El juez rechaza archivar el caso del alcalde de Estepona por presunta malversación y acuerda continuar

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, plaza número 5, ha acordado continuar la causa contra el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con la contratación supuestamente irregular de una mujer, para la que también continúa el procedimiento como cooperadora necesaria, como funcionaria eventual en el Ayuntamiento.

Así se señala en un auto de dicho juzgado, que se puede recurrir, en el que se acuerda dar traslado a la Fiscalía y a las acusaciones (entre ellas el PSOE) para que "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales". Asimismo, se acuerda prorrogar el plazo de instrucción por seis meses "en relación con la posibilidad de solicitar nuevas diligencias".

Fuentes municipales han indicado que esta prórroga de la instrucción "es necesaria para que el alcalde se pueda defender y presentar pruebas de una acusación falsa de una presunta malversación" y han indicado respecto a la mujer que "ha quedado demostrado por la justicia que mintió cuando acusó al alcalde de acoso" y es "la misma que también mintió sobre su contratación".

El auto se dicta tras la comparecencia de la semana pasada prevista dentro del procedimiento del Tribunal del Jurado, donde las acusaciones concretaron los hechos objeto de imputación y de cuyo contenido se dio traslado a las defensas, que solicitaron el sobreseimiento de la causa, algo que el juez rechaza al concluir, "con las cautelas propias de este estadio procesal", que existen "indicios suficientes" respecto de los dos investigados.

El documento señala que de las diligencias se desprende de modo indiciario que García Urbano, supuestamente, "aprovechando su condición de alcalde" y para "proporcionarle mejora o ayuda económica" a la mujer, con la que tenía "una relación íntima de amistad", la contrató como funcionaria eventual, con plaza de asesora adscrita al Área de Control Externo del Ayuntamiento para labores de asesoramiento especial y confianza.

Supuestamente lo hizo mediante un decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2023, cesando en fecha 31 de marzo de 2023, pero como consecuencia de ello la mujer "percibió dos nóminas a cargo del patrimonio público, por importes de 1.634,64 euros netos la correspondiente al mes de febrero, y 3.642,28 euros netos la de marzo, sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna derivada de este nombramiento".

Señala que la investigada insistió en que "nunca realizó labor alguna, ni poseía despacho ni lugar habilitado para ello" y que esta "se benefició a sabiendas de la causa real que subyacía a su contratación", que para el juez fue "una mera ficción jurídica". Además, el auto alude a que previamente, durante 2022, él mismo "contribuyó a su sostenimiento abonándole mensualmente una determinada cantidad de dinero" a ella para alquiler y gastos.

En dicha comparecencia, la defensa del regidor aportó más documental consistente en la consignación en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Estepona "de la cantidad objeto del delito investigado", documental que ha sido admitida en la causa, "no habiéndose propuesto otras diligencias" en ese momento.