Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Europa Press
Es oficial: la empresa tiene 5 días para abonar una indemnización por despido improcedente, según la Ley
Esta cantidad económica se calcula con carácter general a razón de 33 días de salario por año trabajado, prorrateándose los periodos inferiores y con un límite máximo de 24 mensualidades.
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Cuando un juzgado declara improcedente un despido, se abre un escenario con consecuencias muy concretas para la empresa. A partir de ese momento, la decisión deja de depender únicamente del empleador y pasa a regirse por los plazos y obligaciones que marca la legislación laboral.
La normativa establece que, tras la notificación de la sentencia, la empresa dispone de cinco días para decidir entre dos opciones: readmitir al trabajador o extinguir definitivamente la relación laboral mediante el pago de una indemnización. Este margen de tiempo es clave, ya que una vez transcurrido sin pronunciamiento, la ley interpreta que la empresa ha optado por la readmisión.
Si la empresa decide reincorporar al trabajador, deberá hacerlo en las mismas condiciones que tenía antes del despido, tanto en el puesto como en el salario y el resto de derechos laborales. Además, estará obligada a abonar los denominados salarios de tramitación, es decir, las cantidades que el empleado dejó de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o hasta su efectiva reincorporación, según corresponda.
La readmisión, por tanto, no solo implica la vuelta al trabajo, sino también la reparación parcial del perjuicio económico causado durante el tiempo en que el trabajador estuvo fuera de la empresa.
Para que esta reincorporación sea válida, la empresa debe cumplir una serie de formalidades. Entre ellas, comunicar por escrito al trabajador la fecha concreta de su vuelta al trabajo dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia. Además, debe respetar un preaviso mínimo de tres días antes de la reincorporación efectiva.
Cuando estas exigencias no se cumplen, los tribunales pueden considerar que la readmisión es irregular. En ese caso, la consecuencia habitual es la extinción definitiva del contrato con derecho a indemnización y, en algunos supuestos, el pago de salarios adicionales.
La alternativa a la readmisión es la indemnización. Si la empresa opta por esta vía, la relación laboral queda extinguida de forma definitiva mediante el abono de la compensación económica correspondiente. En la actualidad, la indemnización por despido improcedente se calcula con carácter general a razón de 33 días de salario por año trabajado, prorrateándose los periodos inferiores y con un límite máximo de 24 mensualidades.
Este sistema se introdujo tras la reforma laboral de 2012, que redujo la indemnización anterior de 45 días por año. No obstante, para el tiempo trabajado antes de esa fecha, puede aplicarse aún el cálculo anterior, de acuerdo con el régimen transitorio previsto por la ley.
También es importante quién tiene la última palabra. Por norma general, corresponde a la empresa elegir entre readmitir o indemnizar. Sin embargo, cuando el trabajador despedido es representante legal de los trabajadores, como un delegado sindical o miembro del comité de empresa, el derecho de opción pasa a ser del propio trabajador, lo que refuerza su protección frente a posibles represalias.
Además, la forma en que se ejecute la readmisión también puede generar conflictos. Si la empresa reincorpora al trabajador fuera de plazo o introduce cambios sustanciales en sus condiciones laborales, los tribunales pueden declarar la readmisión irregular y transformar la situación en una extinción indemnizada, con el correspondiente pago adicional a favor del trabajador.
