La enorme lentitud de la justicia contra las narcolanchas tras años de total impunidad en las costas andaluzas

Este tipo de embarcaciones están prohibidas desde 2018, pero actúan con total impunidad. Están cerca de la orilla de las playas, refugiadas en calas e incluso en puertos.

La justicia es lenta y se ha vuelto a demostrar. La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha anunciado ahora que ha abierto un expediente gubernativo para recabar información sobre la situación de las narcolanchas.

Dicho de otro modo, van a analizar todas las publicaciones de las redes sociales y de los medios de comunicación -entre las que podrá encontrar muchas de Roberto Cardesi en EL ESPAÑOL de Málaga- sobre este fenómeno que está a la luz del día para hacer algo.

"Las informaciones han sido difundidas por los medios de comunicación, Guardia Civil y alcaldes de la zona expresando su inquietud y malestar por la situación ante la presencia de las embarcaciones en sus términos municipales", exponen desde la Fiscalía.

Una narcolancha en La Herradura.

También subrayan que estas narcolanchas "suelen encontrarse en aguas internacionales para actuar en el tráfico de droga e inmigrantes y durante su estancia están siendo abastecidas por otras cargadas de combustible".

Muchos de los tripulantes han sido grabados por la Guardia Civil a través de drones o desde la propia playa y están identificados, pero no se ha actuado contra ellos.

La Guardia Civil lo ha denunciado públicamente en numerosas ocasiones. El pasado 9 de febrero, además, fue un día marcado en rojo porque se cumplieron dos años de la muerte de dos guardias civiles muertos tras ser embestidos por una narcolancha en la localidad gaditana de Barbate.

"Dos años después, la realidad a pie de costa no ha cambiado: la desidia política sigue siendo el principal obstáculo para la seguridad de quienes luchan contra el narcotráfico", criticaron desde la la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el 11 de febrero de este año en un comunicado de prensa.

"El desmantelamiento de unidades especializadas y la falta de una estrategia integral por parte del Ministerio del Interior contra el narcotráfico solo han servido para envalentonar a los delincuentes", añaden desde este organismo, que subrayan que la Zona de Especial Singularidad (ZES) anunciada para el sur de España "sigue guardada en un cajón".

En este sentido, denuncian que faltan efectivos "para combatir mafias cada vez más violentas", no hay incentivos económicos ni profesionales para que los agentes quieran trabajar en esta zona y que los medios técnicos de la Guardia Civil son "claramente inferiores" a los de los narcos.

"Las mafias se desplazan, se adaptan y amplían sus límites, mientras el Estado pierde terreno en el mar. Estamos ante una pérdida del principio de autoridad. Las organizaciones criminales cada año se hacen más fuertes, con las narcolanchas apareciendo de forma reiterada y a la vista de todos. La precariedad del Estado no puede hacer frente a la capacidad logística del narcotráfico", remarcan.

La presencia de narcolanchas es habitual. La AUGC denunció también ayer lunes que la situación se está intensificando en Manilva. Tanto que incluso han mandado sendos escritos al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil y al Subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, para pedir soluciones.

Señalan que en 2023 la Guardia Civil transformó el entonces Puesto Ordinario existente en un Puesto Principal, al ser lo más adecuado para una población con esas características. Sin embargo, esa modificación no ha ido acompañada del necesario incremento de recursos humanos y medios materiales.

Algo necesario teniendo en cuenta que, al haber algo de mayor presión policial en el Campo de Gibraltar, muchos narcos se está extendiendo por la costa malagueña.