Daniel Calleja, funcionario interino en la Comunidad de Madrid cesado en abril y portavoz de la AICAFP, frente al Congreso este martes durante la concentración.
Daniel Calleja, en paro tras 21 años siendo interino en un centro de menores de Madrid: "El Gobierno nos maltrata"
Los funcionarios interinos se han concentrado este martes frente al Congreso de los Diputados para exigir que se les haga fijos.
Más información: El "caos" del inicio del curso en Madrid: fuga de profesores y "vacantes sin cubrir" por el retraso para asignarlas
Daniel Calleja llevaba 21 años trabajando como educador en el Centro de Menores Infractores Altamira, en el distrito de San Blas-Canillejas de Madrid. No tenía plaza fija, era funcionario interino. Hasta el pasado mes de abril, que se quedó sin trabajo, pues le cesaron de su puesto.
"No me pude presentar en ninguno de esos años, porque no salió la oposición", explica a Madrid Total al frente del Congreso de los Diputados, donde la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (AICAFP) -de la que es portavoz-, la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Madrid y la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) han convocado una concentración este martes.
Antes de empezar ahí, en 2003, estuvo otros cuatro años trabajando -también como interino- en las consejerías de Educación y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Lo que suma 25 años en total trabajando en la Administración.
Ahora, a sus 50 años y con dos hijas que aún van al colegio, se ha visto en la calle "sin parte de la indemnización" y tras una baja por "problemas de salud mental". "Estoy totalmente afectado y dañado por este tema. No estoy en una situación donde yo pueda ejercer una vida normal diaria, algo que también ha afectado a mi familia", segura.
Por eso, el objetivo de dicha manifestación es exigir que se les haga fijos, apelando a la legislación europea y a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre esta materia. Y así lo muestran al grito de "no somos de usar tirar, en la Administración se quedan los que están" o "fijeza ya".
Interino durante 25 años
Daniel acabó como funcionario interino con 26 años tras resolverse en 2003 la bolsa de trabajo a la que se había apuntado en 1998 en Educación Social. Por aquel entonces, estaba estudiando la carrera de Derecho.
Así acabó dando clases de ajedrez a menores infractores. "Ayudaba a reinsertar a los chavales. De hecho, yo he tenido menores que luego han sido compañeros míos. Pero eso no se valora".
Daniel Calleja durante la concentración a las puertas del Congreso de los Diputados este martes 9 de diciembre.
Este mes de abril fue cesado por una "falsa estabilización", según afirma el afectado. "Hay una persona que, por numeración, cogió mi plaza. Un interino acaba su contrato cuando otra persona coge esa plaza".
Asegura que "si hubieran sacado las plazas anteriormente", habría podido tener la posibilidad de conseguirla. "El problema es que ahora tengo 50 años, una familia y unos pagos. No tengo tiempo para poder estudiar una oposición igual que alguien joven que acaba de salir de la carrera y que vive con sus padres".
"En muchos casos no hay ni indemnización", dice Daniel. En el suyo, "le abonaron parte de la indemnización" de la que le han cobrado "un IRPF, de un 30%". "A mí me pagaron una compensación donde decían que era rendimiento de trabajo, cuando una indemnización de menos de 180.000 euros no tributa". Algo que también ha denunciado.
"Nos deja en la exclusión laboral. Y no solo te afecta a ti como trabajador, afecta a tu familia, te deja sin recursos económicos... Te quedas sin nada. Y da rabia, impotencia y odio esta situación que es injusta, donde no tienes un sistema que te defienda", expresa.
La concentración de este martes por parte de los funcionarios interinos para exigir la readmisión de los cesados y que les hagan fijos.
Además, argumenta que a estas edades "es muy complicado poder luchar". "Me quedan 17 años para jubilarme. Se podrían haber hecho prejubilaciones y no les ha dado la gana. Ahora tenemos gente con 62 años despedidos y cobrando del SEPE".
"Yo ahora no tengo esa fuerza que yo tenía cuando yo estaba trabajando. De esta situación yo ahora me veo sin fuerzas. Estoy agotado. De hecho me están haciendo pruebas médicas. Me encuentro en una situación totalmente ínfima", dice.
Y añade: "Es vergonzoso que nos tengan que tener en un país desarrollado en esta situación. No te puedes creer que haya un gobierno que a los trabajadores de su propia función pública en su propia administración los maltraten de esta forma".
Daniel, además, ahora se encuentra en el paro y "esperando a que todo esto se resuelva". Por todo ello, no ha empezado a buscar trabajo, aunque asegura que no le falta experiencia, también en el sector privado. "Además de ser educador, yo he trabajado mucho tiempo en un tanatorio. Durante el Covid estuve llevando fallecidos los fines de semana".
"Abuso de la temporalidad"
Daniel lleva seis años luchando junto con la AICAFP para que se les haga fijos y denunciando el "abuso de la temporalidad" en el sector público.
Según denuncian los convocantes, esta se sitúa en el 32,24%, con 979.409 trabajadores que, en algunos casos, llevan más de 30 años desarrollando su trabajo en lugares que un funcionario de oposición no ha cubierto.
Algunas de las manifestantes este martes durante la concentración de los funcionarios interinos.
"Este tipo de contratación es una práctica ordinaria y abusiva dentro de la gestión pública española, como la ha denominado el TJUE en cuatro sentencias en las que insta al Gobierno español a regularizar la situación", afirman desde AICAFP. Y es que un interino no puede estar más de tres años en el puesto.
Y, aunque admiten que la temporalidad está disminuyendo -por la Ley 20/2021, que busca estabilizar las plazas, obligando a las administraciones a convocar procesos selectivos para cubrir puestos ocupados por interinos por más de tres años, convirtiéndolos en fijos-, aseguran que es "una treta".
"En lugar de hacer fijos a los empleados en abuso de temporalidad, lo que se está haciendo es sacar sus plazas a concurso de oposición ordinaria, de manera que muchos se quedan fuera y lo que se 'estabiliza' es la plaza y no el abusado", cuentan desde la asociación. "Es desproporcionado tener que luchar con chavales con todo el tiempo del mundo a la hora de poder estudiar. El concurso se tenía que haber hecho para valorar todos los años de experiencia que tenemos", agrega Daniel.
Según sus datos, en el primer semestre de 2025 se quedaron sin trabajo 92.200 personas contratadas temporalmente por la Administración. "Despidos a coste cero", pero que podrían suponer al Estado 3.000 millones de euros en multas aplicadas por Europa, calculando esta cantidad sobre una media conservadora de 33.000 euros por despido.
Daniel Calleja registrando en nombre de la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (AICAFP) el 'Listado de la Vergüenza' en el Congreso.
Señalan que el 57,29% de estas personas tiene más de 50 años y hasta un 71,5% son mujeres. Ante esta situación, se han interpuesto 65.000 demandas en los tribunales españoles.
"El Gobierno español es la empresa más fraudulenta de la Unión Europea a nivel laboral, se encuentra fuera de todos los estándares marcados", denuncian desde la asociación.
Los convocantes sostienen que las comunidades autónomas, que concentran el 62,66% del personal total, soportarían la mayor parte de la carga indemnizatoria, con 21.000 millones de euros. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con 231.240 empleados y una alta litigiosidad en el sector sanitario, se enfrentaría a una factura indemnizatoria estimada de unos 2.750 millones de euros.
"Ninguna comunidad autónoma tiene margen presupuestario para absorber semejante gasto sin una quita de deuda o una transferencia extraordinaria del Estado", advierten los convocantes.
Una de las pancartas de la concentración.
También afirman que la inacción del Gobierno activará multas coercitivas de 100.000 euros diarios tras la carta de emplazamiento de Bruselas. "Nos encontramos a un paso de que el TJUE, bajo el artículo 260, aplique estas multas millonarias", dicen. "El Gobierno saliente nos deja una multa diaria que pagarán nuestros hijos. Exigimos la fijeza como única solución legal admitida por Europa, que no cuesta dinero", concluyen.
Así, esta concentración no es la primera que llevan a cabo para pedir una solución y la dimisión de Óscar López, ministro de la Función Pública. Anteriormente, convocaron otras en los meses de junio y octubre de este año. A la última acudieron unas 2.000 personas.
En esta ocasión, también han registrado en el Congreso una 'Lista de la Vergüenza' que reúne los casos de algunas de las personas cesadas tras años de trabajo como interino en el sector público.
Personas que han ido a juicio y que, pese a lo que considera el TJUE, la mayoría de las sentencias en España han rechazado hacerlos fijos. Según estos fallos, en la Constitución se señala que esta condición solo se adquiere si se ha accedido al puesto en condiciones de "igualdad, mérito y capacidad". Interpretado como posible solo a través de una oposición.
