El futuro del antiguo restaurante Antonio Martín, ahora gestionado por el grupo Gorki, sigue pendiente de un hilo. La resolución dictada la pasada semana por la Dirección General de Costas ordenando el desalojo y la posterior demolición del inmueble empieza a generar las primeras reacciones de peso. Entre ellas, las del Ayuntamiento de Málaga, que, de inicio, se opone al derribo de este tradicional establecimiento.

Al menos de manera inmediata. La posición municipal ha sido verbalizada este jueves por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien ha aprovechado los últimos acontecimientos conocidos para contactar tanto con Costas como con la Junta de Andalucía.

¿En qué términos? "Les he pedido una solución razonable, intermedia", ha confirmado el concejal malagueño, que ha apuntado la posibilidad de impulsar una concesión temporal que permita la continuidad del negocio hasta tanto sea una necesidad de la ciudad disponer de ese espacio. 

"Eso no está haciendo daño a nadie; ahora mismo no estorba", explica López, quien alude incluso a la posibilidad de impulsar un nuevo concurso para otorgar una nueva concesión que incluya la adecuación de la construcción a lo que marca la Ley de Costas, dado que buena parte de la misma excede la superficie regulada.

Ante este planteamiento, resulta clave la posición de la Administración regional, al ser la competente a la hora de plantear las concesiones. "Una cosa es que haya una sentencia que obligue a la demolición, pero no la hay", expone López. 

Con este paso adelante, el Ayuntamiento busca aclarar cualquier duda sobre su papel en este asunto. De hecho, el concejal rechaza que una de las razones que se use para proponer el derribo sea el conflicto que el restaurante puede tener sobre el plan de transformación del eje litoral.

"Al Ayuntamiento no le estorba; nosotros estamos encantados con que se encuentre una solución de consenso", ratifica. La relación de Antonio Martín con el eje litoral se apunta en uno de los informes elaborados por el arquitecto Salvador Moreno Peralta. En el mismo, se apunta a modo de propuesta la posibilidad de desplazar físicamente la edificación para ganar espacio que se usaría a modo de plaza.

La reacción municipal se produce después de que el TSJA haya emitido una sentencia ratificando la decisión de la Junta de dar por extinguida la concesión del antiguo Antonio Martín. De hecho, el actual arrendatario lleva explotando ese negocio sin concesión desde hace años.

Ante el pronunciamiento judicial, la Administración regional solicitó a Costas información sobre el futuro de la construcción, al tratarse del titular del suelo. Queda todo ahora en manos del Gobierno andaluz, que, por el momento, guarda silencio. Hay que recordar que la duda sobre el futuro de este emblemático establecimiento no es nueva. Ya en 2013, la Junta ordenó demoler la terraza que había sido ejecutada, al contravenir el proyecto que había sido autorizado. 

Una de las cuestiones clave en el actual conflicto es que la empresa que obtuvo el título concesional desapareció en 1991. Ante esta situación, Costas llegó a iniciar en 2009 un expediente de extinción de la concesión al comprobar que su titular, Antonio Martín SA, había sido dado de baja incluso en el Registro Mercantil. La concesión fue a parar a manos de Exceho SL a través de un contrato de arrendamiento que fue comunicado a Costas y autorizado incluso por la Abogacía del Estado a finales de los años 90. 

El expediente para revocar la concesión administrativa de este restaurante fue inicialmente rechazado entonces por el Consejo de Estado al haberse excedido la Dirección General de Costas en los plazos fijados. Este mismo organismo ordenó la apertura de uno nuevo, pero coincidió con el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía a principios de 2011 y ya no hubo tiempo de terminarlo.