de la fachada del inmueble, se suma ahora la determinación de la Gerencia de Urbanismo de estudiar si el edificio reúne o las condiciones necesarias para ser protegido. Ya sea en su totalidad o parcialmente.

"Creemos que existen elementos suficientes para estudiar al menos la protección del edificio, sino en su totalidad si una parte", ha defendido el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López. Un mensaje que constata la estrategia municipal en este asunto, contraria a facilitar al Gobierno el derribo pretendido. 

Los planes de la Administración estatal han variado de manera clara en los últimos años, puesto que su propósito original pasaba por la rehabilitación, con objeto de que sirviese de base de la Unidad de Intervención Policial (UIP), correspondiente a la Policía Nacional. 

Lejos de esta primera idea, la última pasa por la demolición del complejo, tarea que ha sido incluso objeto de una licitación valorada en algo más de 1,2 millones de euros (IVA incluido), con un plazo de materialización de 4 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 17 de enero en presentar sus ofertas.

"Nosotros no vamos a dar licencia de demolición", añade López, dando un paso más respecto a lo señalado por De la Torre a través de sus redes sociales. Por medio de un tuit lanzado ayer miércoles, el regidor defendió que un edificio como el antiguo Convento de Capuchinos, que fue posteriormente utilizado como cuartel, "debe conservar, sea cual sea su uso, los elementos esenciales de su arquitectura". "Al menos la fachada que define la imagen de la plaza. Hablaré de ello con el ministro del Interior", anunció.

Pese a la activación del concurso para la contratación de los trabajos de demolición, Interior no ha pedido aún el permiso necesario al Consistorio. Un elemento que puede resultar clave en los próximos episodios es que el inmueble se encuentra localizado en el Pepri Centro. Esto obliga al promotor de la operación a disponer de un proyecto alternativo antes de poder iniciar el derribo del edificio.

A esto se suma que si bien no pesa protección arquitectónica alguna sobre el edificio (sí la tenía en el Plan General de Ordenación Urbanística de 1984), sí existe protección arqueológica. Una circunstancia que obligará al Gobierno a presentar un proyecto de intervención en esta materia.