Algunos de los afectados del Sindicato de Inquilinos de Madrid el año pasado frente a los juzgados, cuando interpusieron tres demandas contra Alquiler Seguro.
Rufina y Alba, afectadas en Madrid por las cláusulas "abusivas" de Alquiler Seguro: "Si no aceptábamos, a la calle"
Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria, y esta ha presentado alegaciones.
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Rufina y su marido viven de alquiler en el distrito madrileño de Chamberí desde hace un par de años. Una vivienda gestionada por la empresa Alquiler Seguro y que, en sus palabras, les afectó a "la salud".
"Nos pidieron las tres últimas nóminas, la vida laboral, los contratos de trabajo, los movimientos bancarios, un estudio de viabilidad para demostrar que no estábamos en ninguna lista de morosos, un seguro de vida, otro del hogar, un servicio de atención al cliente (SAI) por 990 euros más IVA, dos meses por adelantado, otros tantos de fianza...", enumera Rufina en conversación con Madrid Total.
Todas estas cláusulas que califican de "abusivas" son las que denuncian los inquilinos afectados por dicha empresa. Es por ello que el Ministerio de Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro.
En total, según publican desde Facua en un comunicado, la inmobiliaria habría cometido un total de siete infracciones "graves" y "muy graves" de la normativa de protección de los derechos de los consumidores.
En el caso de Rufina y su pareja, decidieron aceptarlas porque estaban "desesperados". Su anterior casero quería vender el piso y les presionaba para que lo dejaran.
"Nos pasamos meses buscando. Vimos más de 20 casas y en ninguna nos aceptaban". Argumenta que el que fueran extranjeros y mayores de 50 años era una desventaja, según les decían los propietarios.
"Nos encontrábamos en una situación de mucha vulnerabilidad. No sabíamos lo que estábamos aceptando, pero sentíamos que si no nos íbamos a quedar en la calle. Así que todos los requisitos tratábamos de cumplirlos", explica.
Y añade: "No podíamos dormir. Teníamos muchísimo estrés y ansiedad. Hacíamos horas extras y tuvimos que pedir préstamos para poder pagar todas las exigencias. Con todo lo que conlleva la salud emocional, psicológica...".
Algo parecido le ocurrió a Alba, de 36 años. En enero de 2024 se mudó al centro de Madrid. "Buscaba una vivienda que fuera habitable y decente. Necesitaba un piso urgente y me quedé con este por imposición", dice.
Ella explica que, en concepto de gestión inmobiliaria, además de los meses por adelantando y la fianza, cobran un mes de alquiler más el 21% de IVA (el SAI). "Lo intentan vender como un servicio opcional al inquilino para atenderte si tienes alguna algún problema con la vivienda, pero es una cuota que hay que pagar obligatoriamente".
"Están jugando con nuestro derecho a una vivienda. Si te ponen unas condiciones y no las aceptas, te dicen hasta luego y va a haber otro esperando que probablemente las vaya a aceptar. Es una situación de abuso de poder por su parte", dice.
Denuncias a Consumo
Desde el Sindicato de Inquilinos -a los que pertenecen tanto Rufina como Alba- se ha denunciado ante el Ministerio de Consumo en varias ocasiones a la empresa. "Se aprovechan de su situación de dominio en el mercado para imponer a los inquilinos una serie de cláusulas abusivas e ilegales", explica Fernando de los Santos, portavoz de la asociación.
"La ley las prohíbe explícitamente", afirma, en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Por eso, la Dirección General de Consumo inició sus investigaciones tras recibir denuncias por parte del sindicato, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Facua.
Esta última, que ha tenido acceso a la propuesta de sanción como parte del procedimiento, ha expresado las confirmaciones dictadas por Consumo. En ellas apuntan que el SAI comprende "servicios tradicionalmente incluidos como gastos inmobiliarios o de formalización del contrato (como la gestión documental o el estudio de solvencia). Por tanto, corresponde satisfacer a la parte arrendadora, conforme al artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)".
La imposición de contratar un seguro de hogar también formaría parte de esta multa. "Solo puede contratar un seguro quien tenga un interés asegurado", apuntan desde el Ministerio. Como señala Facua, "las condiciones del seguro cubren la responsabilidad por daños de los que realmente no ha de responder y excluye aquellos daños que sí le son exigibles".
Por último, en cuanto al impago de algún mes, "los costes de la reclamación judicial las asumen a los inquilinos, algo que tendrá que decidir el juez después", agrega de los Santos. Asimismo, obligan a firmar otra cláusula por la que también podrían incluirles en un fichero de morosos. "Es contraria a la normativa de protección de datos, que obliga a que la inclusión se deba a deudas ciertas, vencidas y exigibles", argumentan desde Facua.
Alegaciones
Desde Alquiler Seguro han afirmado que presentarán alegaciones "para defender la legalidad de sus servicios".
"Todos los servicios que Alquiler Seguro ofrece a propietarios e inquilinos son transparentes, públicos y voluntarios, incluidos los gastos de gestión y formalización del contrato, que recaen exclusivamente en el arrendador, tal y como viene recogido en el contrato de prestación servicios", expresa la inmobiliaria.
Además, se escudan en tres sentencias judiciales que "avalan la legalidad" de sus servicios. En especial, el SAI.
En cuanto a este, de hecho, afirman que es "voluntario" e "incluye todo un conjunto de prestaciones que resultan de utilidad para los inquilinos durante toda la vigencia del contrato de alquiler".
Por su parte, Alba está reclamando, como muchos otros pertenecientes al sindicato, la devolución de esos importes "ilegales". "Esperamos que nos devuelvan el dinero que nos han estafado y nos han robado a todos los vecinos de Madrid".
