Elia, experta fiscal, sobre el retraso en el nuevo Verifactu para autónomos: "Hay que adaptarse lo antes posible"

La reciente decisión del Gobierno de aplazar un año la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación (RSIF) ha sido recibida con alivio por parte de muchas pymes y autónomos que aún no habían comenzado su proceso de adaptación.

Sin embargo, para Èlia Urgell, Tax & Invoicing Product Manager en Wolters Kluwer Tax & Accounting España, este margen adicional no debería interpretarse como una invitación a posponer los cambios necesarios. “Hay que adaptarse lo antes posible”, advierte.

El RSIF, derivado de la Ley Antifraude, contempla dos modalidades de facturación: Verifactu y la no verificable. La primera permite enviar automáticamente y de forma voluntaria a la Agencia Tributaria los registros de facturación generados por cada factura emitida.

Para Urgell, el impacto positivo de Verifactu en las empresas es claro: "Contar con un software adaptado garantiza un mayor grado de transparencia, seguridad y tranquilidad”, explica.

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Enviar los datos directamente a la AEAT implica cumplir con la normativa “por defecto” y libera a las pymes de tareas de conservación y custodia de registros.

Además, gracias al código QR incorporado en las facturas, cualquier receptor puede comprobar en tiempo real que ha sido verificada por la Agencia Tributaria.

Más allá del beneficio individual, Urgell subraya que la implantación de este sistema supone “un paso hacia una economía más transparente y un impulso a la digitalización de los procesos empresariales”.

¿Quiénes están encontrando más complicaciones? Según la experta, no se trata de un problema sectorial ni vinculado al tamaño de la empresa, sino al nivel de digitalización previo. “Para aquellos que ya utilizan TPV u otros softwares de facturación, la adaptación es sencilla”, señala.

En cambio, para los negocios que aún no han iniciado su transición digital, puede suponer un reto mayor.

Por ello, recomienda que estas empresas se apoyen en partners tecnológicos y asesores de confianza para asegurar una adaptación ordenada y segura. “Es una oportunidad para modernizar la gestión interna y ganar eficiencia y competitividad”.

La posible subida de costes preocupa especialmente a autónomos y pymes. Sin embargo, Urgell aclara que, en muchos casos, no habrá un impacto económico adicional.

En el caso de Wolters Kluwer, la adaptación a la normativa “se realiza de forma automática y sin coste para los clientes actuales”.

Para aquellas empresas que necesiten adquirir un software, recuerda que iniciativas públicas recientes —como el Kit Digital— han reducido enormemente el impacto económico. Y subraya que la digitalización no es un gasto, sino una inversión: “Generará ahorros operativos, reducirá errores y mejorará la eficiencia”.

La experta insiste en que la anticipación es la mejor estrategia. La experiencia en otras regiones y países, como el sistema TicketBAI en Euskadi o la facturación electrónica obligatoria en Italia, demuestra que afrontar estos procesos con tiempo es clave para evitar tensiones e interrupciones.

“Las empresas que ya se habían preparado y están trabajando con soluciones adaptadas tienen una ventaja competitiva clara”, afirma. No solo cumplen los requisitos legales, sino que ya disfrutan de mejoras en la gestión de sus procesos internos.

La prórroga de un año ha dado más margen a quienes aún no habían empezado, pero Urgell recalca que no altera el objetivo final: la digitalización progresiva del sistema de facturación en España.

Tras el RSIF, llegará la implantación del Reglamento de Facturación Electrónica y, más adelante, el proyecto europeo ViDA. “No es un cambio de modelo, sino un ajuste del calendario”, puntualiza. Y su recomendación permanece invariable: “Adaptarse de forma planificada y con tiempo”.