Miriem Diouri en su empresa en Málaga.
Miriem Diouri, asesora: "La norma fiscal se ha quedado desfasada para las firmas que buscan invertir en IA"
Sitúa el origen del problema en el Real Decreto 1793/2008 y pide una revisión del marco normativo.
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Las firmas profesionales medianas españolas se enfrentan a un dilema que, según la experta fiscal Miriem Diouri, socia de MDG Asesores, puede condicionar su futuro: invertir en tecnología o cumplir con las exigencias del régimen fiscal que regula la retribución de sus socios.
"Las firmas profesionales medianas tenemos que subirnos a la ola de la inteligencia artificial. Y tenemos que hacerlo ya", advierte Diouri, para quien la tecnología "ha dejado de ser una herramienta auxiliar para situarse en el centro de la planificación estratégica de los despachos".
El problema, explica la socia de MDG Asesores, no es la falta de voluntad de los despachos, sino un marco normativo pensado para otro momento. "Adaptarse a esta revolución exige tiempo y dinero, dos recursos particularmente escasos en las firmas de tamaño medio", señala.
Y apunta directamente al origen de la tensión: "el tratamiento fiscal aplicable a las sociedades profesionales y, en particular, el régimen de operaciones vinculadas que afecta a la retribución de sus socios".
Diouri insiste en que los despachos profesionales funcionan, a todos los efectos, como cualquier otra compañía. "Las firmas profesionales somos empresas. Parece una obviedad, pero el sistema no siempre nos trata como tales", afirma.
Según explica, estas organizaciones "invertimos, asumimos riesgos, contratamos, formamos equipos, abrimos mercados y competimos por atraer talento", además de necesitar "reservas para resistir los años difíciles y recursos propios para aprovechar las oportunidades cuando llegan".
La diferencia, subraya, está en la naturaleza del activo principal. "No es una fábrica, una flota de camiones o una cadena de producción. Es el conocimiento. Y hoy el conocimiento necesita tecnología".
Para la experta, una firma que quiera competir en la próxima década "tendrá que invertir en inteligencia artificial, automatización, análisis de datos, software especializado, ciberseguridad y formación continua", incorporando perfiles que "hasta hace pocos años ni siquiera aparecían en sus organigramas".
Y avisa: "Todo ello cuesta dinero. Y son inversiones que no siempre ofrecen un retorno inmediato".
Diouri sitúa el origen del problema en el Real Decreto 1793/2008, que introdujo una regla para fijar el valor de mercado de la retribución de los socios profesionales, exigiendo que esta no fuera inferior al 85% del resultado previo. La Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades rebajó después ese porcentaje al 75%, umbral que sigue vigente desde el 1 de enero de 2015.
"Nadie discute que la Administración deba controlar las estructuras carentes de sustancia económica ni que los socios tengan que percibir una remuneración acorde con el valor de los servicios que prestan", reconoce. Pero considera que su aplicación se ha quedado desfasada: "El problema surge cuando la regla se aplica a firmas que han dejado de ser una simple suma de profesionales para convertirse en verdaderas organizaciones empresariales".
En su opinión, muchas firmas actuales ya no encajan en el perfil que la norma buscaba controlar. "Una firma moderna puede tener decenas o centenares de trabajadores, departamentos especializados, mandos intermedios, procedimientos propios, activos tecnológicos, inversión en marca, actividad internacional y una capacidad de prestación de servicios que trasciende claramente a sus socios fundadores".
"Desajuste"
Uno de los puntos que más preocupa a Diouri es el desajuste entre el resultado contable y la liquidez real de los despachos que invierten en tecnología. "Estas operaciones reducen la caja de la sociedad desde el primer momento, pero su impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias se reconoce gradualmente", explica.
El resultado, señala, es que "la firma puede presentar un resultado contable positivo y, al mismo tiempo, no disponer de liquidez suficiente para remunerar a los socios en los términos exigidos por el régimen".
Por eso reclama una revisión del marco normativo. "En 2008 esta regulación ya podía suscitar dudas. En 2026, cuando las firmas profesionales necesitan invertir de forma intensiva en tecnología, inteligencia artificial y protección de datos, merece al menos ser revisada".
La experta matiza que no atribuye a la fiscalidad todos los problemas del sector. "La fragmentación de las firmas profesionales españolas responde también a factores culturales y empresariales: la dificultad para compartir la propiedad y el gobierno, los problemas sucesorios, la resistencia a las integraciones o la tendencia a identificar la firma con el nombre de sus fundadores", reconoce.
Pero insiste en que los incentivos fiscales también pesan. "Una empresa que acumula reservas puede invertir, contratar, resistir una crisis o financiar una adquisición. Una compañía que distribuye recurrentemente la mayor parte de su resultado depende más del crédito, del patrimonio personal de los socios o de que nunca llegue un año malo". Y advierte: "los años malos, como los requerimientos de Hacienda, siempre terminan llegando".
Diouri considera que esta limitación agranda la distancia entre las firmas medianas españolas y las grandes organizaciones internacionales. "Las grandes organizaciones pueden repartir el coste de una inversión tecnológica entre miles de profesionales y clientes. Disponen de financiación, equipos internos de innovación y capacidad para acometer proyectos cuyo retorno no llegará hasta dentro de varios años", explica.
Frente a ello, "una firma mediana no cuenta con esa escala. Su principal vía para reducir la distancia es reinvertir una parte significativa de sus beneficios, reforzar sus recursos propios y crecer".
La socia de MDG Asesores lamenta que España no cuente con más despachos de referencia internacional. "España dispone de magníficos profesionales. Lo que tiene en menor medida son grandes firmas profesionales de capital español que hayan alcanzado dimensión internacional mediante un crecimiento orgánico sostenido".
Por eso propone distinguir "entre las sociedades utilizadas como meros instrumentos de facturación y las firmas que acrediten una verdadera estructura empresarial", y tener en cuenta las inversiones reales en digitalización e IA a la hora de fijar el porcentaje exigido de retribución. "La cuestión no es permitir que los socios cobren por debajo del valor de su trabajo", resume. "Se trata de evitar que una regla fiscal impida a la empresa construir algo que valga más que la suma del trabajo individual de sus socios".
"Las mejores decisiones empresariales rara vez se toman por motivos fiscales. Se adoptan pensando en el futuro del proyecto", apunta Diouri, y lanza una última reflexión: "Quizá haya llegado el momento de que la fiscalidad deje de obligar a las firmas profesionales a elegir entre ambas cosas".
