La Junta de Andalucía dejará en manos de los ayuntamientos la potestad para poner límites a la proliferación de las viviendas turísticas. Así lo ha asegurado el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en una comparecencia ante el pleno del Parlamento de Andalucía. 

“Serán los ayuntamientos a la vista de objetivos de diversidad social, de no agravar la falta de oferta de vivienda, la necesidad de equilibrar y minorar los precios del alquiler y la situación propia de cada barrio o distrito de su localidad los que ejercerán la limitación que proceda”, ha subrayado.  

Esta realidad toma forma concreta en Málaga capital, donde se superan ya los 9.500 pisos turísticos y el alcalde en funciones, Francisco de la Torre, ha reiterado en diversas ocasiones su interés por regular la actividad, emplazando siempre a la necesidad de un marco legal que ampare las acciones. 

Ahora, el decreto que está preparando la Administración regional podría poner fin a ese desamparo legal que aquejaba el regidor popular, aunque la posibilidad de limitar estos pisos seguirá siendo "compleja", avanzan desde el Consistorio municipal.  

Según ha avanzado el consejero, la nueva norma avalará las limitaciones municipales justificadas por razones imperiosas de interés general. Entre ellas, tendrían cabida el fomento de una oferta turística de calidad, la lucha contra la escasez de viviendas destinadas a alojamientos o la protección del entorno urbano. 

Cumplir con premisas sobre el papel no será tarea fácil, a juicio del Ayuntamiento malagueño, desde donde se muestran muy satisfechos con los pasos de la Junta en este ámbito. "Tienen que argumentarse muy bien y de manera muy clara cuáles son esas razones de interés general que se pueden emplear para impedir esos nuevos desarrollos", subrayan. 

EMPRESA GESTORA

El decreto regional también busca profesionalizar la gestión de estos establecimientos y, para ello, crea la figura de la empresa gestora/explotadora que será responsable ante el turista, la comunidad de propietarios y la propia administración frente a cualquier incidencia. A juicio de Bernal, esta figura ayudará a "evitar el potencial fraude de la situación de alegalidad de esta actividad y la inclusión de los trabajadores en los convenios colectivos provinciales de hostelería o turismo para mejorar sus condiciones laborales".

Otro aspecto que refleja el nuevo texto es la adopción de acuerdos limitativos de la actividad turística por las comunidades de propietarios, algo que en gran medida ya era posible. De tal forma, el decreto reconoce un derecho por el que las viviendas no se dedicarán al uso turístico cuando así lo decida por una mayoría de 3/5 de los propietarios. Estos acuerdos no tendrán efecto retroactivo para las viviendas regladas actualmente inscritas en el Registro de Turismo.

Igualmente, el nuevo marco legal fija estándares de habitabilidad. En concreto, establece una superficie útil mínima de 25 metros cuadrados y la relación entre la superficie útil de un alojamiento y el número de personas al que vaya destinado no será inferior a 14 metros cuadrados por persona.

De la misma forma, pone negro sobre blanco los requisitos de climatización atendiendo a periodos temporales y a zonas geográficas y climáticas de la comunidad, así como un sistema de monitorización del ruido que permita controlar los niveles en tiempo real y evitar los conflictos entre los turistas y los vecinos que viven en la finca.