Foto de archivo de Ana Millán, ejerciendo de vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, este año. Europa Press
La juez archiva la causa para Ana Millán, número 3 de Ayuso, al descartar "irregularidades" en contratos públicos
Descarta que el dinero que la dirigente recibía de un empresario investigado sea una dádiva, porque correspondía al pago de un alquiler.
Más información: Abren diligencias contra Ana Millán, la 'número 3' de Ayuso, por un caso de prevaricación en Arroyomolinos.
La juez Marta Hernández Lafuente ha archivado la causa en la que estaba investigada Ana Millán, actual vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP regional.
Es decir, la número tres de Isabel Díaz Ayuso, que, antes, fue concejal de Arroyomolinos (entre 2005 y 2011) y exalcaldesa de la localidad madrileña.
Millán estaba siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero (Madrid) por supuesta corrupción en la adjudicación de contratos municipales.
No obstante, en una resolución fechada el pasado lunes, la instructora señala que, "tras el análisis realizado por la UCO [Unidad Central Operativa] de dichos contratos no se constatan irregularidades ni arbitrariedades atribuibles a Ana Belén Millán".
Tan solo consta, señala la juez, "como indicio de irregularidad", la declaración policial de una auxiliar administrativo de la concejalía que encabezó esta dirigente.
Esta funcionaria aseguró que Millán, durante su etapa en Arroyomolinos, habría dado "un trato diferente, en la forma de interactuar a nivel personal, a la empresa Grupo Educativo".
No obstante, ante la falta de indicios delictivos y en sintonía con la Fiscalía, que en un reciente escrito solicitó archivar la causa para la actual número tres de Ayuso, la instructora archiva la causa, como también pidió la defensa de la política.
En su resolución, la juez también subraya que determinados ingresos que recibió Millán de uno de los investigados se derivaban del alquiler de un ático.
Analizada la "conexión temporal de dichos ingresos", relata la juez, no consta "ningún elemento indiciario que indique alguna relación entre los ingresos percibidos [por Millán] y los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a las empresas de [el investigado] Francisco Roselló", dueño de Grupo Educativo.
La magistrada también concluye que no existen indicios "de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados" por las empresas de Roselló ni de que estos "recibieran algún trato de favor o se beneficiaran de algún modo del hecho de que la investigada fuera concejal en ese momento".
Así las cosas, la instructora archiva esta causa, iniciada en 2020. Sin embargo, esta decisión judicial no es firme y aún puede ser recurrida tanto ante la propia juez como ante el tribunal jerárquicamente superior, la Audiencia Provincial de Madrid.
