Yolanda Díaz

Yolanda Díaz EFE

Sociedad

Ya es oficial: el Gobierno confirma que sólo tendrás que trabajar 35 horas a la semana desde mediados de abril

La medida rebajará las horas actualmente trabajadas y se alineará con países como Francia y Portugal.

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Las claves

El Gobierno ha confirmado que los funcionarios del Estado tendrán una jornada laboral de 35 horas semanales a partir de mediados de abril.

La medida beneficiará a más de 220.000 empleados públicos de la Administración General del Estado sin reducción salarial, tras un acuerdo con los sindicatos.

La implantación será progresiva y coordinada con comunidades autónomas y entidades locales, e incluye la figura del 'cuidador' para mejorar la conciliación.

España se sumará a Francia y Portugal como uno de los pocos países europeos donde los empleados públicos tienen una jornada de 35 horas semanales.

El ministro de la Función Pública, Óscar López, anunció el pasado viernes 30 de marzo que la jornada laboral será de 35 horas semanales para los funcionarios del Estado.

Esta medida comenzará a aplicarse "a mediados de abril", tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos y en cumplimiento del pacto de investidura.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha detallado que la medida beneficiará a más de 220.000 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), que verán reducida su jornada ordinaria sin merma salarial.

Un funcionario público en una imagen de archivo.

Un funcionario público en una imagen de archivo.

López ha subrayado que la implantación de las 35 horas se hará de forma progresiva y coordinada con las comunidades autónomas y entidades locales, y ha destacado la introducción de la figura del 'cuidador' en la Administración para mejorar la conciliación

El ministro confirmó que el despliegue se realizará de forma coordinada con todos los ministerios, tras alcanzar un consenso con las principales fuerzas sindicales.

Acuerdo de 2022

Esta medida, que es fruto del Acuerdo Marco firmado en 2022, supone la culminación de una reivindicación histórica de los empleados públicos de la AGE.

Aunque la aprobación definitiva se esperaba para este mismo mes de marzo, el desarrollo normativo y la negociación técnica han retrasado su puesta en marcha a mediados del próximo mes.

López recordó que ya hay algunas comunidades autónomas que aplican esta jornada reducida y que ahora es el Estado el que da el paso definitivo para equiparar a sus trabajadores.

España se sumaría así al reducido grupo de países europeos cuyos empleados públicos trabajan 35 horas semanales, junto a Francia y Portugal, que ya aplican ese tope en gran parte de su función pública.

Según un análisis de jornadas de funcionarios en la UE elaborado por FEDECA a partir de datos de Eurofound, la media en las administraciones públicas europeas se sitúa en torno a las 37–38 horas semanales, con países como Alemania, Bélgica o Suecia por encima de las 38 horas, mientras que España partía de unas 36,5 horas antes de esta reforma.

Este cambio coloca a los funcionarios españoles en el grupo de cabeza de la UE en reducción de jornada, en línea con la tendencia europea a acortar el tiempo de trabajo sin pérdida salarial.

El Ministerio de Función Pública mantiene de hecho una reunión clave con los sindicatos en la Mesa General de Negociación cuyo objetivo es cerrar el pacto tras la última propuesta trasladada por el equipo de Óscar López.

Formaciones como UGT ya han adelantado su disposición al respaldo, mientras que los órganos internos de CCOO ratificaron su apoyo la semana pasada, dejando el acuerdo a un paso de la firma definitiva.

A pesar del optimismo del Gobierno, aún se desconoce la postura oficial de otras organizaciones con representación en la AGE, como CSIF, ELA y CIG.

No obstante, el Ejecutivo confía en que el paquete de medidas de flexibilidad y reducción horaria cuente con una mayoría suficiente para ser implementado sin contratiempos legales.

La implementación de la nueva jornada no será inmediata para todos los centros de trabajo, sino que requiere un desarrollo específico por parte de cada departamento ministerial para ajustar los turnos y servicios.