La Iglesia se ha dado de bruces, una vez más, con un caso de violencia sexual en su seno y, una vez más, parece incapaz de hacerle frente. El caso del sacerdote malagueño que ahora se encuentra detenido por, presuntamente, sedar y violar a varias mujeres mientras las grababa deja en el aire muchos silencios y una falta de estrategia clara.      

Fue precisamente en la iglesia de Santa María Micaela, en Melilla, donde por primera vez se habló de unos vídeos del cura, que son la prueba innegable de sus agresiones sexuales. Quien los mencionó fue una mujer que se presentaba, además, como pareja del sacerdote. Entonces, se optó por animar a la joven a acudir a la Policía y por trasladar al religioso a Málaga, donde se le invitó a tomarse un tiempo de reflexión, pero no se le abrió proceso alguno para investigar su caso. 

De hecho, unos meses después, la Iglesia lo destinó de forma provisional a las iglesias de Nuestra Señora de la Encarnación y de Santa María de la Encarnación, en Yunquera y El Burgo, dos localidades malagueñas en la Sierra de las Nieves. 

Fue por entonces, el pasado mes de agosto, cuando la mujer acudió a una comisaría a denunciar los hechos con una copia de un disco duro como prueba. Pocos después, el sacerdote denunció el robo de 3.000 euros y de ese dispositivo electrónico. Cinco días más tarde, fue detenido en Vélez-Málaga. 

La noticia no trascendió hasta este lunes, varias semanas después del arresto. Y no fue hasta entonces, hasta que la Policía comunicó el motivo de su detención, cuando el Obispado retiró al religioso las licencias ministeriales pese a que conocía desde hacía semanas, al menos, su relación con la mujer que acabaría delatándolo. 

Los movimientos oficiales en el seno de la Iglesia han sido escasos durante estos días. El silencio ha imperado, prácticamente, hasta este jueves, cuando el Obispado de Málaga ha asegurado que estudia personarse en la causa judicial abierta contra el sacerdote malagueño. 

Fuentes cercanas a la diócesis han indicado a EFE que aunque normalmente no suelen personarse judicialmente en las causas que se siguen contra personas que han pertenecido a su comunidad, en este caso, debido a la gravedad de las acusaciones y el grave daño causado a la Iglesia, están estudiando tomar medidas.

Sin embargo, desde la Conferencia Episcopal (CEE) rechazan hacer cualquier valoración de los hechos, alegando que "no es" su competencia. Su secretario general, Francisco García Magán, ha insistido en no hacer comentario alguno y se ha remitido a lo dicho por la diócesis de Málaga.

Limitándose a expresar su "rechazo y condena", el secretario general de la CEE ha explicado que el derecho canónico prevé cómo actuar ante estas situaciones y, tras conocer los hechos, el obispo de la diócesis afectada debe invitar a denunciarlo ante las autoridades correspondientes.