Oili murió sin recibir la ayuda de dependencia y seis años después llega su suspensión: "No entendemos nada"

Sheila tenía 19 años cuando su abuela Oili, una mujer de casi 80 años, empezó a perder capacidades motoras y cognitivas. Ante esa situación, su madre inició los trámites para solicitar la ayuda a la dependencia, con el objetivo de poder asumir sus cuidados en casa.

La familia no podía permitirse una residencia privada y tampoco había plaza en centros públicos. Por ello, decidieron reorganizar su vida y mudarse con ella para atenderla directamente, repartiéndose los cuidados entre madre e hija.

“Mi madre trabajaba todo el día y no podía hacerse cargo sola, así que yo estaba pendiente de mi abuela la mayor parte del tiempo”, explica Sheila. Mientras tanto, los gastos aumentaban y la familia hacía “piruetas” económicas para sostener la situación.

La solicitud llegó a la Junta de Andalucía el 4 de abril de 2018 y, meses después, el 16 de octubre, se le reconoció el grado II de dependencia severa. Sin embargo, a partir de ese momento el proceso quedó paralizado y la familia tuvo que esperar sin recibir ninguna prestación, según su relato.

Durante ese tiempo, el estado de salud de la abuela fue empeorando progresivamente. Finalmente, falleció el 6 de marzo de 2020 a causa de un cáncer de pulmón con metástasis agresiva que, según cuenta la familia, no se detectó a tiempo.

Tres meses después de su fallecimiento, el 15 de junio de 2020, llegó la resolución de la Junta en la que se concedía la ayuda. La familia asegura que se puso en contacto con la administración para comunicar el fallecimiento, tras lo que se les indicó que, al no haber sido beneficiaria en vida, se procedía a tramitar la baja.

Lo que parecía el cierre del proceso dio un giro inesperado seis años después. El 10 de marzo de 2026, la familia recibió una nueva carta en la que se comunicaba la suspensión de la prestación por “reiteradas incidencias” y por no haber sido destinada a su finalidad.

La notificación ha generado desconcierto en la familia, que asegura no haber percibido nunca cantidad alguna. “Nos hemos quedado completamente en shock porque no sabemos cómo interpretar esto, ya que mi madre no ha recibido ningún ingreso y la cuenta de mi abuela se cerró cuando falleció”, señala Sheila.

Además, la carta no concreta cuáles son esas incidencias ni facilita información detallada sobre el expediente. La familia tampoco ha logrado encontrar rastro del procedimiento en los canales oficiales habilitados para la consulta.

“Ni en la carpeta ciudadana ni en el portal de dependencia aparece ningún documento relacionado con la solicitud de entonces”, denuncia. A ello se suma que la propia resolución indica que no cabe impugnación en este momento, aunque sí permite presentar alegaciones.

Sin embargo, la familia insiste en que no pretende reclamar una ayuda inexistente, sino entender qué ha ocurrido. “Lo único que queremos es saber qué ha pasado con este expediente”, subraya.

Intentar obtener respuestas se ha convertido en otro obstáculo. Las líneas telefónicas se encuentran saturadas, no hay citas disponibles hasta septiembre y, por ahora, solo han podido remitir un escrito a través del servicio 012 sin garantía de respuesta.

Tras hacer público el caso en redes sociales, Sheila asegura que comenzaron a recibir mensajes de otras personas en situaciones similares. Algunas, incluso, con requerimientos para devolver ayudas que nunca llegaron a percibir o con expedientes que se resolvieron cuando sus familiares ya habían fallecido.

“Al final lo que vemos es negligencia tras negligencia”, resume. En su caso, explica que nadie ha atendido aún sus consultas y que se han visto obligadas a exponerlo públicamente para intentar entender qué ha sucedido.

La versión de la Junta

Desde la Junta de Andalucía ofrecen otra versión a EL ESPAÑOL de Málaga. Desde el gabinete de comunicación explican que en 2020 los tiempos de espera eran más largos debido "a la gestión de gobiernos anteriores", aunque aseguran que en los últimos años se han reducido hasta situarse actualmente "en 477 días".

En este caso concreto, sostienen que la dependencia sí fue formalizada en 2020, hay que recordar que se pidió en 2018; pero apuntan a que la familia no comunicó el fallecimiento, un requisito obligatorio cuando cambia la situación del solicitante.

Un punto que contradice directamente el relato de Sheila, que insiste en que sí se informó del deceso en su momento. Más allá de esta discrepancia, la carta recibida en 2026 ha reabierto una herida que la familia creía cerrada. Y también un debate más amplio.

“Para mí esto es abandono y maltrato institucional. Parece que no hay nadie al volante cuando deberían velar por los ciudadanos”, afirma Sheila.

Su caso, dice, no es aislado. Y pone el foco en un sistema que, en su opinión, no está preparado para una sociedad cada vez más envejecida. “Nosotras hemos podido salir adelante, pero hay familias que ven cómo sus mayores se apagan sin respuesta de la administración. Y eso no se entiende”.

Por ello cree que el debate va más allá de un expediente concreto y apunta al modelo de gestión. “Lo público es lo que debería cuidarnos a todas. Cuando eso falla, las familias se quedan solas y eso, sinceramente, no tiene nombre”, concluye.